La Nación, Costa Rica
31 de agosto de 2026
¿Puede aplicarse un cobro diferenciado a propiedades comerciales y residenciales? ¿Debe variar la factura si el local comercial está desocupado? Ente procurador aclaró estas y otras dudas.
¿Las municipalidades deben cobrar el servicio de recolección de basura aún a propietarios de lotes sin construcción? ¿Puede aplicarse un cobro diferente a propiedades comerciales y residenciales? ¿Debe suspenderse el cobro si el local comercial está desocupado? La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció recientemente sobre estos aspectos, luego de una consulta de la alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo.
La primera pregunta planteada por Arroyo fue: "¿Se debe realizar el cobro del servicio de recolección de residuos a todos los predios, mantengan o no construcción?".
Al respecto, la PGR aclaró que las tarifas por la prestación de servicios públicos municipales "deben de ser canceladas por los vecinos del cantón independientemente de que se utilicen por ellos o no, les resulten de interés o no".
El ente procurador fundamentó esta decisión en el "principio constitucional de solidaridad en el sostenimiento de las cargas públicas", ya que, según el artículo 18 de la Carta Magna, "los costarricenses deben contribuir para los gastos públicos".
Por tanto, la primera duda planteada por la alcaldesa quedó rápidamente zanjada: sí, debe cobrarse a todos los vecinos.
La segunda pregunta remitida por la gobernante puriscaleña fue la siguiente: "¿Debe existir una tasa diferenciada para el cobro de dicho servicio a predios que mantenga construcción residencial, o debe cobrarse por igual?".
Para esta consulta, el ente procurador realizó un análisis más profundo, ya que el artículo 83 del Código Municipal sí autoriza a las municipalidades para aprobar su propio modelo tarifario y a establecer sistemas de tarifas diferenciadas que se ajusten "a la realidad del respectivo cantón".
Incluso, el código dice que los ayuntamientos pueden crear su propio sistema de recargos, incentivos y sanciones como parte del modelo tarifario.
No obstante, dicha ley deja claro que la finalidad de las tarifas diferenciadas es "promover que los usuarios separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos". La norma no autoriza a establecer una tarifa diferenciada que dependa del uso del bien inmueble, por ejemplo, si es de uso residencial o comercial.
Así, el ente procurador aclaró la segunda consulta de la alcaldesa Iris Arroyo, pero también respondió la tercera pregunta: "En caso de locales comerciales, ¿debe existir una tasa para cuando el local comercial se encuentra desocupado?".
Tal como explicó la PGR, la Ley de gestión integral de residuos no permite que las municipalidades diferencien en sus tarifas entre propietarios de bienes sin construcción o con construcción; tampoco entre construcciones residenciales o locales comerciales, estén estos ocupados o no.
En síntesis, el pronunciamiento de la Procuraduría dejó claros dos aspectos fundamentales del servicio de recolección de desechos sólidos: tiene que pagarse siempre, y no es posible aplicar cobros diferenciados en ningún caso que no sea única y específicamente el que la ley permite.
