El costo de la despedida

Cuando un gobierno está a punto de terminar su mandato, la responsabilidad fiscal debería imponerse sobre cualquier otra consideración política. Precisamente por eso resultan preocupantes las señales que llegan desde distintos frentes del manejo presupuestal de la Nación. Por un lado, la Contraloría activó este lunes una función de advertencia por riesgos presupuestales y contractuales asociados a una aceleración de la contratación pública. Por el otro, el Ejecutivo ha abierto la puerta para comprometer cuantiosos recursos mediante traslados presupuestales y vigencias futuras al amparo de una declaratoria de desastre nacional. Son hechos distintos, pero convergen en una misma inquietud: qué tan sostenible será la carga que heredará la próxima administración. La advertencia del ente de control no es menor. Habla de presiones de caja, necesidades adicionales de financiación, rezagos presupuestales y de una dinámica contractual que se aceleró tras el levantamiento del veto de la Ley de Garantías. Más de 14.000 contratos y un valor que supera los $4,5 billones encendieron las alarmas sobre la capacidad real de financiación y ejecución de los compromisos asumidos. La preocupación central no es la contratación en sí misma, sino la velocidad con la que se está comprometiendo gasto en un momento de estrechez fiscal. A esa inquietud se suma el reciente decreto mediante el cual el Gobierno habilita movimientos de recursos y la utilización de vigencias futuras por cerca de $8 billones bajo la declaratoria de desastre nacional asociada al fenómeno de El Niño. La atención de eventuales emergencias merece toda la seriedad del Estado. Nadie discute la necesidad de proteger a la población ni de garantizar la continuidad de servicios esenciales. Lo que sí debe discutirse es la oportunidad y el alcance de las decisiones cuando se adoptan a pocos días del cambio de gobierno. El problema de fondo no es jurídico sino económico. Cada peso comprometido hoy reduce el margen de maniobra de quien llegue a gobernar mañana. Las vigencias futuras existen precisamente para garantizar proyectos de largo plazo, pero mal utilizadas se convierten en mecanismos para trasladar decisiones políticas y obligaciones financieras a administraciones que no participaron en ellas. La situación es delicada, ocurre en medio de un contexto fiscal desafiante. El organismo de control advierte sobre menores ingresos, restricciones de financiación y mayores necesidades de recursos. En este contexto, la pregunta obligada es si el país puede darse el lujo de seguir comprometiendo recursos sin que exista absoluta claridad sobre su fuente de financiación y su capacidad de ejecución. Las democracias maduras no se miden únicamente por la legitimidad de las decisiones que toman sus gobernantes: también por la prudencia con la que ejercen el poder cuando este está por terminar. Un gobierno saliente tiene derecho a ejecutar su programa hasta el último día de mandato. Lo que no debería hacer es dejar amarradas obligaciones que limiten la capacidad de decisión del siguiente. Por eso la advertencia de la Contraloría debe leerse como una alerta institucional. El país necesita transparencia absoluta sobre cada contrato, cada traslado presupuestal y vigencia futura que se comprometa en la recta final. Cuando los recursos públicos escasean, la disciplina fiscal deja de ser una opción técnica y se convierte en una obligación moral. El próximo gobierno heredará múltiples desafíos. Lo mínimo es que conozca con exactitud la factura que recibirá.