Una oportunidad para acordar políticas de Estado

Una política educativa es un conjunto de medidas y acciones, explica Alejandro Morduchowicz, articuladas y coherentes entre sí, concebidas por los gobiernos, con la finalidad de resolver o prevenir determinados problemas estructurales que atañen a las condiciones que garantizan la formación y certificación de los conocimientos adquiridos por las personas y que estas, ni tampoco su familia, entorno, docentes y directivos, pueden resolver por sí solas.

Si nos detenemos a observar los resultados que estas políticas han tenido en las últimas décadas en nuestro país, podemos calificarlos de trágicos, inequitativos y ruinosos, en lo referente a la calidad de los aprendizajes recibidos por quienes transitan las alicaídas escuelas argentinas. Y si agregamos que, fundamentalmente, el objetivo de la educación es que quienes la reciben obtengan conocimientos y habilidades que les permitan elegir su propio destino vital, sobran los calificativos negativos. Lo que hemos hecho como sociedad y cuyos sufrientes son mayoritariamente niños y adolescentes, requiere respuestas inmediatas, a sabiendas de que los resultados de estas no serán veloces.

Los datos son elocuentes: el 54,9% de los estudiantes de 3er grado del nivel primario no logran el nivel de lectura esperado para su edad; el 43,1% de los estudiantes del último año del nivel secundario están por debajo del nivel satisfactorio en lectura y el 82,3% del último año de secundario están por debajo del nivel satisfactorio en matemáticas. Los datos son menos satisfactorios en las escuelas de gestión estatal y en los sectores socialmente más bajos según las pruebas Aprender de 2024. Es decir: se aprende menos y más desigualmente, consolidando una matriz educativa asimétrica.

Por otra parte, las pruebas PISA 2022 ubican a la Argentina con peores resultados en comprensión lectora, por debajo de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y México, según analizó el Observatorio de Argentinos por la Educación. La centralización decisoria del sistema educativo, su excesiva burocracia, los bajos incentivos para la formación docente y una carrera profesional que solo premia la antigüedad o el acceso a cargos jerárquicos para la obtención de mayores ingresos (de por sí bajos), agudizan la naturaleza del problema educativo argentino, que la dirigencia ignora supinamente.

Gerry Della Paolera defiende la idea, dada una economía global en donde la ciencia y la tecnología lideran y explican gran parte del desarrollo económico y la obtención de empleos, de un ministerio de Economía y Educación que unifique ambas carteras

Muchos y dispares economistas han demostrado el impacto de la educación en el desarrollo económico (Gary Becker y Theodore Schultz), como también el modo en que puede condicionar las oportunidades futuras de las personas la dirección postal en donde residen y lo igualador de oportunidades que puede ser una buena enseñanza (Raj Chetty y Nathaniel Hendren). Más localmente, Gerry Della Paolera defiende la idea, dada una economía global en donde la ciencia y la tecnología lideran y explican gran parte del desarrollo económico y la obtención de empleos, de un ministerio de Economía y Educación que unifique ambas carteras. Es decir, que es impensable una sociedad mejor si la educación sigue exhibiendo resultados decadentes y si se ignora su influencia positiva en el desarrollo económico-social.

Tomando nota de esta realidad, el Ministerio de Capital Humano tiene en carpeta un nuevo proyecto de ley que se enfoca en comenzar a revertir este diagnóstico oscuro. Es importante comenzar a discutirlo para enriquecerlo, porque tal como dice el viejo refrán "piedra que rueda no junta musgo". Y hacerlo libres de prejuicios, sin espíritu de facción y constructivamente.

Entre el articulado que propone la ley, se encuentran: la participación de los equipos directivos en la selección de los docentes de sus instituciones y en la administración del presupuesto escolar, algo que no existe y que puede producir un cambio positivo en la dinámica de las escuelas, en los aprendizajes y en el clima escolar. Estos puntos, junto a los artículos que permiten a las escuelas de gestión pública elaborar su propio calendario escolar y proyecto institucional de acuerdo con su realidad, retroalimentan una autonomía necesaria en las instituciones educativas. Una temática que, según una encuesta de 2024 del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, genera gran expectativa positiva entre los docentes.

La ley contempla el fortalecimiento de las evaluaciones censales y muestrales (tipo Aprender) con acceso público a los resultados y el establecimiento de consejos de padres que pueden mejorar los vínculos comunitarios y que no necesariamente suponen su involucramiento en los aspectos pedagógicos de las escuelas. También propone más exigencia en la formación docente con exámenes de ingreso a las carreras y con evaluaciones formativas cada cuatro años. Y, por último, entre otros aspectos que podríamos señalar, la implantación de un Examen Nacional de Egreso de la Secundaria (Enes). Brasil, por ejemplo, lo tiene, y de carácter optativo, que, según las estadísticas, cada año tiene más anotados que ya llegan a millones. Otros artículos tienen que ver con el financiamiento y el reconocimiento de formas alternativas de enseñanza.

Fundamentalmente el proyecto, tomando experiencias de América Latina y el resto del mundo, con gobiernos de diferente orientación política, supone más exigencia formativa, evaluación constante, retroalimentación basada en evidencia y más autonomía decisional de las escuelas. Por ejemplo, según la OCDE, la Argentina, en esta última materia, ocupa el lugar 68° sobre un total de 72 países, lo que, en un país tan extenso y diverso como el nuestro, constituye una anomalía evidente.

Una ley no cambia la realidad, pero establece una base consensual y normativa que puede posibilitar transformaciones a distintas velocidades, que cada provincia, como responsable primaria de garantizar el servicio educativo, irá adaptando y mejorando de acuerdo con su contexto. Este proyecto crea una nueva posibilidad para debatir, intercambiar, profundizar y acordar políticas de Estado en materia educacional. Sería extraordinario ver las redes, las señales de TV, las radios, publicaciones y portales de noticias ocupadas en un debate como este. Y, en ellos, a dirigentes políticos, educativos y empresariales aportando ideas y perspectivas. La deuda educativa es demasiado grande como para adoptar actitudes displicentes e ideológicas, que desperdicien otra oportunidad para debatir y torcer un camino de fracasos en materia educativa que nadie quiere seguir transitando.