Terremoto: es urgente actualizar la norma de sismorresistencia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 reactivó una discusión técnica que ya venía avanzando en el sector de la construcción: la necesidad de actualizar la regulación sismorresistente del país. Mientras Diaco insiste en que existe una propuesta técnica lista para reemplazar la actual NSR-10, la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la Andi advierte que la revisión normativa debe avanzar en paralelo con una tarea igualmente urgente: hacer cumplir las reglas que ya existen y fortalecer los controles sobre los materiales utilizados en las obras. La conversación ganó fuerza después de la emergencia, que llevó a miles de colombianos a preguntarse por qué algunas edificaciones resisten mejor que otras cuando ocurre un sismo de gran magnitud. Para la industria, la respuesta está relacionada con varios factores: el diseño estructural, la aplicación de las normas vigentes, la calidad de los materiales y los procesos de supervisión durante la construcción. Colombia se encuentra en una de las regiones sísmicamente activas del continente y, según los voceros del sector, esa realidad obliga a mantener una actualización constante de los estándares técnicos. Actualización que

no ha tenido avances Sin embargo, también plantea el reto de garantizar que las edificaciones construidas hoy cumplan con las exigencias regulatorias existentes y que los materiales empleados puedan demostrar técnicamente su conformidad. Desde Diaco señalan que el terremoto abrió nuevamente el debate sobre la vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, que rige desde 2010. La compañía recuerda que ya existe una actualización técnica desarrollada por expertos, identificada como AIS 100-24, pero que su implementación aún depende de la expedición del decreto correspondiente por parte del Gobierno Nacional. Según la siderúrgica, durante los últimos 16 años Colombia ha acumulado nuevos estudios geológicos y avances en ingeniería sísmica que todavía no han sido incorporados a la regulación vigente. Para la empresa, la actualización permitiría que los requisitos técnicos reflejen el conocimiento científico más reciente disponible para el diseño y construcción de edificaciones. Diaco también recuerda que la norma actual no fue concebida para garantizar edificios intactos frente a un terremoto. Su propósito es disminuir el riesgo para las personas mediante estructuras capaces de responder de manera controlada ante movimientos fuertes. "El objetivo es que la estructura pueda deformarse de forma controlada, sin colapsar, y darle tiempo a la gente de salir con vida", explica. peso de edificios viejos y de la informalidad La empresa considera que la discusión sobre la actualización debe adelantarse lo antes posible, especialmente porque la exposición sísmica del país continúa siendo elevada. A su juicio, contar con una regulación que incorpore nueva información técnica constituye una herramienta importante para fortalecer la seguridad de las futuras construcciones. Más allá de la discusión regulatoria, el sector coincide en que el país enfrenta retos estructurales que no se resolverán únicamente con la expedición de una nueva norma. Uno de ellos está relacionado con la edad de una parte importante del inventario inmobiliario nacional. De acuerdo con cifras citadas por Diaco, el 52% de los edificios existentes en Colombia fueron construidos antes de la entrada en vigencia de la NSR-10. La compañía también advierte que el 83% de la población reside en zonas de amenaza sísmica alta, una realidad que vuelve especialmente relevante la calidad de las edificaciones y el cumplimiento de los requisitos para construir. A esto se suma que tres de cada cinco viviendas que salen al mercado tienen origen informal y carecen de licencia de construcción. Para Diaco, estas cifras ayudan a entender por qué el comportamiento de las edificaciones puede variar significativamente frente a un mismo evento sísmico. La diferencia, sostiene la empresa, suele estar asociada al cumplimiento de la normatividad, la existencia de licencias y la utilización de materiales que respondan a las especificaciones técnicas definidas para cada proyecto. Desde la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la Andi coinciden en que la actualización de la regulación es una discusión válida, pero subrayan que existen acciones inmediatas que no dependen de una nueva norma. La entidad recuerda que Colombia ha desarrollado durante décadas reglamentos destinados a reducir el riesgo para las personas y que el desafío actual pasa por garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional.