Gobernar por decreto

Víctor Muñoz
El próximo 7 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella no recibirá un Gobierno: recibirá un campo minado. Durante cuatro años se acumularon decisiones aplazadas, instituciones debilitadas, cuentas sin pagar y contratos que deberán revisarse con lupa. La primera bomba está en la salud. Nueva EPS reportó pérdidas por $6,1 billones, deudas superiores a $22 billones y un patrimonio negativo de $10,6 billones. La segunda es fiscal: el CARF estima para 2026 un déficit primario de 3,7% del PIB y advierte que el ajuste carece de instrumentos creíbles. La tercera es energética. El Niño se fortalece y podría persistir hasta 2027, en un país dependiente de la generación hidroeléctrica, con escasez de gas y proyectos atrasados. La cuarta bomba es la seguridad. Los grupos armados crecieron, ampliaron sus disputas territoriales y encontraron unas Fuerzas Militares con menor capacidad operativa y un sistema de inteligencia debilitado. A esto se suman denuncias e investigaciones. El nuevo Gobierno deberá revisar lo ocurrido con las hermanas Guerrero, la Ungrd, la compra de los Gripen, los convenios de MinTIC, los contratos de Aerocivil y toda operación que comprometa recursos más allá del 7 de agosto. No todo cuestionamiento prueba un delito, pero toda alerta exige auditoría, trazabilidad y responsables. ¿Debe el presidente De la Espriella contemplar la declaratoria de una emergencia económica y social? Es una posibilidad que debería evaluar, siempre que se acrediten las exigencias del artículo 215 de la Constitución: hechos sobrevinientes, una perturbación grave e inminente, carácter extraordinario y conexidad directa entre la crisis y cada una de las medidas adoptadas. Los decretos legislativos podrían asegurar liquidez para hospitales, ordenar pagos extraordinarios, garantizar medicamentos y proteger la continuidad del servicio. En energía, podrían habilitar compras urgentes de gas, respaldo térmico y recursos para evitar apagones. Pero la emergencia no debería convertirse en un mecanismo para reemplazar al Congreso. En democracia, el Congreso no es un obstáculo: es un contrapeso. En estos años fue fundamental para frenar iniciativas nocivas del Gobierno Petro. El nuevo Gobierno deberá construir mayorías, presentar reformas, debatir y respetar el control político. La emergencia tampoco podría imponer una reforma tributaria disfrazada ni corregir por decreto problemas estructurales y previsibles. La caída de la emergencia fiscal de Petro dejó esta lección. Desde el primer día del Gobierno que comienza, deberá recortar gasto improductivo, congelar contratación innecesaria, auditar convenios, publicar beneficiarios reales, recuperar inteligencia, reorganizar la salud y presentar reformas urgentes al Congreso. También necesitará una sala de crisis tipo pandemia: metas públicas, responsables definidos, seguimiento y decisiones basadas en datos. Gobernar por decreto puede ser necesario para apagar incendios.
Emprendedor, investigador, analista.