¡A derogar se dijo!

Fue tal la avalancha de decretos del gobierno Petro, a semanas de su salida, que el país aún no se ha enterado de todo lo que se expidió irresponsablemente, en medio de una inédita maratón reglamentaria. El actual secretario jurídico de Palacio, Andrés Barreto, reconocido por su rigor jurídico, apenas debe estar terminando de leer semejante herencia, llena de cangrejos y otras especies. Baste decir que, mientras en todo julio se expidieron 92 decretos ejecutivos, en apenas cuatro días de agosto se dictaron 87, muchos de ellos verdaderos mamotretos, sobre las más diversas materias. En sus estertores, el Mininterior se ocupó de expedir decretos sobre la política de infancia y adolescencia para los pueblos indígenas y la adopción del "Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos", lo que habría sido muy útil en su momento, para salvaguardar durante los cuatro años de Petro a estos sectores sociales que demandan especial protección constitucional. El Ministerio de Ambiente optó por afianzar sus dogmas. Reglamentó el cierre de minas, endureció el régimen de concesión de aguas, y, sin conocer el criterio del nuevo gobierno, estableció los tiempos para dar cumplimiento a las metas de reducción de emisiones y adaptación de Colombia ante la Convención Mundial de Cambio Climático. El más prolífico, sin duda, fue el cuestionado Antonio Sanguino, a quien no le bastó su reforma laboral y, en sus últimos días ministeriales, se encerró a redactar decretos para hacer más estragos. Entre otros, para hacer crecer artificialmente el sindicalismo, señaló que los pactos colectivos solamente proceden si conceden menores beneficios a los otorgados en las convenciones colectivas e impuso el cobro de las cuotas sindicales a trabajadores no sindicalizados, violentando el derecho constitucional a la libre asociación. Lo más pintoresco ocurrió con la reglamentación para el trabajo doméstico: impuso la rotación del trabajo en los hogares; les exigió llevar un complejo sistema de gestión de seguridad y salud; estableció la obligatoriedad de un registro de trabajo suplementario en cada vivienda y reglamentó las visitas de "inspección al hogar" por parte de inspectores del trabajo, para invadir la intimidad familiar. El colmo corrió por cuenta de la interina ministra Rusinque, quien aprovechó su fugaz paso por la cartera de Justicia para nombrar notarios a diestra y siniestra, satisfaciendo los apetitos palaciegos y los del Pacto Histórico, como lo ha denunciado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. Hasta a Inti Asprilla se le confió la fe pública. Tiene razón el Gobierno en auditar tales designaciones. En Cartagena, por ejemplo, se cuestionan los nombramientos efectuados en las notarías Tercera y Sexta, que allí vinculan a un dirigente conservador que votó por Cepeda. En el caso de la notaria sexta, Karina Vásquez Buelvas, debería revisarse, más allá del compadrazgo político, si su entorno familiar ha estado vinculado a múltiples escándalos en Bolívar, entre ellos un famoso caso de corrupción que involucró a toda la cúpula de la capital de Bolívar en el 2017. Otro de los enigmáticos nombramientos es el de Érika Andrea Macías Cárdenas, que en el pasado gobierno fue nombrada sucesivamente en tres notarías de Bogotá (14, 48 y 38) y a quien, en distintos medios, se la ha asociado al esquema de seguridad de Petro. Con razón se cuidaron de no adelantar el concurso púbico de notarios. De paso, el Gobierno está en mora de derogar el Decreto 369, de abril de este año, mediante el cual Petro se obstinó en traer buena parte de las reservas pensionales invertidas en el exterior y que han generado importantes rentabilidades para las cuentas pensionales de los trabajadores. En la actual coyuntura cambiaria sería un despropósito mantener la orden de monetizar 25.000 millones de dólares. No solo se profundizaría la revaluación del peso, sino que, a la tasa de cambio actual, se liquidarían importantes pérdidas en contra de los usuarios del sistema privado de pensiones. Hay, pues, mucha producción normativa para echarle tijera. Taponazo. Por decisión judicial, la guerrilla tiene el incentivo de seguir reclutando niños, para impedir los bombardeos del Estado. ¡Vaya manera de defenderlos!
Maratón de decretos
Néstor Humberto Martínez Neira
El colmo corrió por cuenta de la interina ministra Rusinque, quien aprovechó

su fugaz paso

por la cartera

de Justicia para

nombrar notarios a diestra y siniestra, satisfaciendo los apetitos palaciegos.