Faltan las reformas

Por Jaime De Althaus
En los discursos de la presidenta Keiko Fujimori, el 28 de julio, y del primer ministro Luis Galarreta, anteayer, queda claro qué es lo que quiere el gobierno: un Estado que funcione, que dé buenos servicios, que incluya, que haga obras, que acabe con la criminalidad.Lo que todavía no se expone con claridad son los medios, las reformas necesarias para lograr esos objetivos. Sin un servicio civil meritocrático y sin formas de gestión privada, por ejemplo, es imposible. Se requiere acelerar el tránsito de todos los empleados públicos al régimen del servicio civil, y desprenderse de los que no ingresaron por mérito, sino por amistad o clientelismo. Es más, para poder financiar los enormes gastos no previstos para El Niño, para la adquisición de tecnología para la PNP, las unidades de flagrancia, las nuevas cárceles, la formalización de los mineros informales, etc., se requiere hacer ahorros, cerrar oficinas o programas, reducir gasto improductivo.Un sector como Salud requiere cambios profundos si realmente queremos que se atienda bien a la gente. Es claro que estos cambios están todavía en etapa de diseño y se requiere avanzar con cautela para dar pasos seguros, pero en algún momento se tendrá que explicar y solicitar a las bancadas de oposición más modernas la aprobación de esas y otras reformas. Se requerirá liderazgo político para eso.Explicó Galarreta que el fracaso de la inversión pública regional y local se enfrentará con las recomendaciones que haga una comisión para ese efecto formada en el MEF. Está bien. Y hay otra comisión del MEF para enfrentar la informalidad laboral, que ojalá llegue a acuerdos efectivos. Sería revolucionario. Pero mientras tanto se debe avanzar en la reforma general de la formalidad para incluir a los excluidos, mediante una desregulación profunda del Estado. ¿Qué planes hay para eso?Insistimos en que Fuerza Popular no debe olvidar que nació representando al sector informal emergente, hoy sin representación. Si el objetivo del gobierno es incluir a las mayorías en la formalidad y en servicios eficientes, tiene que dar las batallas para lograrlo, buscando el apoyo de la opinión pública.En seguridad quedó claro que no estamos ante una estrategia militarista como algunos insisten, sino en una basada en más coordinación entre instituciones, más inteligencia, más tecnología, control de lo que ingresa a las cárceles y un marco legal adecuado. La presidenta ya ha presidido tres veces el ?Comando Unificado contra la Inseguridad y el Crimen Organizado?. La primera fue con el fiscal de la Nación y la segunda con la presidenta del Poder Judicial. Emergieron discrepancias insólitas entre el Ministerio Público y la Policía sobre la investigación preliminar, y entre el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre las unidades de flagrancia, en las que los fiscales no creen. Se han formado sendas mesas de trabajo presididas por el ministro de Justicia para arreglar esas diferencias y hacer posible que se castigue y no se libere a los criminales. Recién el Estado se organiza para acabar con la impunidad.La presidenta está liderando las respuestas a los problemas inmediatos. Muy bien. Lo siguiente es empezar a explicar los problemas estructurales y las soluciones de fondo.