Polémico estado de excepción

Transversal controversia, reservas y también amplios y fundados rechazos han surgido de los términos y alcances de la propuesta de reforma constitucional presentada por el Presidente José Antonio Kast para fortalecer el sistema de seguridad pública. Esta reforma incluye, entre otros cambios, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública. La propuesta también considera modificaciones constitucionales que explicitan el deber del Estado de resguardar la seguridad pública, disponen la elaboración de listados de organizaciones criminales y terroristas, y la existencia de regímenes carcelarios diferenciados, junto con agregar, a las sanciones penales para los condenados por esos delitos, la inhabilidad para acceder a distintas prestaciones sociales.
Aunque la reforma propuesta deja a leyes de quorum calificado determinar las penas y medidas especiales con el objeto de preservar el orden público, dar protección y seguridad a la población y sus bienes, surgen críticas transversales a sus contenidos.
Desde luego, el estado de excepción propuesto contempla una exageradamente extensa duración -hasta 240 días-, siendo decretado discrecionalmente por el Presidente de la República. Pero, además, altera el mandato constitucional respecto de las funciones de las fuerzas armadas, debilitándolas, desnaturalizándolas y poniendo en riesgo la seguridad y defensa nacional al incluirlas en operaciones policiales para las que no están destinadas ni preparadas, actuando en conjunto con las policías, sin aclarar los mandos operativos entre las instituciones. Asimismo, el eventual estado de excepción permitiría suspender algunas garantías constitucionales en los territorios, y a personas investigadas. Todo ello sin el debido control por parte del Poder Legislativo -ni tampoco sujeto a revisión judicial- durante el referido extenso período.
Excesiva parece también la mencionada sanción accesoria para los condenados por delitos referidos al crimen organizado, consistente en la privación, durante la condena y hasta por 15 años después de cumplida, de todo beneficio financiado con fondos públicos, afectando los derechos constitucionales a la educación, salud, trabajo y previsión social. Ello arriesga alentar la reincidencia, dificultando gravemente la reinserción y comprometiendo la salud y seguridad de la población. Inquietud, por la mala experiencia internacional, provoca a su vez la formulación de listas de organizaciones criminales y terroristas, con efectos penales para sus integrantes, nóminas que en varios países han servido para cancelar partidos, funcionarios y candidatos a altos cargos públicos y de elección popular.
Algunos especialistas sostienen que la reforma constitucional es innecesaria, siendo posible, con las salvedades antes mencionadas, formular otras medidas eficaces por la vía de la ley, con idéntico propósito. Además, la iniciativa presidencial, al proponer cambios a la Carta Fundamental diseñados a partir de una coyuntura, sienta un precedente riesgoso, hasta contraproducente en sus términos. Ello, no obstante compartir el que Chile efectivamente enfrenta una gravísima e inédita crisis de seguridad, por la irrupción de bandas como el Tren de Aragua y otras organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al narcotráfico, sicariatos y trata de personas, las que actúan capturando territorios y empleando la violencia con propósitos criminales.
También hay coincidencia en que los estados de excepción constitucional de asamblea, estado de sitio, emergencia y catástrofe no parecen apropiados para combatir a las bandas criminales, dejando al Estado privado de instrumentos necesarios para cumplir con su deber de protección a las personas, con los debidos controles y limitaciones.
Ante el cúmulo de críticas, el Gobierno se ha allanado a introducir modificaciones que podrían hacer viable el proyecto de reforma e incluso senadores oficialistas han adelantado acuerdos en ese sentido. Ello, sin embargo, también confirma que en la elaboración de este texto hubo improvisación y ausencia de consultas. Es razonable que el Ejecutivo proponga con urgencia un marco legal y medidas especiales para abordar la grave situación y contener el escalamiento del crimen organizado, pero ello requiere un estudio más acabado, que permita superar la fundamentadas críticas a esta propuesta constitucional.