El imputado, que tenía cocaína y alcohol, embistió a una moto la cual iba conducida por una mujer de 60 años, quien falleció. Autoridades sostienen que la respuesta fue "ágil y adecuada".
El caso del
militar que
causó la muerte de una mujer en un siniestro de tránsito cuando circulaba en su vehículo con
tres menores que habían salido sin autorización de un centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (
INAU) volvió a encender la alarma pública sobre la protección de los jóvenes que residen en centros del organismo.
El
sargento, un hombre de 40 años que vive en
Las Piedras y trabaja en la
Escuela de Comunicaciones del Ejército, fue
imputado el martes como presunto autor de un delito de
homicidio culposo en reiteración real con un delito de
suministro de sustancias estupefacientes agravado. Se dispuso como medida cautelar la
prisión preventiva por 120 días.
Según el relato de los hechos que hizo la
Fiscalía en la audiencia de formalización, el sargento salió en auto con un amigo en la noche del domingo. Ante la Justicia,
el hombre no quiso identificar a esta segunda persona, según relató, en declaraciones a El País, Roberto Placeres, abogado defensor de la familia de la mujer de 60 años que falleció.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante la recorrida los dos hombres encontraron a las tres menores en una calle de la ciudad canaria y las subieron al auto. Allí
les ofrecieron cocaína y alcohol que ya tenían en su poder.
La
joven de 17 años consumió cocaína, mientras que las otras dos tomaron alcohol. Hasta donde se pudo determinar, todo sucedió dentro del vehículo del sargento y su amigo.
Ante la consulta de El País, Placeres indicó que la fiscal no mencionó en ningún momento que las menores hayan participado en algún tipo de acto sexual a cambio de una retribución, sin perjuicio de que este aspecto pueda seguir investigándose mientras el sargento cumple la prisión preventiva. La sospecha de un posible delito de
explotación sexual suele estar latente en este tipo de casos.
Sobre las 5:00 de la mañana del lunes ocurrió el choque. El sargento
manejaba a toda velocidad a contramano con las tres menores en el vehículo, hasta que impactó contra una moto en las calles Dr. Pouey y Colman, lo que provocó la
muerte instantánea de la conductora. Antes, casi choca contra otro motociclista que logró esquivarlo y cayó al pavimento, sufriendo heridas leves.
El sargento
se negó a someterse a una espirometría, ante lo cual la Justicia le ordenó un examen de sangre completo.
Por otro lado, durante la audiencia, el magistrado hizo lugar a un pedido de Placeres y trabó un
embargo genérico sobre el militar con el fin de resarcir a la familia de la víctima.
El militar estaba en sus horas libres cuando ocurrieron los hechos. Fuentes del Ejército confirmaron a El País que se le iniciará un
sumario administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Dicha disposición establece que "en todos los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un militar o de condena ejecutoriada que no implique de pleno derecho la pérdida del estado militar, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y situación del mismo, a efectos de determinar la baja".
Las fuentes aseguraron que los delitos que se le imputan al sargento son "incompatibles" con su permanencia en las filas del Ejército.
De acuerdo con lo que indicaron desde INAU a El País, las menores pidieron salir en la noche del domingo pasado, pero la solicitud fue rechazada por los funcionarios del centro donde residían. Sin embargo, tras insistir, terminaron por retirarse de todas formas en una
salida no autorizada.
El organismo enfatizó que, más allá de la negativa inicial, los trabajadores
no tienen facultades para obligar ni forzar a los niños y adolescentes a quedarse en los centros, los cuales son todos, por definición, de "
puertas abiertas".
"No están restringidos. Y no se fugan porque
no son presos, son salidas no acordadas", estipularon desde INAU.
La adolescente de 17 años, a diferencia de las otras dos, tenía antecedentes por salidas no acordadas e incluso por consumo de sustancias, por lo que el caso se consideró de "
riesgo alto" apenas se consumó la salida.
Actualmente, la joven ingresó a una clínica de atención a problemáticas psiquiátricas agudas.
Existen varios elementos de alarma que hacen sospechar a las autoridades que es víctima de explotación sexual, motivo por el cual la investigación, por carriles paralelos, se extenderá más allá del siniestro de tránsito.
El directorio del INAU se reunió este miércoles para analizar la situación y se encuentra en pleno relevamiento de cuál fue el recorrido exacto de las menores.
Cambios al protocoloEl INAU publicará en setiembre un nuevo protocolo de acción ante salidas no autorizadas en sus centros, en el cual viene trabajando desde hace meses. Mauricio Fuentes, vicepresidente del organismo, se refirió al tema durante la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
"Estamos en la recta final de lo que es la reelaboración del protocolo para las salidas no acordadas. (...) En este caso, entendemos que la intervención que se hizo ante la situación fue ágil y adecuada, pero también consideramos que es una dimensión que evidentemente requiere del trabajo y de la revisión por parte de todo el instituto", sostuvo, según consta en la versión taquigráfica.
Esta actualización del protocolo, que por el momento está siendo validada con otros organismos como el
Ministerio del Interior, incluirá "más de 20 indicadores" que condicionarán el diagnóstico de la situación, explicaron desde INAU, para adaptar la respuesta institucional.
"La sospecha o la presunción de una posible situación de explotación sexual comercial es uno de los indicadores de mayor riesgo que se ponderan al momento de calificar si una salida no acordada debe o no ser denunciada de manera inmediata", explicó Fuentes.
Hoy en día, el procedimiento consiste básicamente en denunciar la salida principalmente en caso de que el menor no haya vuelto en el tiempo indicado para que la Policía pueda localizarlo. Luego, se procede a una evaluación médica.
El País, Uruguay
3 de septiembre de 2026
