Cómo entender el mapa del complejo caso Sartor

Por más de dos semanas se ha extendido la formalización de cargos de parte de la fiscalía contra los once imputados que acusa de jugar un rol clave en el llamado caso Sartor, que en los próximos días llega a su recta final, con la definición de medidas cautelares que van desde arresto domiciliario total hasta prisión preventiva para los principales involucrados.
Todos ellos fueron fundadores, controladores, directores, socios clave o ejecutivos de Sartor durante parte del período en que comenzó sus operaciones en 2012, como una compañía principalmente dedicada a las asesorías financieras y de inversión, hasta que en 2024 se revocó su autorización de existencia, abriendo paso a su liquidación.
A lo largo de las 12 jornadas de formalización del caso, el Ministerio Público ha descrito la operación como una estructura delictual "sofisticada", basada en la triangulación de fondos administrados por Sartor -y sus filiales- hacia numerosas sociedades vinculadas con sus directivos y controladores. Estiman que los perjuicios podrían llegar a sumar unos US$ 180 millones contra los aportantes que financiaban dichos fondos con sus inversiones, e imputan un largo listado de delitos: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, fraude por omisión de OPA y lavado de activos.
La arista Azul Azul que salpica al mundo del fútbolDentro de todas las inversiones que manejaba el grupo Sartor, en 2021 decidieron ingresar a la propiedad de Azul Azul, concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, a través del fondo de inversión privado Tactical Sport, que adquirió un 63,07% de sus acciones y con ello su control. Tras esa operación, se designó a Michael Clark como representante en el directorio -con otros tres nombres-, que el año 2023 lo eligió a su vez como presidente del mismo.
La fiscalía tiene dos reparos en esta arista. El primero se refiere a la adquisición original, de 2021, donde sostienen que la operación se constituye, en la práctica, como un lavado de activos. El argumento es que, para financiar la operación, se obtuvo respaldo irregularmente desde otros fondos de Sartor.
La otra acusación implica directamente a Clark: cuando estalló el caso Sartor a finales de 2024, Clark tomó el control de Tactical Sport -al adquirir el 90% de sus cuotas- a través de su sociedad personal Inversiones Antumalal. En la práctica, esta operación sacó a la cuestionada compañía de Azul Azul, y lo convirtió además en su controlador principal. El problema, según la fiscalía y la CMF, es que cuando existe un cambio de control mayoritario se requiere impulsar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), que no ocurrió.
En todo caso, la operación fue revertida poco antes del inicio de la formalización, luego de que Clark acordara una "resciliación" de la compra. Así, el control siguió en el fondo Tactical Sport, y ahora está en manos de un liquidador.
Qué es lo que persigue la fiscalíaAunque el caso se originó en una investigación administrativa, las imputaciones penales están a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, liderada por Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya. Este último ha protagonizado las audiencias de la formalización.
De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, Sartor se constituyó como una "estructura delictual sofisticada" para defraudar a los aportantes, en beneficio de sus propios socios, directores y ejecutivos. En concreto, la infracción más clara en este esquema de triangulación de fondos fue la administración "manifiestamente contraria al interés de los fondos administrados", dado que "las decisiones se tomaban en el propio interés personal, de sus empresas o personas naturales o jurídicas vinculadas a estos".
El punto clave es que esas decisiones implicaron también elevados perjuicios y pérdidas patrimoniales, que la fiscalía calcula en cerca de US$ 180 millones para los aportantes que invertían en los distintos vehículos ofrecidos por Sartor. Ahí se incluyen personas naturales que participaban en fondos públicos, y también grandes grupos financieros como Credicorp Capital.
Según el relato del fiscal Araya, el proceder de Sartor era muy parecido a un "esquema Ponzi" o piramidal, donde las deudas iban pasando de fondo en fondo mediante un "efecto cascada", pero sin un respaldo financiero real que las solventara.
Qué es Sartor y cómo operaba"Asesorías e Inversiones Sartor", la sociedad matriz del grupo financiero fue creada en mayo del 2012, y en su origen, se dedicaba principalmente a prestar servicios de asesoría financiera y comercial, como también la gestión de inversiones y finanzas "a la medida" (en latín, "sartor" significa sastre). Se enfocaban en clientes privados de alto patrimonio, y se especializaban en estrategias basadas en la gestión de activos alternativos y deuda privada, a través de sus primeros fondos de inversión.
