Un sistema nacional contra la corrupción

La corrupción es uno de los principales obstáculos para el Perú. Sus efectos trascienden las pérdidas económicas derivadas del uso indebido de los recursos públicos: debilitan la capacidad del Estado, afectan la calidad de los servicios públicos, limitan la ejecución de políticas, desalientan la inversión, incrementan las brechas sociales y deterioran la confianza ciudadana.En los últimos años, el Estado ha desarrollado esfuerzos en materia de integridad pública, transparencia, control gubernamental, investigación y sanción de la corrupción. Sin embargo, estos se ejecutan principalmente desde las competencias de cada institución, con metodologías, prioridades e indicadores de seguimiento distintos. Así, el país aún no cuenta con un mecanismo permanente que articule las capacidades existentes para prevenir, detectar y responder frente a la corrupción bajo una visión común.Frente a este diagnóstico, la propuesta plantea impulsar una reforma nacional para la lucha contra la corrupción, cuyo principal instrumento sería el Sistema Nacional para la Lucha contra la Corrupción: un conjunto de políticas, instituciones e instrumentos destinados a fortalecer la coordinación de las capacidades de prevención, detección y respuesta frente a la corrupción. El sistema no crearía nuevas competencias ni modificaría las atribuciones de las instituciones participantes; su propósito sería fortalecer la coordinación, la interoperabilidad, el intercambio de información, el seguimiento, la evaluación y la mejora continua, respetando la autonomía de cada entidad.Es necesario diseñar una gobernanza del sistema que esté encargada de la dirección estratégica, la coordinación interinstitucional, el seguimiento del desempeño y la adopción de decisiones, apoyada por un mecanismo de soporte técnico que administre el sistema de indicadores y coordine técnicamente con las instituciones. Bajo esta gobernanza se articularían tres subsistemas nacionales: Prevención, orientado a fortalecer la integridad pública, gestión de riesgos, control interno, ética institucional y transparencia. Detección, enfocado en identificar irregularidades mediante auditoría, supervisión, denuncias, inteligencia artificial, interoperabilidad e intercambio de información. Y Respuesta/Sanción, dirigido a fortalecer la investigación, la sanción efectiva, la recuperación de activos, la reparación del daño y el aprendizaje institucional.Esta propuesta se desarrollaría a lo largo de aproximadamente tres años y en tres fases. La primera, de diagnóstico y diseño, sentaría las bases de la reforma mediante un proceso que definiría la arquitectura institucional, el modelo de gobernanza, los indicadores y la hoja de ruta normativa. La segunda, de implementación progresiva, pondría en funcionamiento el sistema, con el fortalecimiento gradual de capacidades institucionales y el desarrollo de protocolos de articulación. La tercera, de consolidación y transferencia, buscaría asegurar que el sistema opere de manera autónoma y sostenible como política de Estado, mediante la evaluación de resultados y la transferencia metodológica a las instituciones.Al concluir, el país contaría con un sistema institucionalizado, una gobernanza instalada, tres subsistemas articulando las capacidades del Estado, un sistema de indicadores para medir resultados, un tablero ejecutivo para la alta dirección del Estado, protocolos de coordinación e interoperabilidad y capacidades institucionales fortalecidas.La articulación de información y el aprovechamiento de tecnologías podrían contribuir. La propuesta plantea dotar al Estado de un mecanismo para enfrentar la corrupción como un problema estructural, consolidando una política pública de largo plazo. Enfrentar la corrupción con una visión sistémica permitiría trascender esfuerzos aislados y avanzar hacia una verdadera capacidad de prevención, detección y respuesta. Fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción no constituye un objetivo separado de las prioridades del país: es una condición necesaria para que el Estado pueda cumplirlas.