Exámenes de drogas y autoridades

El Presidente Kast anunció este lunes una reforma constitucional para incorporar una nueva causal de cesación en un cargo público. Ella se manifestaría en el caso de ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales que registren consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. Para aplicar esta causal, estas autoridades tendrán la obligación de someterse a un control al asumir funciones y repetirlo de manera periódica mientras las ejerzan. Los resultados serían públicos y, de detectarse consumo, procedería la cesación.
Es una propuesta mayor. Actualmente, la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado establece, en sus artículos 40 y 55 bis, que no podrán ejercer altos cargos quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que se justifique por un tratamiento médico. El primero de estos artículos compete a los ministros de Estado y el segundo aplica a subsecretarios, jefes superiores de servicio o directivos superiores de un organismo u órgano del Estado.
El Decreto 1215 del Ministerio del Interior, de octubre de 2006, reglamentó el procedimiento para velar por esas normas, estableciendo, además, que los costos de aplicar los test serían asumidos por dicha repartición. Los ministros no fueron considerados en ese reglamento, toda vez que dicha ley orgánica estableció un procedimiento (en sus artículos 61 y 64) que aplicaba solo a los funcionarios mencionados en el artículo 55 bis. Estas disposiciones fueron posteriormente adaptadas por el reglamento de la Cámara, en 2022, para hacerlas aplicables a los parlamentarios. Además, en la Ley de Presupuestos de 2025 y en el último reajuste al sector público se incorporaron indicaciones para hacer obligatorio el examen en el caso de los ministros y otras autoridades.
Ahora se agregaría a este marco uno más duro y directo. En la experiencia comparada, normas de esta naturaleza son poco frecuentes, aunque existen países que han explorado caminos similares. Así, por ejemplo, el primer ministro francés decretó test aleatorios de saliva para miembros del gabinete, asesores de confianza y altos cargos del Estado con acreditaciones de seguridad elevadas. Varios funcionarios han perdido sus puestos como consecuencia de ello, pero no es la única posibilidad disponible y el grupo afectado es más acotado.
En efecto, en una materia así es indispensable evaluar apropiadamente los beneficios y costos de las alternativas posibles, sobre todo porque el impacto en la confianza de las instituciones depende crucialmente de cómo se aplique esta disposición. Ya la reciente renuncia del subsecretario de Hacienda dejó muchas dudas. En estos exámenes es crucial esperar la contramuestra, atendido el riesgo de los falsos positivos, esto es, que una persona aparezca como consumidora de drogas sin serlo. En este caso, no se actuó así. La decisión parece, por tanto, apresurada, al grado que el ministro secretario general de la Presidencia sostuvo que, de ser la contramuestra negativa, el renunciado subsecretario podría ser reincorporado. Ello da cuenta de las complicaciones involucradas en estos asuntos.
Explica, además, la comprensible cautela con la que se trata el tema en la experiencia comparada. Los riesgos reputacionales son elevados y, por tanto, no caben juicios apresurados, menos en el caso de personas que han sido elegidas por los ciudadanos, como ocurriría con los parlamentarios. Es indudable que ello se debe balancear con el riesgo de captura y de falta de independencia que el consumo habitual puede generar en figuras que tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo. Seguramente esas complejidades explican que el Presidente y los jueces hayan quedado al margen de este anunciado proyecto. Por lo mismo, es importante que este debate sea llevado adelante con altura de miras y no con el oportunismo que ha estado, en los últimos años, a la base de planteamientos similares en el debate público.