El resistido fin de los cargos vitalicios

De modos inesperados, la entrada en vigencia de la anhelada reforma al sistema registral y notarial chileno ha vuelto a poner en evidencia el inmovilismo en el que se refugian algunos de sus principales actores. La normativa logró, con no poca dificultad, establecer la regla universal de retiro a los 75 años para los auxiliares de la administración de justicia. No obstante, el principal escollo que enfrentó esta legislación sigue plenamente activo: lo que un exministro de Justicia llamó un "feroz lobby " de los incumbentes que, aunque no pudo frenar el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos y un tope etario, sí logró neutralizar parte relevante de los esfuerzos por regular y modernizar el servicio mismo, el cual los ciudadanos padecen a diario producto de su alto costo, su alarmante obsolescencia y su burocracia.
En este contexto, más allá de cuál sea el mérito jurídico de las alegaciones que notarios y conservadores han presentado en los tribunales, llama la atención el denodado empeño de personas que superan largamente los 75 años por aferrarse a sus cargos. No se trata de profesionales que defienden un oficio modesto del cual dependen para subsistir, sino de personas que durante 30, 40 o casi 50 años han mantenido cargos que en Chile operan como monopolios territoriales, con aranceles fijados sin competencia y utilidades que superan largamente los ingresos de cualquier alto ejecutivo. Ya el año pasado, luego de aprobada la ley y cuando esta era revisada por el Tribunal Constitucional, varios formularon presentaciones en las que acusaron una supuesta vulneración de sus derechos, mencionando, entre otros, la libertad de trabajo y el acceso a la función pública. No habiendo tenido éxito esos intentos, las acciones por objetar la norma han continuado. En abril de este año, por ejemplo, el conservador de bienes raíces de Santiago, junto a una notaria, presentaron un amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto, con el argumento de que la disposición en cuestión vulnera "gravemente el derecho fundamental de ciertas personas a desarrollar una actividad económica lícita". Ahora, el mismo conservador ha invocado la Ley Zamudio, contra conductas discriminatorias, en una causa ante el 28 juzgado civil de Santiago. La jueza a cargo resolvió ingresar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para que este se pronuncie respecto de los efectos específicos que la norma sobre retiro obligatorio tendría para ese funcionario. Otros notarios y archiveros han seguido un camino similar.
El intento por motejar de arbitrariedad la simple aplicación de un límite etario para la función pública resulta desconcertante. Es cierto que hace un par de años hubo una reacción general de desaprobación cuando, dentro de una ley de reajuste para el sector público, se aprobó, sin mayor discusión, una norma general sobre jubilación obligatoria para todos los funcionarios mayores de 75 años, la cual aplicaba incluso para las universidades del Estado. Evidentemente resultaba un despropósito imponer una disposición de esa amplitud a instituciones y cargos disímiles, cuyos requerimientos son de naturaleza tan distinta como pueden serlo una cátedra universitaria o la jefatura de un servicio público. Por el contrario, en el caso de la reforma notarial, el límite de edad está establecido desde 1995, bajo la lógica de aplicar a los auxiliares de la administración de justicia el mismo tope que rige para los miembros del Poder Judicial. En esa ley, se incorporó una disposición transitoria para que la norma no aplicara en el caso de quienes ya se desempeñaban en el servicio en forma previa. Los treinta años transcurridos desde entonces parecen, sin embargo, un tiempo razonable para terminar con dicha excepción.
La sorprendente resistencia a esta medida da cuenta de las dificultades que enfrenta la implementación de la reforma registral. Otra muestra, sin duda preocupante, es lo que ha ocurrido con recientes concursos, ahora a cargo del Servicio Civil, para proveer notarías, que han sido declarados desiertos por el bajo nivel técnico de la mayoría de los postulantes. Es de esperar, con todo, que estos obstáculos no impidan el avance de cambios que son necesarios para terminar con un statu quo ya insostenible.