Royalty minero: ¿cumple su promesa de fortalecer el desarrollo territorial?

Un total de $169.901 millones ha sido transferido a los municipios durante 2026 a través del royalty minero, recursos que benefician a 309 comunas del país. De ese monto, $41.188 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras (FCMI), destinado a compensar las externalidades de la actividad extractiva en 45 localidades, mientras que $128.713 millones fueron distribuidos mediante el Fondo de Equidad Territorial, cuyo propósito es reducir las brechas presupuestarias entre municipios.
Las comunas que reciben recursos del FCMI se determinan según un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) basado en dos criterios: que estén en una región minera y que tengan operaciones activas de empresas afectas al impuesto específico.
La Ley de Royalty Minero comenzó a regir en 2024, pero la distribución efectiva de recursos se inició en 2025, cuando se repartieron más de $218 mil millones entre las comunas beneficiadas. Según la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el 92,2% de esos fondos ya fue formalmente asignado. Un aspecto relevante es que los recursos son de libre disposición, por lo que cada municipio decide sus prioridades dentro del marco legal. La mayor parte de los dineros se ha orientado a proyectos de seguridad, salud, infraestructura comunal, áreas verdes, equipamiento municipal y educación.
Desde la Subdere indican que el objetivo es fortalecer a los gobiernos locales y que, efectivamente, estos fondos les han dado mayor autonomía de gasto y permitido a los municipios invertir de manera rápida en las necesidades de sus comunidades. "Nuestro desafío sigue siendo motivar que estos recursos se conviertan en infraestructura, en servicios comunitarios y en empleos, porque sabemos que detrás de cada peso hay una familia que espera ver mejorada su calidad de vida", resaltan.
Sobre los proyectos que se han financiado con ambos fondos y los resultados concretos en las comunas beneficiadas, en la repartición detallan que "los recursos priorizan bienes y servicios para la comunidad y transferencias corrientes, que ya suman más de $85.000 millones devengados en programas sociales, salud primaria, educación y apoyo a organizaciones comunitarias. Solo un 10% se destina a personal". El desafío pendiente -aseguran- "son las obras de infraestructura, como pavimentación y espacios públicos, donde buscamos acelerar la ejecución junto a los municipios, y al mismo tiempo reactivar la economía".
Avances, pero desafíos en la ejecución
Para Leticia del Pilar Campos, académica del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Atacama, el aporte del royalty trasciende las obras financiadas. "Esta política representa un avance significativo en justicia territorial, ya que permite que parte de la riqueza generada por los recursos minerales retorne a las comunidades. Y no solo beneficia a las comunas mineras, sino también a las comunas con mayores niveles de vulnerabilidad y menor capacidad de financiamiento", señala.
Como ejemplo, Campos menciona Tierra Amarilla, un caso que conoce bien en la Región de Atacama, donde este año -dice- el municipio destinó recursos del royalty a iniciativas de impacto social como mejoramiento de techumbres, apoyo a familias, becas deportivas, cámaras de televigilancia y un futuro sistema de transporte público hacia Copiapó. "Una comuna minera, que ha convivido con la actividad extractiva por generaciones, hoy decidiendo con nombre y apellido en qué se invierte esa riqueza que antes solo salía del territorio", destaca.
Sin embargo, el principal desafío actual está en la capacidad de ejecutar los recursos. Respecto a los montos asociados al Fondo de Equidad Territorial y del Fondo de Comunas Mineras, la Subdere indica que el nivel de ejecución global alcanza el 66,4% de la asignación. "Detectamos que la inversión en infraestructura avanza más lento, con un 38,5% de ejecución, y en comunas mineras baja a 24,7%, lo que revela dificultades técnicas y administrativas. Además, hay $17.064 millones aún sin informar por parte de las municipalidades. Por eso reforzamos el acompañamiento técnico a los municipios para agilizar la rendición y transformar estos recursos en obras concretas, porque las familias no pueden esperar", afirman.
Durante 2026, la secretaría de Estado exigió a los municipios reportar la ejecución de los fondos de 2025 e incluso se advirtió que quienes no informaran podrían enfrentar problemas para recibir nuevas transferencias.
El reto: demostrar impacto
Para Cristian Cifuentes, líder sénior de Estudios y Contenidos de Cesco, todavía es pronto para concluir si el royalty está cumpliendo plenamente con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional. No obstante, advierte que "lo que sí está claro es que, en cierto modo, el diseño de la distribución se aleja del territorio minero: pese al Fondo de Comunas Mineras, la Región Metropolitana concentra la mayor asignación, seguida de Valparaíso, porque los criterios de vulnerabilidad y peso poblacional heredados del Fondo Común Municipal dominan sobre el criterio minero. La compensación existe, pero está diluida frente al objetivo redistributivo general".
Cifuentes precisa que lo que se debe observar en el royalty no es el monto de los recursos transferidos, sino su capacidad de transformarse en proyectos con impacto. En ese sentido, subraya que los indicadores clave son la tasa de ejecución efectiva, la calidad y trazabilidad del gasto, y las métricas de impacto territorial. Con ese objetivo, adelanta que Cesco está elaborando un documento de seguimiento que buscará medir el destino efectivo de los fondos, más allá de los montos.
A ello se suma un problema de gestión donde formula que la reportabilidad dejó de ser el problema y que la ejecución es el punto crítico. "El diagnóstico indica que, si bien hay capacidad para recibir y presupuestar, existen importantes brechas de capacidad técnica y administrativa para ejecutar. Esto es resultado de no haber creado el músculo necesario para una administración eficiente de estos recursos en las municipalidades", advierte el ejecutivo de Cesco.
Leticia del Pilar Campos coincide en que la consolidación del royalty dependerá de fortalecer las capacidades locales. A su juicio, el sistema debe asegurar la sostenibilidad financiera, complementar otras fuentes de inversión pública y mejorar la gestión municipal.
En ese escenario, recalca el papel de las universidades regionales como apoyo técnico para los gobiernos locales. "Establecer mecanismos de colaboración y asesoría técnica permitiría fortalecer la formulación de proyectos y mejorar la gestión municipal. Si logramos articular el trabajo entre municipios, universidades regionales, el Estado y la industria, el royalty dejará de ser solo un mecanismo de distribución de recursos para convertirse en una verdadera política de desarrollo territorial basada en el conocimiento", concluye la académica.