Criterios dispares, el principal nudo para bajar a la mitad los tiempos para aprobar nuevos proyectos

La falta de certezas sigue siendo uno de los principales obstáculos para acelerar la inversión minera en Chile. Aunque los cambios regulatorios recientes apuntan a reducir los tiempos de tramitación, representantes de la industria advirtieron durante el panel "Minería y permisos: el desafío de las certezas para la inversión", realizado en el marco de Ecos de la Minería de "El Mercurio", que el desafío va más allá del número de permisos.
Criterios dispares entre servicios y evaluadores, procesos sin plazos suficientemente definidos, falta de capacidades en algunos organismos y la judicialización posterior a las autorizaciones siguen sumando incertidumbre al desarrollo de los proyectos. "Yo lo resumo en una palabra: criterio", afirmó Patricio Pinto, director de Asuntos Externos de Kinross. A su juicio, buena parte de las demoras no requiere necesariamente nuevos cambios legales, sino mayor consistencia en la aplicación de las reglas.
"Nos damos cuenta en el día a día, cuando tenemos que tramitar en distintas regiones, que los criterios son distintos, que muchas veces el criterio está en un evaluador. Con las leyes que hay, voy a tener un proyecto evaluado en 18 meses sin ningún problema, y no en cinco años como nos pasa hoy día muchas veces", sostuvo.
El diagnóstico fue compartido por Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, quien planteó que en el corto plazo existe espacio para avanzar mediante gestión, señales claras desde la autoridad y una mayor focalización de los esfuerzos. Como ejemplo, apuntó a siete permisos identificados como críticos por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, debido a que sus retrasos terminan afectando la tramitación de otras autorizaciones. "Esas señales focalizadas en los permisos más críticos son la forma más rentable de obtener beneficios en el corto plazo", señaló Urenda.
Simplificar en base a confianza
Para Cristián Álvarez, country manager de Gold Fields, la experiencia de Salares Norte, mina de oro y plata ubicada en la Región de Atacama, muestra que esos tiempos pueden reducirse. El proyecto logró tramitar su estudio de impacto ambiental en 18 meses, un resultado que atribuyó principalmente al relacionamiento temprano con las comunidades y otros actores del territorio.
"Ese es un trabajo que se desarrolla probablemente desde la etapa de exploración, donde uno va trabajando en el territorio con las comunidades y los distintos stakeholders (...) para construir una relación de largo plazo y de confianza", explicó. A ello sumó otro factor: mantener estable el alcance del proyecto durante su evaluación.
Álvarez puso como ejemplo la experiencia australiana para simplificar los procesos. Según el ejecutivo de Gold Fields, el modelo se basa en mayor medida en la confianza y en exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos, en lugar de revisar previamente cada aspecto de una iniciativa. "La modificación podría ir por ahí. Buscar simplificar basados en la confianza y entendiendo que las empresas tienen que cumplir con toda la regulación ambiental", indicó.
La certeza, para Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, no necesariamente debe traducirse en la aprobación de un proyecto. Desde la experiencia de Dominga, tras una extensa tramitación ambiental y ahora inmersa en la obtención de sus permisos sectoriales, lo relevante es que las decisiones se adopten dentro de plazos y reglas claras. "La certeza tiene que ser, y esto es bien importante, no solo para aprobar, también debe haber certeza para rechazar", afirmó. Y añadió: "No buscamos atajos, no buscamos pasar por el lado de la ley. Muy por el contrario, lo que buscamos como industria es cumplir a cabalidad con la normativa vigente, porque además eso nos da legitimidad social para operar". Consultado sobre si prefería un rechazo temprano antes que mantener durante años la incertidumbre sobre el futuro de una iniciativa, Villalón respondió: "Por supuesto".
Comunidades y certezas
Las consecuencias de una tramitación prolongada también alcanzan a los territorios donde se emplazan los proyectos. En el caso de La Higuera, comuna donde se proyecta Dominga, los indicadores sociales muestran brechas respecto de los promedios regionales y nacionales. Según datos de la Casen 2022, el 29,5% de su población se encontraba en situación de pobreza multidimensional, frente al 16,6% de la Región de Coquimbo y el 16,9% del país.
"El costo y la incertidumbre no son solo para el proyecto minero en particular, sino también para las comunidades. También las comunidades quieren certeza; quieren certeza acerca de si sus hijos van a poder trabajar en un proyecto de estas características", aseguró Villalón.
Para Patricio Pinto, la mirada territorial también exige pensar los nuevos proyectos más allá de los límites de cada faena. En ese contexto, recalcó que existe espacio para una mayor colaboración entre las compañías en infraestructura y formación. "Ya no es solo el cerro, sino también las carreteras, las líneas eléctricas, el agua de mar, la mano de obra y la educación", detalló.
Las reglas después de las reglas
A la tramitación administrativa se suma otro factor de incertidumbre: qué ocurre después de obtenidos los permisos. Según Urenda, la discusión suele concentrarse en cómo agilizar las autorizaciones, pero también es necesario ordenar las distintas instancias de reclamación y acotar sus plazos. "El punto es que haya un derrotero claro en los recursos", advirtió. En esa línea, planteó que, además de los cambios ya aprobados en materia de permisos sectoriales, es necesario avanzar en la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que contempla medidas para limitar los plazos y unificar ciertas vías de reclamación. "Que todos los que tengan un derecho que invocar lo hagan en una instancia específica, con un plazo determinado", ejemplificó.
La aspiración -cerró Urenda- es reducir el plazo promedio de aprobación de un gran proyecto minero, que cifró en 11 años y siete meses. "Reduzcámoslo a cinco años", propuso. El objetivo es que la cartera de inversiones del país, cercana a US$ 100.000 millones, pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos.