Imputados por corrupción y "trama bielorrusa", y expolicías están con Clark en Capitán Yáber

Ningún mensaje anterior a marzo de 2026 en su celular. Ese fue uno de los elementos clave que esgrimió la jueza Paulina Moya el pasado 18 de octubre, mientras leía la extensa resolución que dejó en prisión preventiva a Michael Clark, expresidente de la Universidad de Chile, en el marco del caso Sartor.
Los imputados del caso habrían utilizado dineros de aportantes al fondo con fines personales. En lo que respecta a Azul Azul -concesionaria del club U. de Chile- y Clark, el tribunal acreditó lavado de activos en una triangulación de dineros que movió los fondos de los aportantes desde Sartor a Cerro El Plomo y de ahí a Tactical Sports. Esta última se hizo con el 63% de las acciones que Carlos Heller, expresidente de la "U", vendió en 2021.
El problema surgió cuando el Banco Bci quiso cobrar una deuda millonaria a Sartor -a la cual está ligada Tactical-, por lo que, según imputa la fiscalía, Clark vendió sin una Oferta Pública de Acciones (OPA) las acciones de Azul Azul a Antumalal, para evitar perder el control de la "U". Esto también fue acreditado por la jueza.
Pero fue el hecho de que Clark haya borrado las conversaciones de WhatsApp el que llevó a que el tribunal estimara también que es un peligro para el éxito de la investigación: podría ocultar evidencia. Eso, además de considerar el monto de los perjuicios y que sus conductas son constitutivas de pena de crimen: "Su libertad, entiende el tribunal, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", dijo Moya.
"Me parece una investigación acuciosa, y espero que se ahonde en las relaciones entre Michael Clark, Victoriano Cerda, (Marcelo) Alessandro Pesce y Patricio Kiblisky (vinculados a otros clubes de fútbol chileno), que son absolutamente opacas, al punto que Pesce, que era controlador de Huachipato, el 2022 firmó un contrato con Michael Clark para, entre otras cosas, asesorar a Azul Azul en la adquisición de jugadores, lo cual es totalmente irregular, pues eran competidores", dice el abogado Alejandro Laura, quien representa a un grupo de accionistas que se querelló contra Clark.
A pesar de que la defensa negó los cargos, los hechos anteriores fueron los motivos que llevaron a Clark al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, penal al que ingresó el mismo 18 de agosto, tras la resolución. El penal es codiciado entre imputados y condenados de alta connotación pública y se encuentra casi a tope en sus 16 cupos. De hecho, tras la salida de los involucrados en la "trama bielorrusa", los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, las defensas de los imputados de Sartor Sergio Yáñez y Pedro Pablo Larraín no perdieron tiempo e ingresaron escritos solicitando el traslado desde Santiago Uno al recinto penitenciario.
Los acompañantes
Con la salida de Vargas y Lagos, este medio contabilizó que existen por lo menos 12 internos en el penal que le hacen compañía a Clark, quien mientras este fin de semana la Universidad de Chile y Colo Colo disputaban el Superclásico 200 en la historia del fútbol chileno, no pudo estar en el palco del estadio como solía hacerlo.
Según averiguó este medio, en Capitán Yáber existe televisor -la regulación permite estos aparatos en las cárceles- y se estuvieron realizando gestiones para poder transmitir el encuentro futbolístico.
Entre los acompañantes de Clark en el penal está Gonzalo Migueles, quien habría coordinado los eventuales sobornos de Vargas y Lagos para su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien perdió su cargo por el caso y que el mes pasado abandonó la prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario. En la causa se indagan gestiones y pagos para favorecer a los abogados en el marco de un litigio que perjudicó a Codelco y, en otro caso, favoreció a la Inmobiliaria Fundamenta.
Un inquilino que abandonó hace poco la cárcel fue el exdiputado Joaquín Lavín León. Eso sí, tras ello arribó Arnaldo Domínguez, su exasesor parlamentario imputado en la misma causa por fraude al fisco y otros delitos, en el marco del uso irregular de asignaciones del Congreso que superarían los $200 millones.
TrasladosLos imputados de Sartor Sergio Yáñez y Pedro Pablo Larraín ingresaron a Santiago Uno, pero han solicitado su traslado a Capitán Yáber luego de que Mario Vargas y Eduardo Lagos abandonaran ese recinto.