El Comercio, Perú
16 de agosto de 2026
Después de permanecer 35 días internado y ser sometido a dos cirugías, la familia asegura que han asumido S/289.155 en gastos médicos.
Un menor de 15 años fue atropellado el 30 de mayo en el cruce de las avenidas Manuel Olguín y El Derby, en Surco. Ahora, sus familiares denuncian la liberación del conductor, la falta de apoyo económico para cubrir los tratamientos médicos y una serie de trabas que, según sostienen, se han presentado durante el proceso.Quien se encontraba al volante del vehículo era Junior Michaels Acevedo Chávez, de 34 años. El adolescente fue trasladado a la clínica San Pablo, donde se le diagnosticó una hemorragia encefálica. Debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que permanecer internado durante 35 días en la unidad de cuidados intensivos.Acevedo Chávez es investigado por el presunto delito de lesiones culposas por inobservancia de las reglas de tránsito. Sin embargo, Ricardo Elías, abogado de la familia del menor, informó a El Comercio que se determinó que el investigado siga el proceso en libertad, bajo el argumento de que no representaba un riesgo de fuga.La familia asegura que ha tenido que asumir gastos médicos de hasta S/289.155. El único monto cubierto por el conductor correspondió al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubrió S/27.499,99 y no alcanzó para cubrir la primera cirugía.En diálogo con El Comercio, Thais Salas, hermana del menor, contó que ?los actos del conductor han sido contradictorios, pues el primer día dijo que sí nos iba a apoyar. Pero nunca tuvo ni siquiera la más mínima intención de contactarse?. Además, advirtió que en las últimas semanas se ha registrado una demora en el avance de la investigación.?Descargos?El abogado del conductor, Mercedes Adrianzén Palacios, señaló que ?cualquier exigencia reparatoria sin sustento resultaría prematura. El investigado viene cumpliendo con sus obligaciones y no existe ningún entorpecimiento de la investigación?.Por otro lado, el Ministerio Público informó que no corresponde al fiscal disponer que el investigado efectúe de manera inmediata el pago de los gastos asumidos por la familia, pues la reparación civil se determina conforme a las etapas establecidas en el proceso penal.
