Las autoridades han puesto en la mira los convenios con el centro educativo de Jerusalén, que está suspendido, y Tel Aviv, que Humanidades pide revocar. La oposición critica que "no es por cuestiones académicas".
Jerarcas del gobierno se refirieron esta semana en diferentes instancias al vínculo con la
Universidad Hebrea de Jerusalén y la de
Tel Aviv, ambas de
Israel, cuyos convenios han estado en la mira del oficialismo, principalmente por la situación de conflicto en
Medio Oriente y las acciones lideradas por el primer ministro
Benjamin Netanyahu en la
Franja de Gaza desde el ataque del grupo terrorista
Hamás en octubre de 2023.
No obstante, las relaciones con ambos centros educativos se encuentran en circunstancias distintas. Este miércoles, el rector de la
Universidad de la República (Udelar),
Héctor Cancela, compareció en el Parlamento por el pedido de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) para que se
revoque el convenio con la Universidad de Tel Aviv, el que fue suscrito en 1985.
"
Hace más de 10 años que no se hace una actividad en ese marco específico", dijo en rueda de prensa a la salida de la comisión de Educación y Cultura de Diputados.
Al respecto, dijo que el pedido de la FHCE ha pasado por estudios jurídicos y de relaciones internacionales en la propia Udelar, y "en las próximas semanas el tema entrará al
Consejo Directivo Central (CDC)" para "evaluar esa situación y definir si acompaña o no esta propuesta de la facultad".
Cancela también remarcó que institucionalmente la Udelar "
ha tomado posturas claras sobre las situaciones en la Franja de Gaza, sobre la necesidad de llegar a procesos de paz y de evitar la violencia".
"Ha caracterizado, siguiendo decisiones internacionales como de la Corte Internacional de Justicia, el hecho que realmente
se está produciendo una situación de masacre, posiblemente de
genocidio en ese sitio. Tenemos una postura tomada que efectivamente nos pone en la situación de decir que este proceso tiene que detenerse y tenemos que garantizar la vida y la paz de todas las personas que viven en esa región", declaró.
El diputado colorado
Felipe Schipani, presidente de la comisión, aseguró a El País que el decano de la FHCE,
Nicolás Duffau, quien también compareció junto a Cancela "respondió que la Universidad de Tel Aviv colabora con la defensa de Israel".
"Entonces le dije que no es por
cuestiones educativas o académicas, sino por
política exterior. Me llama la atención, teniendo en cuenta que lo que se dice es que se está contribuyendo a la violación de los derechos humanos, que no se haya nunca planteado, por ejemplo, revocar los convenios que tiene la Udelar con la Universidad de
La Habana (Cuba), o de
Nicaragua", expresó.
En el caso de la Universidad Hebrea de Jerusalén, desde Presidencia dieron explicaciones al respecto en el Parlamento el lunes pasado. La oposición consultó por la
suspensión del acuerdo de cooperación con la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en agosto de 2025.
Por entonces, el gobierno argumentó que la decisión de "
impasse" se tomó "por la situación que se está dando en Medio Oriente", según dijo en una rueda de prensa
Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Esta semana, el secretario de Ciencia y Valorización del Conocimiento,
David González, expresó razones técnicas.
"El modelo mucho más que un convenio parecía una
contratación de servicios", aseguró el también integrante del directorio de la ANII, en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del
Senado, donde se trata la
Rendición de Cuentas.
Según el jerarca, en la agencia se analizó la "
conveniencia" y se decidió que "
no era el mejor acuerdo". "La plata ya estaba girada. Miramos qué intención podía haber de parte de emprendedores para asistir a esos cursos. La Udelar especialmente dijo que no iba a participar. Se vio la posibilidad de que lo hiciera una universidad
privada. Tampoco era una cosa por la cual la gente estuviera
deseosa y
pidiéndola", describió.
En ese sentido, indicó que, de los US$ 130.000 aprobados, había
gastos llamativos: "US$ 24.000 para el
alquiler de una oficina dentro de la universidad, US$ 30.000 para el
salario de un coordinador dentro de la universidad, un instructor ejecutivo con US$ 12.000; otro instructor de menor jerarquía, US$ 7.500; una persona de Uruguay que actuaría como instructor, también US$ 7.500".
De todas formas, González dijo que "
siempre habrá posibilidades de retomarlo", pero "habrá que analizar otra vez las condiciones", para ver "
si es conveniente o no".
Desde la oposición, el senador nacionalista
Javier García criticó que la respuesta no fue "lo que dijo el gobierno uruguayo", que "puso otra consideración que fue
estrictamente política".
"La única razón es
política e ideológica. No digamos lo que no es. No nos pongamos en una actitud de soberbia académica cuando ni picamos al lado de Israel en materia de innovación y de tecnología", consideró.
El País, Uruguay
10 de septiembre de 2026
