Reconstrucción replantea el Presupuesto y nuevos recursos

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 en el occidente del país se convirtió en un nuevo desafío para el Presupuesto General de la Nación de 2027, que ya enfrentaba un faltante de $30,2 billones. El escenario obliga al Gobierno a reformular el proyecto, según los análisis de expertos, mientras prepara una nueva versión que será radicada el 26 de agosto por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. El proyecto inicial, presentado el 29 de julio por el entonces ministro Germán Ávila, contemplaba un presupuesto de $575,7 billones, 3,6% más que la apropiación de 2026. Sin embargo, los ingresos aforados llegaban a $545,4 billones, dejando una diferencia equivalente a 1,4% del PIB. Trece días después, las cuatro comisiones económicas decidieron devolver el documento al Ministerio de Hacienda para incorporar ajustes y soportes técnicos. El terremoto ocurrió después de esa primera radicación y cambió las necesidades de gasto para el próximo año. El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó daños graves en Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. Ahora, el nuevo presupuesto deberá incorporar las necesidades de reconstrucción de vivienda, hospitales, colegios y vías, en un escenario donde el margen fiscal para aumentar el gasto es particularmente limitado. El problema es que el proyecto original ya presentaba restricciones importantes para financiar sus obligaciones. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, señaló que el presupuesto está desfinanciado porque contempla un nivel de gasto incompatible con los recursos recurrentes previstos para 2027. Dijo que el Gobierno incorporó ingresos esperados que dependían de una reforma tributaria o ajuste en impuestos. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, coincidió en que la nueva versión debe construirse sobre ingresos probables y gastos más acotados. A su juicio, el proyecto inicial tenía un déficit de $30 billones y, aun con la reforma tributaria planteada por la administración anterior, permanecía desfinanciado en $8 billones. Planteó que la inversión debería convertirse en uno de los protagonistas del nuevo Presupuesto nacional. La situación se vuelve más compleja por las necesidades derivadas del terremoto. El análisis señala que las reducciones más pronunciadas del proyecto inicial correspondían al Fondo Adaptación y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidades que tendrían un papel relevante en la atención de la emergencia y posterior reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El Gobierno anunció un crédito por US$450 millones del Banco Mundial y la disposición del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, por unos $1,7 billones al tipo de cambio proyectado. Pero los recursos disponibles serían insuficientes frente a las necesidades de reconstrucción identificadas en vivienda, hospitales, colegios y vías. Esto abre la discusión sobre cómo financiar las nuevas obligaciones sin trasladar una presión adicional al presupuesto que debe corregirse. Una de las principales dificultades está en la composición del gasto. Del proyecto inicial, el funcionamiento representaba 63,9%, el servicio de la deuda 20,5% y la inversión 15,6%, la participación más baja desde 2019. Esta estructura reduce el espacio para realizar grande recortes sin afectar obligaciones comprometidas, mientras el terremoto introduce necesidades adicionales que no estaban contempladas cuando se formuló el proyecto inicial. Las transferencias sumaban $277,2 billones, el gasto de personal alcanzaba $67,7 billones y los bienes y servicios representaban $17,9 billones. Junto con el servicio de la deuda, estos componentes equivalían al 80,4% del presupuesto. Incluso si se eliminara completamente la compra de bienes y servicios del Estado, el ahorro sería inferior al hueco de $30,2 billones que dejó el proyecto inicial frente al aforo de ingresos. El servicio de la deuda concentra $115,1 billones, cerca de 20% del presupuesto y por encima de las asignaciones contempladas para Educación, de $92,5 billones, y Salud, de $79,7 billones. Los intereses de la deuda interna aumentarían 54,8%, en un contexto marcado por una tasa de política monetaria de 12% y una inflación anual de 6,03% registrada en julio.