La Nación, Costa Rica
4 de agosto de 2026
El ICE presentó un recurso de revocatoria y apelación contra los oficios de la Contraloría que le ordenan cesar el uso de alianzas privadas para ejecutar labores esenciales de contratos directos.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó un recurso de revocatoria y apelación contra los oficios de la Contraloría General de la República (CGR) que le ordenaron cesar el uso de alianzas con empresas privadas para ejecutar labores esenciales de contratos adjudicados directamente por otras instituciones públicas.
El ICE informó este martes 4 de agosto que tomó la decisión después de analizar el contenido de los documentos publicados por la Contraloría el pasado 28 de julio y determinar sus alcances.
Según el Instituto, recurrió a las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para defender sus competencias y el interés público de los servicios que presta a habitantes y sectores del país.
La entidad reiteró su desacuerdo con el criterio de la CGR y sostuvo que las disposiciones le restan competitividad para cumplir sus funciones legales y limitan la flexibilidad otorgada por el Poder Legislativo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones.
La Contraloría emitió las órdenes después de investigar procesos excepcionales de contratación directa entre el ICE y 10 entidades públicas, así como el control y la gobernanza de las alianzas estratégicas suscritas por el Instituto.
De acuerdo con la CGR, las instituciones recurrieron de forma ilegítima a la contratación directa entre entes de derecho público y evadieron la licitación pública. El ente contralor señaló que esa excepción se puede aplicar únicamente cuando la entidad pública contratada ejecuta por sus propios medios la labor sustancial.
Según la Contraloría, el ICE estableció convenios con empresas privadas que asumieron funciones como desarrollo técnico, equipamiento de hardware y software y mantenimiento. La CGR afirmó que esta práctica redujo el papel del Instituto a una intermediación comercial y administrativa.
Entre las medidas emitidas, la Contraloría ordenó al ICE garantizar que ejecute por sí mismo las labores esenciales de cada contrato directo y limitar la subcontratación a aspectos especializados o accesorios mediante los procedimientos ordinarios de contratación pública.
También le ordenó elaborar un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes para aplicar medidas dirigidas a proteger el patrimonio institucional y los fondos públicos.
