Nuevas cifras de la Nueva EPS aún no dan claridad plena

La divulgación de los estados financieros de Nueva EPS abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la situación del sistema de salud. Aunque las cifras evidencian pérdidas acumuladas cercanas a los $11 billones y pasivos superiores a los $22 billones, los expertos coinciden en que la información todavía no refleja la dimensión completa de la crisis y advierten que el próximo Gobierno deberá construir un diagnóstico integral. Las reacciones de los distintos actores muestran un consenso y es que los estados financieros oficializan un deterioro que durante años había sido señalado por gremios, centros de pensamiento, académicos y prestadores. La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, sostuvo que la información publicada aún resulta insuficiente para establecer la realidad financiera y operativa de la entidad. A su juicio, los estados conocidos corresponden únicamente a una parte del período durante el cual Nueva EPS ha permanecido intervenida, por lo que todavía falta conocer el comportamiento de los años más recientes. "La publicación de los estados financieros de la Nueva EPS para los años 2025 y 2026 no está completa" y explicó que los resultados divulgados corresponden únicamente a una fracción del período de intervención, circunstancia que impide conocer la dimensión completa del deterioro. Pese a esa advertencia, Vesga considera que las cifras ya permiten dimensionar una situación financiera crítica. Las pérdidas acumuladas cercanas a los $11 billones y los pasivos superiores a los $22 billones, afirmó, ayudan a explicar el represamiento que hoy enfrentan millones de afiliados en materia de asignación de citas, entrega de medicamentos y acceso oportuno a los servicios. Una lectura similar planteó Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, quien aseguró que la publicación de la información no representa una "sorpresa" para quienes venían haciendo seguimiento al comportamiento de la entidad durante los últimos años. Galán afirmó que "nos muestra un cuadro mucho más complejo de toda la situación financiera del sistema", pues durante varios años la ausencia de información financiera impedía confirmar oficialmente un deterioro que, según explicó, ya era visible en la operación cotidiana de la EPS. Para el exministro, la falta de estados financieros durante tres años terminó ocultando una realidad que distintos sectores del sistema habían advertido mediante el seguimiento permanente a la operación y al comportamiento financiero de la aseguradora. No obstante, Galán también considera que la fotografía sigue siendo incompleta. Recordó que aún falta conocer la información correspondiente a 2025 y advirtió que no existen señales que permitan concluir que la situación haya mejorado durante ese período, ni durante 2026. Bajo ese escenario, sostuvo que el deterioro financiero podría ser incluso mayor cuando se conozcan los estados pendientes. Esa posibilidad, afirmó, obliga al próximo Gobierno a realizar una evaluación detallada antes de definir cualquier decisión sobre Nueva EPS o sobre las demás entidades intervenidas. El director de Así Vamos en Salud también hizo un llamado a evitar decisiones apresuradas. En su concepto, sería un error avanzar hacia procesos de liquidación sin contar con un diagnóstico que permita establecer la condición real de cada entidad y construir soluciones graduales. A su turno,Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, llamó la atención sobre aspectos técnicos relacionados con la validez de los estados financieros divulgados . El jurista manifestó su preocupación porque los estados financieros conocidos no cuentan con dictamen del contralor del proceso liquidatorio ni con revisor fiscal, situación que, según indicó, reduce su alcance desde el punto de vista contable y jurídico. González sostuvo que el próximo gobierno deberá revisar la suficiencia de la UPC y avanzar en un proceso de concertación para un plan de choque financiero. Los prestadores Desde la perspectiva de los prestadores, la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (Unips) advirtió que el impacto supera la situación patrimonial de una sola EPS y compromete la estabilidad de toda la red hospitalaria del país. La organización afirmó que Nueva EPS concentra la atención de millones de afiliados y mantiene relaciones contractuales con una parte importante de hospitales y clínicas, razón por la que cualquier deterioro en su capacidad de pago repercute sobre el flujo de recursos que sostiene la prestación de los servicios. Unips recordó que las instituciones prestadoras vienen enfrentando desde hace varios años una cartera creciente, retrasos en los pagos, mayores costos operacionales, incremento de obligaciones laborales y presiones derivadas del aumento en los precios de insumos y medicamentos. En ese contexto, la organización considera que una profundización de la crisis financiera podría desencadenar un efecto sistémico sobre toda la red prestadora, afectando no solo la sostenibilidad de las instituciones sino también la continuidad de la atención para millones de pacientes. La entidad también advirtió que la insuficiencia de recursos termina reflejándose en barreras de acceso, retrasos en la atención, interrupción de tratamientos, dificultades para realizar diagnósticos y riesgos para pacientes con enfermedades de alto costo. Por esa razón, insistió en la necesidad de adoptar un plan inmediato de recuperación y saneamiento financiero. De mantenerse la incertidumbre sobre la situación económica de Nueva EPS, señaló, algunas instituciones podrían verse obligadas a suspender servicios ante la imposibilidad de continuar operando sin recibir oportunamente el pago de sus obligaciones.
A través de un pronunciamiento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde al Estado y que, por esa razón, el Ministerio de Hacienda debería reconocer esa obligación como deuda pública. "La mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la Nación, es decir $11 billones que la Nación debe pagar; la otra mitad es de privados", afirmó Petro. Según explicó, la obligación estatal debe incorporarse a las cuentas públicas como parte de un proyecto estratégico. El jefe de Estado reconoció que la decisión implicaría un incremento de la deuda nacional. Sin embargo, sostuvo que se trata de un costo derivado del funcionamiento del modelo de intermediación financiera en salud.