Un daño gratuito a la agricultura chilena

La reciente actuación de Fundación Libera y Ecoceanos en Washington no merece otra calificación que la de un despropósito. Con una liviandad que roza la irresponsabilidad, estas organizaciones participaron en audiencias sobre el arancel del 12,5% para insinuar, nada menos, que en la salmonicultura y la agricultura chilena existe trabajo forzoso.
Acusar de trabajo forzoso no es una observación menor. Es una imputación de extrema gravedad que, si se hace en serio, exige pruebas contundentes, no declaraciones ignorantes y malintencionadas.
El sector agrícola tiene desafíos en materia laboral, pero de ahí a equiparar nuestra agricultura con un régimen de explotación forzosa hay un abismo que estas ONG cruzaron sin ningún rigor.
Lo peor no es la falsedad de la acusación, sino el daño que genera. En momentos en que Chile está luchando por diversificar sus mercados y defender sus exportaciones, lanzar estas aseveraciones es una desvergüenza y algo canallesco. Miles de familias viven del agro, y el prestigio que ha costado décadas construir no puede verse empañado por declaraciones sin sustento.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a fiscalizar y criticar. Pero eso no les da licencia para mezclar realidades dispares o presentar los hechos a su conveniencia. Cuando se omite información clave y se distorsiona la realidad, el debate se envenena y la desinformación gana terreno. Y eso no ayuda a nadie, menos a los propios trabajadores.
Chile no es un país improvisado. Nuestra agricultura exporta a los mercados más exigentes del mundo, con estándares que muchos quisieran igualar. Detrás de cada envío hay trabajadores con contrato, empresas que cumplen la ley y un Estado que fiscaliza.
La crítica es bienvenida, pero no la deslegitimación sin base, más aún cuando están en juego la imagen de Chile y el sustento de miles de compatriotas.