Jueves, 20 de Agosto de 2026

Ceres pide al gobierno "frenar todo avance" de la reforma del transporte y que se diseñe una nueva

UruguayEl País, Uruguay 20 de agosto de 2026

"Aún no se dispone de la información ni del análisis necesarios para tomar una decisión fundada y avanzar en su implementación", opinó el centro de estudios en un informe.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) propuso al gobierno "frenar todo avance" de la reforma del transporte y diseñar una nueva.

Ceres publicó un informe donde cuestiona varios aspectos de la propuesta en la que está trabajando el Poder Ejecutivo, que implica la instalación de carriles exclusivos para ómnibus BRT desde El Pinar y Zonamérica hasta Ciudad Vieja.

"En distintos aspectos de la propuesta en la que trabaja actualmente el gobierno, aún no se dispone de la información ni del análisis necesarios para tomar una decisión fundada y avanzar en su implementación", consideró el centro de estudios, cuyo referente en el tema, Martín Alesina, ha mantenido desde hace meses una postura contraria a la reforma.

El plan ya fue definido a nivel general y semanas atrás, como informó El País, se adjudicó a la empresa CSI Ingenieros el diseño conceptual de la reforma. Una vez esté pronto, se deberá hacer el proyecto ejecutivo y luego licitar las obras.

El presidente Yamandú Orsi ya marcó, en su discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento el pasado 2 de marzo, que las obras deben comenzar en 2027 y el nuevo sistema debe estar operativo en 2029.

Pero Ceres entiende que no se deben acelerar los procesos para cumplir "con los plazos comprometidos" por la relevancia de la reforma y los costos estimados.

El centro de estudios "sugiere frenar todo avance sobre la propuesta actual" y en cambio propone diseñar un nuevo plan de movilidad que se presente en 2028 en la Estación Central durante el aniversario 25 del último tren que llegó allí.

En esta nueva propuesta, Ceres quiere resolver los problemas que tiene la iniciativa del gobierno, como no incluir al Aeropuerto de Carrasco.

Otro punto débil que encuentra es que el plan actual, que volverá más veloz la conexión del Centro con Zonamérica y El Pinar, "significaría una razón más para optar por mudarse a la periferia montevideana y Canelones".


El centro de estudios señala que cuando las zonas centrales, que ya tienen todos los servicios, pierden población frente a las zonas periféricas, hay "costos públicos elevados" para extender la electricidad, el saneamiento y hacer calles.

El informe de Ceres apunta también sobre las obras principales que propone el gobierno.

La reforma incluye la realización de cinco pasos a desnivel (para que en cruces congestionados no coincidan los BRT con los autos particulares) y la construcción de una estación multimodal en Tres Cruces.

Pero Ceres dice que los estudios en los que se basó el gobierno y que son públicos no tienen simulaciones que "demuestren la imposibilidad de circular por superficie". Por lo tanto, no está probado que sean necesarias estas obras, concluye el centro de estudios.

También plantea interrogantes respecto a otras características.

Uno de los elementos que permitiría mejorar los tiempos de viaje en la reforma del transporte sería la construcción de paradas cerradas. De esa manera, los boletos se validan antes de entrar a la parada. Una vez que el ómnibus llega los pasajeros pueden subir por todas las puertas del vehículo, sin pasar por una boletera.

Ceres cuestiona que no se hayan planteado alternativas a las paradas cerradas considerando su "impacto urbano" y su "rigidez".

Además, reitera su duda sobre si el modelo BRT es el más indicado. Pide que se vuelva a comparar cuánto costaría hacer la reforma con tranvías (el gobierno dice que el triple). También propone la realización de una encuesta para que la población diga "qué modo prefiere".




"Incertidumbre" con Ciudad Vieja


Todavía no está definido qué pasará en Ciudad Vieja.

El plan del gobierno implica que los nuevos ómnibus, que serán biarticulados y podrán llevar 220 pasajeros, recorran Giannattasio y Avenida Italia por un lado y Camino Maldonado y 8 de Octubre por otro, para coincidir en Tres Cruces y seguir por 18 de Julio.

Una vez que estén en Plaza Independencia hay varias opciones sobre la mesa, como que todos los BRT ingresen al barrio histórico, que lo hagan algunos o que haya unidades más pequeñas para esta zona.

Se trata de una definición que deberá estar en el diseño conceptual que está preparando CSI Ingenieros.


El centro de estudio Ceres plantea su "incertidumbre" sobre la posibilidad de que los BRT ingresen al casco histórico. Le preocupa el "radio de giro" de estos vehículos de 25 metros.

Y justamente sobre estos ómnibus, que permitirán llevar 220 pasajeros, Ceres manifiesta su preocupación sobre el "confort". Dice que se toma como base una capacidad máxima de seis personas de pie por metro cuadrado cuando "el estándar europeo es de cuatro personas".

Además del barrio histórico, la reforma del gobierno tiene otra gran duda que todavía no fue despejada: cuánto costará.


El costo de la reforma


En primer lugar, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que trabajó en el plan, estimó que costaría US$ 590 millones.

Sin embargo, eso incluía un túnel por 18 de Julio, que finalmente se descartó. Y en cualquier caso, al intendente de Montevideo, Mario Bergara, le parecía demasiado "optimista" esa cifra para todas las obras que implicaba.

Ceres recuerda que el costo todavía no fue actualizado, después de que se descartara el soterramiento por 18 de Julio. Asimismo, pide que se incluyan los costos operativos, los de reposición de unidades y baterías y también los de mantenimiento de la infraestructura.


El gobierno tiene previsto financiar la reforma con dos líneas de crédito internacionales: una del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 500 millones y otra del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de US$ 300 millones.

Pero Ceres pide estudiar otras opciones y plantea otra modalidad: la de Participación Público-Privada (PPP). Esta forma de financiamiento permite que una empresa asuma el financiamiento, la realización y el mantenimiento de la obra, mientras que el Estado le realiza "pagos periódicos a lo largo del contrato".

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