Con el tiempo inscribieron nuevas filiales como Sartor Wealth Management, destinada a las asesorías de inversión o Sartor AFIP, dedicada a administrar fondos de inversión privados. Probablemente, la más relevante de ellas fue Sartor Administradora General de Fondos (AGF), donde se detectaron las operaciones que hoy son cuestionadas por la fiscalía y se ordenó la liquidación.
En simple, Sartor AGF ofrecía al público oportunidades de inversión como cualquier otra gestora del mercado. Al año 2024 llegó a ofrecer 16 fondos de inversión públicos, varios de ellos orientados a instrumentos de deuda. Sin embargo, en nueve de ellos la fiscalía detectó inversiones en otros fondos de Sartor, que a su vez prestaban dinero -mediante pagarés o créditos prorrogados que nunca se devolvían- a sociedades de propiedad de los mismos socios y ejecutivos de la compañía. Según la investigación, la exposición de algunos fondos a sociedades vinculadas del Grupo Sartor superaba incluso el 30%, presentaban "activos muy sobrevalorados", varias cuentas por pagar, instrumentos mal documentados y "conflictos de interés de diversa índole".
Quién es quién , y el rol que cumplieronEntre los once imputados de la causa, hay algunos que destacan con un mayor grado de responsabilidad. Para cinco de ellos, la fiscalía está pidiendo prisión preventiva, y otros dos tuvieron un rol central en los hechos, pero suscribieron un acuerdo de cooperación para rebajar sus penas.
Pedro Pablo Larraín
es uno de los fundadores de Sartor, y a diciembre de 2024 controlaba el 60,3% de su propiedad. Según la fiscalía tuvo un "rol central" en las operaciones, y era el "líder de la banda".
Carlos Larraín
es el hermano de Pedro Pablo, pero no era socio de la matriz. Sí fue director de la AGF, tenía amplios poderes ejecutivos y era el principal controlador de Danke, una de las sociedades que recibió financiamiento de Sartor.
Alfredo Harz
era el segundo mayor controlador de Sartor, con un 18,6% de la propiedad de la matriz. También fue gerente general de la AGF y firmó numerosos documentos hoy cuestionados por la fiscalía.
Óscar Ebel
es, junto con Pedro Pablo Larraín, uno de los fundadores de Sartor, y a 2024 mantenía el 10% de la propiedad. Al igual que Harz, firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía para rebajar su pena.
Michael Clark
llegó a la compañía en 2020, y fue director de la AGF hasta 2024, además de integrar el Comité de Crédito. Es apuntado por obtener beneficios económicos de los fondos de Sartor con su sociedad Redwood Capital, y por la adquisición irregular del control de Azul Azul (ver recuadro derecha).
Rodrigo Bustamante
también era socio controlador de Sartor, con un 6,95% de su propiedad. Además, fue director de la AGF y gerente general de una de sus filiales.
Sergio Yáñez
es el único de los principales imputados "externo" a Sartor. Su rol en esta estructura se circunscribe a E-Capital, sociedad que constituyó en 2012 y recibió permanente financiamiento de parte de fondos de Sartor, que no se restituyó.
En la causa, el resto de los imputados corresponde principalmente a socios, directores y ejecutivos de menor participación en los hechos, y enfrentan la posibilidad de cautelares menos gravosas: Juan Carlos Jorquera, Miguel León, Mauro Valdés y Hugo Baranda.
El incierto destino de los fondosUno de los puntos que los querellantes han remarcado durante el proceso de formalización es que hay bajas expectativas de recuperar el dinero que invirtieron los aportantes de Sartor en los fondos que hoy están en liquidación.
Para liquidar los fondos, la CMF designó en una primera etapa a Ricardo Budinich como liquidador externo, que a su vez encargó a las consultoras PwC y Deloitte el análisis de las carteras. En todos los fondos rescatables, aseguraron en agosto pasado, se pudo constatar un deterioro de "al menos un 47% del valor de sus activos". La liquidación de esos fondos pasó ahora a manos de la AGF Toesca.