El impuesto a protegerse

Abogado.
Rodrigo Galarza
Las estimaciones preliminares cifran los daños del terremoto del 10 de agosto en más de 30 billones de pesos: 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas. De esa factura, la industria aseguradora asumiría entre el 20% y el 25% —entre 6 y 7,5 billones de pesos. Esta cifra suena enorme, pero es ridículamente pequeña: significa que 3 de cada 4 pesos del desastre los pagará alguien más: el damnificado con sus ahorros, si los tiene, o el Presupuesto General de la Nación, es decir, todos nosotros. Conviene mirar por qué. Según Fasecolda, en 2024 apenas el 9,3% de los hogares colombianos tenía algún seguro de vivienda: solo 1,65 millones de inmuebles están amparados contra terremoto, de 17,7 millones de viviendas ocupadas. En el Chocó, epicentro del sismo, había 1.214 pólizas. En el Quindío, donde el terremoto dejó más de mil fallecidos y obligó a reconstruir la capital desde los cimientos, la penetración llegó al 18%. Y esa es la mejor cifra del país. Con vehículos el panorama no mejora: una porción alta del parque automotor circula sin SOAT y sin casco, y la póliza para contenidos y menaje doméstico, que también se pierde en un sismo, rara vez está amparada. Una lectura fácil es que los colombianos no toman seguros porque son pobres, negligentes o hasta temerarios. Otra, menos cómoda, es que el Estado castiga con impuestos a quien busca proteger sus activos. Contratar una póliza de daños -incendio y terremoto, hogar y contenidos o de vehículos- causa IVA del 19% sobre la prima: se grava al consumidor por el acto de trasladar el riesgo. La ley excluyó de ese impuesto los seguros de vida, de salud, de accidentes personales y de educación, reconociendo que son bienes meritorios que conviene fomentar. Con el seguro de daños hizo lo contrario. El resultado es una política pública que se dispara al pie: la Nación encarece un quinto el aseguramiento, pero después cubre con recursos públicos el 75% del desastre que esa protección habría absorbido. Recauda poco y, de paso, distorsiona los incentivos privados. El segundo defecto está en el impuesto de renta. Una empresa puede deducir la prima que paga para proteger sus inmuebles, maquinaria y flota (Estatuto Tributario, art. 107). Quien vive de un salario, no: el art. 387 Ib. trae una lista cerrada —intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes— en la que el seguro del inmueble no aparece. La consecuencia es kafkiana. El contribuyente puede descontar los intereses del crédito con el que compró su apartamento, pero no la prima que permitiría recuperar el valor de ese activo si terminara convertido en escombros hipotecados. El sistema premia endeudarse y castiga protegerse. Correcciones Hay tres correcciones posibles, y ninguna es una dádiva para las aseguradoras. Primera: eliminar el IVA sobre las primas de seguros de daños, al menos en los ramos catastróficos —terremoto, inundación, contenidos y vehículos—. No es una idea exótica: el país lo hizo entre 1999 y 2000 para el seguro de terremoto sobre inmuebles del Eje Cafetero. El costo fiscal sería marginal frente a lo que cuesta un sólo evento como el del 10 de agosto. Segunda: deducibilidad plena de la prima, incorporándola como deducción tasada del art. 387 para personas naturales, sin límites. Quien asegure su apartamento debería poder restarlo de su base de renta, igual que hoy resta la medicina prepagada. Tercera: descuento en el impuesto predial y en el de vehículos para quien acredite estar asegurado. Es la pieza que cierra el círculo porque el incentivo lo pone quien más gana: el municipio que otorga tres o cuatro puntos de descuento predial a los inmuebles con póliza vigente está comprando, muy barato, la salida de esos hogares de la fila de la emergencia. Este incentivo puede adoptarse inmediatamente por acuerdo del concejo, sin esperar una reforma tributaria nacional. Nada de esto cierra la brecha de un plumazo: el deducible seguirá dejando parte del daño en manos del asegurado, y la cultura del riesgo no se decreta. Pero la aritmética es difícil de rebatir: cada punto de penetración que ganemos es un punto de daño que no terminará en el presupuesto nacional. Colombia es un país sísmico que grava el seguro sísmico. Corregir eso no cuesta casi nada; insistir en el arreglo vigente sí, y lo paga toda la sociedad.