Casos Begoña, Zapatero y Leire: las causas que vuelven a tribunales y presionan a Sánchez

Acabado el "parón" casi generalizado que se produce en España durante las vacaciones de verano (boreal), el gobierno de Pedro Sánchez sabe que entre los principales temas que volverán a su agenda está el incómodo listado de causas de corrupción que lo salpican. El inicio de un nuevo año judicial esta semana estará marcado por etapas definitorias en los casos que afectan a la esposa del mandatario, Begoña Gómez; al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y la arista que investiga un supuesto entramado al interior del Partido Socialista (PSOE) para obstruir la justicia, en lo que coincidirá con el último año de un gobierno desgastado por los escándalos.
El acto que dará inicio al nuevo curso judicial tendrá lugar este jueves, a partir de hoy lunes la atención estará puesta en el "caso Begoña", el más personal de todos los escándalos que golpean a Sánchez. Imputada en junio por malversación y tráfico de influencias por supuestamente ayudar a un empresario cercano a obtener contratos públicos, Gómez tiene hasta hoy para presentar su escrito de defensa ante el juez Juan Carlos Peinado, quien lidera la causa.
Peinado tiene pendiente dictar la apertura del juicio oral en contra de Gómez, algo que se da por hecho que ocurrirá antes del 27 de septiembre, fecha en la que el magistrado está obligado a jubilarse debido a que cumplirá 72 años, edad máxima para ejercer el cargo. Será un tribunal de Madrid el que determine la fecha del juicio.
Sánchez y miembros de su gobierno se han mostrado duros con el juez Peinado y con todo el proceso de investigación. Este fue el caso que llevó al líder socialista a amagar con su renuncia en abril de 2024, y ha sido uno de los escándalos más señalados por los opositores a la hora de criticar a Sánchez por la corrupción.
Igualmente incómoda seguirá siendo la investigación contra el expresidente Zapatero (2004-2011) por su supuesta intermediación en rescate de la aerolínea española de capital venezolano Plus Ultra, durante la pandemia de covid-19. Convertido en el primer expresidente español de la historia en ser imputado por la justicia, por el delito de tráfico de influencias, Zapatero negó ante el juez José Luis Calama que haya recibido comisiones ilegales para usar su influencia dentro del PSOE para que el gobierno aprobara el rescate de 53 millones de euros.
Sin embargo, entre hoy y mañana martes se llevarán a cabo las interrogaciones a los mandamases de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, quienes en escritos enviados al juez Calama apuntaron al pago de comisiones a Zapatero y se abrieron a colaborar con la justicia. Las declaraciones de ambos asoman como trascendentales en el futuro próximo del exmandatario.
Los ojos puestos en el interior del PSOE
Poco tiempo después, la atención pasará al llamado "caso Leire", que investiga la presunta trama dirigida por la exmilitante del PSOE Leire Díez y la ex mano derecha de Sánchez y número tres del partido, Santos Cerdán, para obstaculizar algunas de las investigaciones más delicadas para el partido y el gobierno.
El miércoles, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, deberá testificar ante el juez Santiago Pedraz para explicar una serie de pagos autorizados por el partido que habrían sido destinados a Díez, quien se encargaba de reunir información comprometedora de miembros clave de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para usarla en su contra.
Según el periódico ABC, si del testimonio de Fuentes se desprenden indicios de que el PSOE se benefició de actividades ilegales de Díez, el partido podría acabar siendo investigado como persona jurídica.
"Al gobierno de seguro le seguirá inquietando la posibilidad de que surjan nuevas revelaciones en las investigaciones que le afectan, porque la tendencia de los últimos dos años nos ha mostrado que los escándalos han ido a peor para el PSOE. Hay que recordar que muchas de las aristas y casos nuevos que conocemos hoy se desprendieron de otras causas anteriores", dice el politólogo de la Universidad de Murcia Francisco Jiménez.
Una carga en el último año de gobierno
Sánchez y sus más cercanos rechazan un adelanto de elecciones, como exige la oposición, y también aseguran desconocer todos los escándalos de corrupción, pero el desgaste que esto significa al gobierno será más decisivo que nunca en este nuevo ciclo judicial, al tratarse del último año en el poder del actual Ejecutivo.
Las elecciones de 2027 tendrán que llevarse a cabo a más tardar el 22 de agosto, y entre las principales encuestas de opinión todas a excepción de las llevadas a cabo por el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas dan como claro ganador de los comicios al Partido Popular (PP, centroderecha), con altas posibilidades de gobernar junto al derechista Vox. El PSOE, en tanto, perdería hasta una veintena de escaños en el Parlamento.
"La apuesta de Pedro Sánchez es de atrincherarse a la espera de que ocurra algo que cambie el panorama electoral a su favor, o de algún error grave del PP, pero eso no ha pasado y sería muy difícil que pase ahora. Si los escándalos continúan manchando la imagen del PSOE, el discurso del Presidente de que en su gobierno no hay una corrupción sistemática seguirá perdiendo credibilidad (si es que aún la tiene entre quienes no son votantes duros del PSOE), y llegará muy dañado a las elecciones", dice Francisco Sánchez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia.
ADELANTO
Sánchez rechaza adelantar elecciones, como exige la oposición, y dice desconocer los casos de corrupción.
Sentencia a escándalo del PPEl nuevo año judicial también estará protagonizado por la sentencia del caso "Kitchen", uno de los últimos grandes escándalos que alcanza al Partido Popular (PP), y que gira en torno a esfuerzos dentro de esa agrupación para utilizar medios del gobierno para obstaculizar la investigación de la trama de corrupción "Gürtel", clave en la caída en 2018 del último Ejecutivo encabezado por el PP, con Mariano Rajoy (2011-2018) al mando.
El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y otros miembros de la plana mayor del ministerio durante el gobierno de Rajoy se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel, acusados de haber desplegado un esquema "parapolicial" para espiar al tesorero del PP Luis Bárcenas, con el objetivo de robarle documentación "comprometedora" sobre el caso "Gürtel".
La sentencia de este caso se espera para los primeros meses tras el inicio del nuevo curso judicial.