La Nación, Costa Rica
31 de agosto de 2026
La CCSS no es sustituible. Es una de las bases del desarrollo costarricense y la principal garantía de atención para millones de personas que no podrían financiar los servicios de salud.
Costa Rica envejece más rápido de lo que ha transformado su sistema de salud. Esa es la discusión que debe ordenar el debate sobre la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), más allá de diagnósticos alarmistas, disputas políticas de corto plazo o falsas dicotomías entre atención pública y privada.
La CCSS no es sustituible. Es una de las bases del desarrollo costarricense y la principal garantía de atención para millones de personas que no podrían financiar una consulta especializada, una cirugía, un tratamiento contra el cáncer, una enfermedad crónica o una hospitalización prolongada. Los seguros y hospitales privados pueden cumplir un papel complementario para quienes tienen capacidad de pago; no reemplazan la solidaridad que sostiene la salud universal.
Defender la Caja no significa negar sus problemas. Significa prepararla para el país que ya emerge: uno con menos nacimientos, más personas adultas mayores y una demanda creciente de atención compleja, continua y costosa.
En 2023, Costa Rica tenía 546.225 personas de 65 años o más, equivalentes a 10,6% de la población. Para 2038, ese grupo rozaría el millón: 988.860 personas, o 18,3% del total. El aumento sería de 81% en apenas 15 años.
No se trata solo de una población más grande, sino de una sociedad con necesidades sanitarias distintas. Conforme aumenta la esperanza de vida, crecen las enfermedades crónicas, la necesidad de medicamentos continuos, controles frecuentes, intervenciones especializadas, rehabilitación, cuidados paliativos y acompañamiento de personas en situación de dependencia. El gasto asociado a adultos mayores pasaría de 27,4% del total en 2024 a 38,8% en 2038.
Prolongar la vida es una conquista social, no una carga indeseable. El problema es enfrentarla con un modelo de financiamiento y atención que no se ha adaptado suficientemente. Durante décadas, la Caja se apoyó en una relación más favorable entre población joven, cotizantes y usuarios con mayores necesidades médicas. Esa relación cambia mientras cae la natalidad, la informalidad debilita la recaudación y las cargas sobre la planilla muestran límites como fuente casi exclusiva de financiamiento.
La discusión no debe reducirse a si la Caja está o no "quebrada". La pregunta correcta es si Costa Rica adapta su sistema de salud a la población que tendrá en 10, 15 y 20 años. Bajo las condiciones actuales de morosidad, el estudio actuarial proyecta balances operativos negativos desde 2030 y agotamiento de reservas en 2036. Esperar a la emergencia solo dejará opciones más dolorosas: aumentos abruptos de contribuciones o impuestos, restricciones presupuestarias, deterioro de la oportunidad de atención y listas de espera más largas.
La respuesta exige más que recursos, aunque los recursos importan. El Estado debe reconocer y ordenar su deuda con la CCSS mediante una ruta transparente y responsable. No es aceptable que la institución llamada a proteger a la población absorba obligaciones estatales sin recibir oportunamente el financiamiento correspondiente. La Caja, a la vez, debe mejorar el cobro, combatir evasión y subdeclaración, y diseñar mecanismos realistas para incorporar a la mayor cantidad de trabajadores independientes y personas con ingresos variables.
El reto demográfico obliga también a revisar qué servicios se financian y cómo se organizan. Un sistema diseñado para una población longeva no puede depender solo de hospitales, emergencias y atención tardía. Debe fortalecer prevención, medicina familiar, detección temprana, control de diabetes, hipertensión y cáncer, atención domiciliaria, rehabilitación y cuidados de larga duración. Acompañar bien a una persona en su hogar puede mejorar su calidad de vida, evitar hospitalizaciones costosas y largos tratamientos.
Nada de esto será posible si la CCSS continúa expuesta a improvisación, opacidad, corrupción o reparto político. Cada colón desperdiciado y cada decisión subordinada a intereses ajenos a la salud pública pesan más cuando los recursos deben alcanzar para una población con necesidades crecientes. Defender la institución exige rigor técnico, ciencia, transparencia y rendición de cuentas.
Costa Rica no debe escoger entre una Caja inmóvil y una salud privada inaccesible para la mayoría. Debe construir una CCSS sostenible, moderna y protegida de quienes la han visto como un espacio para hacer política o capturar beneficios particulares. Preparar la Caja para el país que envejece es prepararnos para cuidarnos mejor.
