A investigar en serio

Ricardo Santamaría
El Libro de la Verdad presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella merece la mayor atención. No porque sus señalamientos constituyan condenas —eso corresponde a la justicia— sino porque muestra algo preocupante: patrones de manejo del Estado que pudieron facilitar corrupción, despilfarro y pérdida de controles durante el gobierno de Gustavo Petro. No solamente la izquierda no estaba preparada para gobernar, sino que lo hizo sin el rigor técnico necesario. Al país le fue muy mal con Petro. No lo he leído completo. Apenas lo revisé. El documento tiene 135 páginas y recoge 82 hallazgos. De ellos, 23 corresponden a casos críticos de presunta corrupción o irregularidades contractuales que fueron trasladados a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Los demás incluyen problemas administrativos, fiscales y de política pública. Es un informe serio y documentado. Los números son inquietantes. Veamos algunos. En la Agencia Nacional de Tierras, el informe cuestiona operaciones por $1 billón para adquirir 537 predios provenientes de la SAE. En Santa Marta se puso bajo vigilancia una planta desalinizadora por $786.000 millones, cuyo proceso terminó suspendido por la Procuraduría ante dudas técnicas. Aparece un primer patrón: la contratación acelerada en las postrimerías del poder. El Dapre llegó a declarar hábiles fines de semana y festivos para trámites precontractuales y presupuestales. Y la Agencia de Desarrollo Rural declaró hábil el 8 de agosto, ya con nuevo presidente. Trampas. Segundo patrón: contratos que crecen inexplicablemente. Un proyecto de Fontur pasó de $68.500 millones a $127.700 millones. Tercero: debilitamiento de controles y cuestionamientos sobre la idoneidad contractual. Cenit adjudicó asesoría jurídica por $23.663 millones a una empresa con capital social reportado de apenas $117 millones. Cuarto: burocracia y gasto sin resultados proporcionales. El San Juan de Dios tenía 39 funcionarios que costaban $343 millones mensuales pese a no atender pacientes, mientras se proyectaba llevar la planta a 1.686 servidores. El ICBF expidió 66 nombramientos provisionales en siete días. Y el propio Libro cuestiona una "nómina paralela" cercana a 900.000 contratistas por prestación de servicios. Hay que investigar hasta el final. Y hay más: La destrucción de Ecopetrol, el desastre de la paz total, la situación calamitosa de la salud, el sector energético a las puertas de un apagón. Petro y sus funcionarios tienen derecho a defenderse. Llama la atención el silencio del Pacto Histórico, el partido de Petro y Cepeda. Ni una sílaba. Como tampoco dijeron nada a lo largo del gobierno. Si Cepeda hubiera ganado la presidencia, lo más seguro es que todo esto lo habrían tapado. Esa era la urgencia de elegirlo: Tapar este desastre que ocurrió a lo largo de cuatro años. Mientras esto se conoce y en medio de la tragedia del terremoto, la oposición preocupada por un día del playa de un ministro. Parece un chiste. Y Petro y Cepeda diciendo incoherencias por televisión. Esperamos diligencia con las investigaciones.
Analista.