La compañía ya analiza los daños generados al afectar el atraque de una quincena de buques desde fines de enero hasta la fecha; la resolución del Ejecutivo, en tanto, se alcanzó luego de realizar consultas jurídicas.
El
conflicto en el puerto de Montevideo empieza a ser un componente no solo habitual en los titulares de prensa sino también de la operativa diaria de la terminal desde hace meses, más allá de que, en este preciso momento en esta última semana, donde las negociaciones fueron intensas en el Ministerio de Trabajo, el
Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) no está aplicando ninguna medida de protesta y, por tanto, complicando ahora el funcionamiento del muelle especializado de contenedores a cargo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Las conversaciones de estos últimos días, que se llevaron adelante en forma bipartita y tripartita, no condujeron a ninguna parte en lo esencial el conflicto de fondo, que es un convenio colectivo que entre otras cosas fijará una nueva cantidad de jornales mínimos asegurados para los trabajadores, pero sí tuvieron un efecto concreto, especialmente sensible para TCP y en particular para su socio mayoritario, Katoen Natie. Que se establecieran, vía resolución del Poder Ejecutivo, unas c
ondiciones mínimas de funcionamiento que aseguraran la operatividad del muelle de TCP.
Ahora bien, esto tiene lugar luego de días de especulación sobre si el gobierno daría o no el paso que la empresa finalmente solicitó este jueves que se declarara la esencialidad, a partir de declaraciones realizadas por el subsecretario de Trabajo en el Parlamento
Hugo Barretto que
cayeron mal en Katoen Natie, donde entienden que, a juzgar por varios gestos y expresiones públicas de integrantes del gobierno de
Yamandú Orsi, el Ejecutivo ha tomado partido por el sindicato.
Lo que dijo Barretto fue que "nadie" había pedido hasta ahora la declaratoria de la esencialidad además de justificar las "perturbaciones" que toda huelga produce, lo que fue leído por TCP como una "arenga" a que el gremio continuara con sus medidas, y que "ni siquiera la empresa" lo había hecho. Y la firma respondió, horas después, pidiéndola.
El gobierno estuvo analizando esta semana qué viabilidad jurídica tenía la aplicación de la esencialidad en el puerto, un sector económico que no está incluido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como aquellos pasibles de ser, justamente, declarados como esenciales. Fueron consultas que se hicieron desde la Torre Ejecutiva a especialistas en la materia, y que concluyeron en la determinación que terminaron adoptando, ayer, los ministerios de Trabajo y Transporte y Obras Públicas: una resolución de "carácter transitorio y limitado" que definió los "servicios mínimos" que deberán garantizarse en la terminal (ver recuadro).
"No ha sido común en el país" esta definición, dijo la ministra
Lucía Etcheverry este viernes, en rueda de prensa.
Sin embargo, esto estuvo lejos de conformar a la empresa, que continúa viendo un panorama poco claro a futuro, pero que además profundizó las molestias con la cartera que lidera J
uan Castillo y que secunda Barretto, por lo "tardía" que fue esta medida.
"
Esto es una voltereta en el aire", resumió en diálogo con El País
Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie. "No tuvieron más remedio y esto, en definitiva, para nosotros, es una declaración de esencialidad". Pero es una "esencialidad lavada", agregó, porque, para la firma, al no establecerse mecanismos de "control", cuando sobrevengan nuevos paros o asambleas y no se cumplan con lo mandatado, "el gobierno deberá permitir que la empresa tome las medidas que entienda pertinente" para llegar a las exigencias de los servicios mínimos, y entonces se aplicará "una esencialidad por la vía de los hechos".
Pero jurídicamente no lo es y lo que se aplicó, dijo por su parte Etcheverry, plantea una "lógica distinta" a la esencialidad, ya que no están en juego aspectos como "la seguridad, la vida o la salud". "Estamos hablando de servicios mínimos" "Estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y de exigir a ambas partes, porque el conflicto es del sindicato pero también es de la empresa que tienen que acordar sobre la base de garantía de menor afectación de los servicios", remarcó la ministra, que dijo haberse recorrido el "camino que corresponde de seguir los lineamientos que establece la
Organización Internacional del Trabajo", valoró la jerarca.El conflicto de fondo, mientras tanto, está lejos de solucionarse, y el asunto continúa preocupando puertas adentro del gobierno.
El País, Uruguay
12 de septiembre de 2026
