Fiscalía desestima relevancia de la anulación a primera sanción de la CMF en arista penal del caso Sartor

La "arista administrativa" que cuestiona el procedimiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante la investigación por el caso Sartor estuvo nuevamente en el centro de la formalización de cargos que lleva adelante la Fiscalía.
Este miércoles, fue precisamente el Ministerio Público el encargado de tomar la palabra y replicar contra los argumentos de los principales imputados por la causa en jornadas previas. En esa exposición, uno de los primeros puntos que abordó el persecutor Juan Pablo Araya fue el reciente fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegal la decisión de revocar la autorización de existencia contra Sartor que adoptó la CMF en diciembre de 2024, y que dio paso a su posterior proceso de liquidación.
Según Araya, aunque su contraparte ha querido instalar que ese hecho "desnaturaliza" el caso y sus perjuicios, la alegación "no tiene ningún fundamento". Argumentó que si bien la Corte Suprema constata que la defensa no tuvo el debido derecho a pronunciarse en ese proceso, existe una sanción posterior que no ha sido cuestionada, y ratifica la decisión. "Por lo tanto, eso no va a alterar en ningún caso los hechos administrativos. No solo porque lo dice la Corte Suprema, sino que porque eso es lo que ocurre en la práctica: la situación de Sartor, la sanción de estos directores y esta revocación de existencia es lo que iba a ocurrir sí o sí. Meses después, pero ocurrió de acuerdo al procedimiento", detalló.
Fraude y perjuicios
Cuando se conoció el fallo del máximo tribunal, una de las primeras interpretaciones de los abogados que defienden a los imputados fue que, al anularse el origen de la liquidación, no era posible distinguir qué parte de las pérdidas que tuvieron los fondos administrados por Sartor se debieron a esa intervención, y cuánto se explica por la administración desleal que acusa el Ministerio Público.
Araya también abordó esta tesis, y detalló que entre la suspensión de los aportes y la revocación de existencia, "no son los 15 días donde se produjo la debacle de estas instituciones, de este grupo, sino que esto venía de mucho antes".
Para sostener su punto comparó este caso con Factop, donde existía una compañía principal dedicada al factoring , y una corredora de bolsa asociada, cuya suspensión es la que termina por desencadenar las pérdidas, a través de un "efecto cascada". "Son ambos modelos defraudatorios muy parecidos a los esquemas Ponzi, en que, efectivamente, el dinero que va entrando sirve para pagar rescates, pero en definitiva el dinero que forma parte del capital va desapareciendo por distintas razones". De esta manera, prosiguió, cuando hay rescates "cortan el flujo, pero en este caso el flujo venía cortado".
De parte de los imputados, los abogados han acusado a la Fiscalía de calcular en forma imprecisa el supuesto perjuicio causado a los fondos, que se estima en unos US$ 180 millones en la acusación. Dijeron que se está confundiendo desvalorización real, con la exposición de los aportantes a esos fondos.
En su presentación, Araya solo precisó que "este es un delito de ejecución permanente y efectivamente podemos ver que el perjuicio se va consolidando a través del tiempo". Aseguró que es "factible" pensar que las pérdidas se han ido acumulando desde la primera prórroga sin pagar registrada en 2022.
Añadió que el origen de los montos se basa en la auditoría de PwC, una adicional de Deloitte, y especialmente en la declaración de Toesca, Ameris y Lab Capital, entidades que están actualmente a cargo de liquidar los fondos que gestionaba Sartor. "Son casi US$ 200 millones que no desaparecieron de la noche a la mañana. Cuando asume el señor Budinich el encargo de ser liquidador y calculan a septiembre de 2024 la exposición de los fondos (...), a la fecha solo ha habido una recuperación muy marginal de esos perjuicios", insistió.
PerjuiciosSegún la Fiscalía, son casi US$ 200 millones las pérdidas por el caso Sartor.