Evasión y beneficios deberían ser el foco de la tributaria

La nueva reforma tributaria que prepara el Gobierno de Abelardo De La Espriella debería concentrarse en ampliar la base gravable, revisar beneficios y en combatir la evasión antes que elevar las tarifas empresariales, según expertos. La propuesta parte de una necesidad fiscal: conseguir entre $25 y $32 billones netos en 2027. Ese rango equivaldría a entre 1,2% y 1,5% del PIB, con una senda que llevaría el recaudo adicional hasta cerca de 2,5% del PIB en 2030. La cifra tiene como referencia el faltante de $30,2 billones que enfrenta el Presupuesto General de la Nación de 2027, cuyo proyecto fue devuelto el Gobierno por las comisiones económicas. Incluso con los recursos de la reforma tributaria que dejó Petro, todavía quedarían $8,3 billones por financiar. La discusión llega además en un momento de fuertes restricciones fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que, para cumplir la meta de balance primario de 2027, fijada en -0,5% del PIB, serían necesarias medidas equivalentes a 3,7% del PIB entre mayores ingresos y menores gastos. Para retornar a la regla fiscal en 2028, el ajuste requerido ascendería a 5,5% del PIB, según el análisis entregado. La principal apuesta planteada por los expertos está en revisar el gasto tributario antes de crear nuevas cargas. Entre 2019 y 2023, los beneficios tributarios pasaron de $68 billones a más de $136 billones. De este último monto, más de $88 billones estuvieron concentrados en IVA y más de $25 billones en renta empresarial, un universo que aparece como una de las mayores fuentes potenciales de ingresos para la nueva reforma. Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, considera que depurar una parte de esos beneficios podría generar más recursos que una nueva sobretasa. La lógica es que la reforma busque una mayor eficiencia de la estructura tributaria existente, en lugar de repetir aumentos de tarifas que no necesariamente se han traducido en un incremento proporcional del recaudo. Esta discusión cobra relevancia ante el desempeño histórico de los ingresos tributarios del país. Colombia tiene actualmente una tarifa de renta corporativa de 35%, frente a un promedio de 24,2% en la OCDE y de 21,2% entre 146 jurisdicciones. Además, existen sobretasas que llevan la tarifa hasta 40% para los sectores financiero y minero-energético. Pese a ese nivel de tributación empresarial, el recaudo tributario colombiano alcanzó apenas 19,9% del PIB en 2024, el mismo registro de 2015 y por debajo del promedio OCDE de 34,1%. El diagnóstico apunta así a una tensión entre tarifas elevadas y un recaudo bajo frente a estándares internacionales. "Subir tarifas dejó de producir recaudo", señala el planteamiento de Tejedor, quien considera que una nueva reforma debería priorizar la ampliación de la base gravable. El objetivo sería conseguir recursos adicionales sin trasladar el peso del ajuste hacia empresas y trabajadores formales que ya cumplen con sus obligaciones. Los frentes

de la reforma La segunda gran fuente de recursos identificada es la evasión. De acuerdo con la información entregada, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estima niveles cercanos a 35% en IVA y 40% en renta. Reducir esas brechas requeriría metas verificables, facturación electrónica plena y un mayor cruce de información entre las distintas bases disponibles para la administración tributaria. A su turno, Camilo Suárez, CEO de Asoblockchain, coincide en que el tamaño de la reforma, cercano a $30 billones, puede ser realista, pero advierte que el origen de los recursos resulta más importante que la cifra. Desde Asoblockchain plantea que al menos un tercio de la meta de recaudo debería provenir de beneficios tributarios y evasión, acompañado de indicadores públicos y auditables año a año. La propuesta busca evitar que los sectores emergentes sean utilizados como fuente inmediata de nuevos impuestos. En ese escenario también aparece la economía digital. Con la Resolución 000240 de 2025, los proveedores de servicios de criptoactivos deben reportar a la DIAN las operaciones de sus usuarios desde el año gravable 2026. El primer informe está previsto para mayo de 2027. El umbral de reporte quedó establecido en $50.000 y las sanciones pueden llegar al 1% del valor que no sea informado. La medida introduce mayor trazabilidad en un mercado que, según Chainalysis, mueve en Colombia transacciones con activos digitales por US$28.455 millones anuales. Suárez sostiene que el objetivo no debería ser establecer exenciones para este sector, sino generar certeza jurídica. Un marco legal para activos virtuales permitiría convertir parte de la actividad informal en actividad declarante y, con ello, ampliar la base gravable sin aumentar las tarifas. La propuesta también incluye una revisión de la administración tributaria. Una de las ideas es que la DIAN pase de administrar unos 15 impuestos a concentrarse en tres grandes categorías: renta, IVA interno e IVA externo. El argumento parte de que 85% del recaudo ya se encuentra en dos de esos tributos. Sin embargo, el planteamiento exige determinar cuánto recaudo podría perderse con esa simplificación y cómo sería reemplazado. El debate sobre los ingresos no está aislado y sigue dentro de las necesidades de gasto del Gobierno. El servicio de la deuda previsto en el Presupuesto para 2027 alcanza $118 billones, mientras la inversión pública suma $90 billones. Para los expertos, esta relación muestra que el problema fiscal no puede abordarse únicamente desde el lado tributario.