El Partido Nacional planteó implementar la medida, lo que implicaría un cambio en la Constitución; para ello, se piensa el camino de la aprobación en el Parlamento y, en una segunda instancia, una consulta popular, que sería la tercera sobre este asunto
Una vez más, se instaló el debate sobre habilitar los
allanamientos nocturnos, incluso después de que se hayan hecho consultas populares sin éxito en las últimas dos elecciones. La discusión volvió a la agenda después de que el
Partido Nacional, a través del presidente del directorio, Álvaro Delgado,
le planteara el miércoles al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional, que habilitaría, de aprobarse en el Parlamento, la realización de un plebiscito para modificar la Constitución.
Un poco menos de 24 horas después, el mandatario aseguró
después de reunirse con los intendentes, con el foco puesto en el impacto del fenómeno climático El Niño que no se niega a "analizar nada que pueda contribuir". Asimismo, se mostró abierto al debate sobre la medida y comentó que no cierra "nunca" la "puerta al diálogo" porque el tiempo y el crimen ha cambiado.
De la posibilidad de generar esa comisión multipartidaria que pidió el Partido Nacional, opinó que "cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país por el tema que sea, siempre es bienvenida en la Presidencia".
En Uruguay hubo dos plebiscitos por allanamientos nocturnos: en 2019 como parte de la campaña "Vivir sin miedo" que impulsó el fallecido
Jorge Larrañaga y en 2024 una propuesta que promovió la coalición republicana. En ambos casos las iniciativas no tuvieron el 50% más uno de los votos necesarios para su aprobación.
El camino que propone el Partido Nacional es aprobar una ley constitucional con dos tercios de los votos de la asamblea general, para lo que se precisaría el apoyo de al menos parte del
Frente Amplio, según la integración actual del Parlamento. De conseguir la mayoría absoluta, se pasaría al siguiente paso: una consulta popular en la que la ciudadanía vota si se habilitan los allanamientos nocturnos.
Antes de hablar el presidente, desde el Partido Nacional se reafirmó la idea sobre la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos. El senador
Javier García, quien lideró el planteo de retomar la propuesta, apuntó que "no resiste el más mínimo análisis" que hoy se "regale a los delincuentes", "por no poder allanar de forma nocturna, 12 de las 24 horas del día". Tiempo en el que señaló se "refugian, destruyen pruebas o trafican drogas o armas". "Nadie puede entrar porque hay una prohibición, que es constitucional y viene desde hace 200 años, cuando no había luz eléctrica", añadió.
En el Partido Colorado también surgieron respaldos a la iniciativa. El senador
Pedro Bordaberry consideró que la imposibilidad de realizar allanamientos nocturnos es un "problema en el combate a los narcotraficantes". "Fijate que no se pueda entrar a un lugar donde se vende droga de noche, ni siquiera con orden del juez, parece ser una norma que tiene demasiado tiempo. Ojalá se saque porque no es claro", indicó en rueda de prensa en el Parlamento, y, a su entender, "siempre se puede volver a plantear" y "está bueno que los uruguayos voten".
En tanto, en el Frente Amplio priman los reparos. El senador
Eduardo Brenta aseguró que, por un lado, como partido no se van a "negar a analizar ninguna propuesta", pero, al mismo tiempo, no ven que sea un "elemento que efectivamente contribuya a una mejora sustantiva al combate al crimen organizado". Asimismo, continuó, es una "herramienta que no ha demostrado en ningún lado ser efectiva y, de hecho, ha habido dos instancias de plebiscito rechazadas".
"Sabemos, además, que en la propia Policía hay resistencia a este tipo de medida por el riesgo que significa y porque no demuestra resultados importantes. Sí nos parece que hay otros aspectos a considerar, siendo uno de los más importantes el funcionamiento de la Fiscalía. En estos días hemos advertido una serie de discusiones entre la fiscal subrogante (Mónica Ferrero) y otros fiscales a partir de un planteo hecho aquí en el Parlamento", planteó el legislador frentista.
De su mismo partido, el senador
Daniel Caggiani afirmó en su cuenta de X que "personalmente no tendría problema en analizar la propuesta siempre y cuando se incluya también en el acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo Fiscal de Corte por parte del Senado".
La mención de Caggiani a Fiscalía es porque el sistema político no logra acordar un nombre para la
fiscal de Corte para lo que se precisa tres quintos de los votos del Senado, que hoy no tiene un solo partido y el cargo está en manos de la subrogante Ferrero.
El País, Uruguay
11 de septiembre de 2026
