Expertos insisten en necesidad de "respaldo jurídico y político" a policía en medio de agresiones

"Lo ocurrido en los últimos días, con cuatro carabineros baleados, vuelve a recordarnos una realidad evidente: quienes enfrentan a delincuentes violentos necesitan respaldo jurídico y político, no señales de duda", advierte la penalista Catherine Lathrop, al preguntársele por estos recientes hechos.
Hace solo un mes estaba en el debate una iniciativa del PC que buscaba modificar la Ley Nain-Retamal y suprimir la legítima defensa privilegiada.
Según la abogada, "es perfectamente legítimo discutir cualquier ley en democracia, pero hacerlo proponiendo restringir la legítima defensa de quienes arriesgan la vida todos los días envía una señal profundamente equivocada, especialmente en medio de la peor crisis de seguridad que hemos vivido en décadas".
"Si el Estado transmite incertidumbre respecto de cuándo un carabinero puede defenderse, el principal beneficiado será el crimen organizado y la delincuencia violenta", advierte.
En esa línea y consultado por la eventual supresión de este resguardo legal para las policías, el exfiscal Marcelo Sanfeliú añade que "esto demuestra, una vez más, que la propuesta del PC es meramente ideológica y sin base en la realidad. La Ley Nain-Retamal establece una presunción de legítima defensa privilegiada, pero es una presunción simplemente legal. Es decir, invierte la carga de la prueba y será la fiscalía la que deberá probar que la necesidad racional del medio empleado, la agresión ilegítima sufrida por Carabineros y la falta de provocación por parte de este, no se da en el caso concreto". Asimismo, dice que "claramente la policía necesita herramientas legales que protejan su labor, siempre y cuando se enmarque dentro de la ley".
Para el también exfiscal José Villalobos, "la legítima defensa privilegiada se creó específicamente para dar protección a los funcionarios que ejercen su labor combatiendo la delincuencia y que frente a una agresión o riesgo de vida o integridad física, puedan utilizar su arma de fuego para defenderse".
Pese a esto, comenta, "igualmente vemos casos constantes de ataques a carabineros, como los ocurridos últimamente".
Sobre el cambio en la ley que se proponía, al penalista le parece "poco razonable", en particular, si significa "desprotección a los funcionarios de Carabineros. De hecho, junto con la propuesta del PC, que a mi juicio carece de razonabilidad, además el Instituto Nacional de Derechos Humanos está presentando requerimientos ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional aquella legítima defensa privilegiada, por lo tanto, ambas posturas me parecen incomprensibles frente al combate del delito en general".