Ley de Reconstrucción y DD.HH.

En medio de la intensa discusión de la Ley de Reconstrucción, hubo un documento que pasó casi inadvertido. Se trata de la carta enviada al Senado el 15 de julio por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La misiva planteaba una serie de observaciones destinadas a contribuir al debate del proyecto "desde una perspectiva de derechos humanos". Se trata de un documento que no deja de llamar la atención.
Desde luego sorprende que el Alto Comisionado estime como parte de su mandato intervenir en la discusión de las políticas tributarias de un país. Para fundamentarlo, el organismo cita el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtiendo que este exige a los Estados utilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr la plena efectividad de esos derechos, evitando medidas regresivas. Y así, amparándose en un enunciado tan general como ese, el ACNUDH llama a "analizar cuidadosamente los efectos distributivos y fiscales de las medidas contempladas en el proyecto", mencionando de modo expreso, entre otras, la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y los mecanismos de declaración de bienes en el exterior. Por cierto, analizar los referidos efectos fiscales y distributivos es parte de la función del Congreso; lo dudoso es que sea tarea del ACNUDH recordárselo, refiriéndolo además a propuestas tributarias específicas. Subyace aquí una pretensión peligrosa: la de hacer de una cuestión eminentemente instrumental -esto es, las normas impositivas que mejor convengan a los objetivos de desarrollo de un país- un asunto de derechos humanos. En efecto, a la luz del llamado que formula el Alto Comisionado, bien cabría concluir, por ejemplo, que solo ciertas tasas de impuesto corporativo se ajustan a un estándar de DD.HH., y que rebajarlas puede comprometer el respeto de estos. El ACNUDH no llega a decirlo así ni a emitir conclusiones taxativas, pero tal es la lógica de la argumentación que despliega.
Lo anterior es complejo. Desde luego, llevada a sus últimas consecuencias, dicha lógica supone una severa limitación a la soberanía de los Estados en materia tributaria. Pero además esta no es solo una discusión teórica. Como informó "El Mercurio" hace unos días, se encuentra en pleno desarrollo la negociación, en la ONU, de un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, que precisamente busca vincular las políticas fiscales con los tratados de derechos humanos. Los alcances de aquello ya han sido motivo de preocupación entre especialistas, por las limitaciones que un Convenio así podría imponer a las decisiones de cada país. Desde esa perspectiva, la carta del ACNUDH al Senado chileno bien podría estimarse un anticipo al respecto. Después de todo, si ya hoy un organismo de la ONU considera parte de su tarea intervenir en la discusión de la Ley de Reconstrucción, aun sin haberse suscrito un convenio como el que se negocia, ¿qué cabría esperar una vez que este sea realidad?