El Comercio, Perú
14 de julio de 2026
Análisis
La última semana estuvo marcada por una grave denuncia de presunta agresión sexual en un colegio de Ate, que involucra a un menor de 10 años como presunta víctima y a siete estudiantes de sexto de primaria como presuntos agresores.El caso no es un hecho aislado. Según el Sistema Especializado en la Prevención y Atención de la Violencia Escolar (SíseVe) del Minedu, entre enero y mayo del 2026 se registraron 930 casos de agresiones sexuales y físicas en colegios de Lima Metropolitana. Los registros del SíseVe muestran que este tipo de denuncias en instituciones educativas de la capital se han mantenido en niveles similares en los últimos años. En el 2024, se reportaron 3.377 casos, mientras que en el 2025 la cifra ascendió a 3.443. En ambos años, la mayoría de los casos correspondió a agresiones entre escolares.Las cifras de enero a mayo del 2026 abarcan las siete unidades de gestión educativa local (UGEL) de Lima Metropolitana, responsables de administrar los servicios educativos en los 43 distritos de la capital. De los 930 casos de agresiones reportados en los primeros cinco meses del año, 240 correspondieron a sexuales y 690 a físicas. Los perpetradores serían tanto profesores como estudiantes.Las cifras del SíseVe muestran que las agresiones entre estudiantes concentran la mayor parte de los casos registrados tanto en agresiones sexuales como físicas en los niveles de primaria y secundaria.?Opinan expertos?Para Susana Díaz, gerenta de Desarrollo Institucional de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), SíseVe fue creado como un canal para que estudiantes, padres y docentes denuncien casos de violencia escolar y ?bullying?. Sin embargo, consideró que ?se ha convertido en un trámite burocrático para cumplir los protocolos, más que para prevenir y reparar situaciones de violencia escolar?.Ella afirmó que el temor a las denuncias y a la judicialización de los casos ha reducido la capacidad de actuación de docentes y directivos. ?Las normas indican que a un estudiante que tiene mal comportamiento hay que reorientarlo, darle contención y evitar sanciones que mellen su autoestima?, sostuvo.?Si los niños y jóvenes no reciben una formación ética en casa y tienen acceso a contenidos inapropiados en Internet desde edades tempranas, aumenta la posibilidad de desarrollar problemas de autorregulación y de salud mental, lo que repercute en su comportamiento en la escuela y en la sociedad?, indicó. Asimismo, consideró que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre las familias y las instituciones educativas. Para la abogada penalista Jacqueline López, las cifras de SíseVe reflejan la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de hechos. ?Si el colegio ha incumplido sus deberes de prevención y, además, supervisión o actuación oportuna, esto puede generar una responsabilidad administrativa o eventualmente alguna responsabilidad civil o penal por los hechos generados?, manifestó.Respecto a la presunta agresión sexual denunciada en Innova Schools, López explicó que el primer paso es determinar el rango de edad de los involucrados en este tipo de casos, ya que ello define el procedimiento aplicable. Si los agresores tienen entre 14 y 18 años, el caso puede ser analizado bajo el régimen de responsabilidad penal del adolescente. Sin embargo, si se trata de menores de 14 años, no existe una responsabilidad penal, pero sí pueden ser efectivas algunas medidas de protección previstas en la legislación.No obstante, subrayó que, independientemente de la edad de los involucrados, la denuncia inmediata es fundamental, debido a que esta permite activar los mecanismos de protección para la presunta víctima, preservar los elementos necesarios para la posterior investigación y garantizar la intervención de las autoridades.
