Desinstitucionalización

Miguel Gómez Martínez
El peor legado que deja Petro es haber debilitado, aún más, la frágil estructura institucional de Colombia. Durante estos cuatro años ha pasado de todo. La poca tecnocracia que teníamos fue expulsada o se fueron del Estado porque eran considerados como obstáculos para sus fines. Las instituciones perdieron personas con experiencia y conocimiento indispensables para las políticas públicas. Fueron remplazados por partidarios políticos que, en su mayoría, no tenían ni las capacidades ni el conocimiento para ejercer las funciones. El resultado es el desgreño administrativo. La corrupción, que no es nueva, recibió un impulso porque quienes llegaron al Estado pensaron más en su cuarto de hora personal que en el interés nacional. Los escándalos fueron la constante de este cuatrienio. El proceso de empalme de la administración entrante ha podido identificar centenas de contratos y actuaciones sospechosas y, en algunos casos, abiertamente ilegales. No hay entidad que se salve. Es un rosario impresionante de irregularidades que serán puestas en conocimiento de las autoridades y que esperamos no queden en la impunidad. La desinstitucionalización se produce además cuando, desde el ápice del Estados se abusa del poder con desplantes, con derroche en viajes innecesarios, comitivas numerosas, eventos costosos, nombramientos ilegales y tantos otros desconocimientos de la ética pública. Pero la desinstitucionalización también lo es del privado. La atomización de intereses se refleja en la multiplicación de gremios, cada uno representando una parcela de poder con sus propios intereses. En un mismo sector pueden existir varios y además enfrentados entre ellos. Como el gobierno decidió ignorarlos, perdieron su poder de cabildeo y sus agendas se llenaron de polvo. Con contadas excepciones como Fenalco, pasaron agachados el chaparrón. Los esporádicos comunicados eran constancias históricas que poco efecto tuvieron. Tampoco se escuchó la voz de las universidades que, como ya ha sido tradición, no se pronunciaron ante la crisis moral, económica, diplomática y política. El faro de la academia permaneció apagado mientras nuestra democracia desfallecía. Los partidos de oposición cumplieron mejor su labor y, en medio de los ofrecimientos, presiones y amenazas del gobierno, lograron frenar algunas de las iniciativas más dañinas. La registraduría resistió todos los ataques del gobierno a su transparencia. Las cortes también mostraron carácter. El Banco Central aguantó impasible los zarpazos que buscaban socavar su autonomía. Esas instituciones no fallaron y su resistencia es un hecho encomiable. Lamentablemente el balance final es negativo. El daño es demasiado grande y reconstruir lo que fue afectado tardará tiempo y recursos. Fueron cuatro años de debilitamiento institucional y retroceso. El primer milagro será fortalecer unas instituciones que fueron maltratadas por quienes, en nombre del cambio, pretendieron destruirlas.
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