El astillero presentó una demanda en Vigo para que se investigue a la empresa de papel y a las demás firmas que, de acuerdo a su versión, le gestionaron la constitución del aval.
El caso
Cardama es probablemente el episodio que mayor confrontación ha generado entre el
oficialismo y la
oposición a lo largo de estos meses. La causa ha derivado en varias
causas judiciales a nivel nacional y en una
demanda internacional.
En el centro del diferendo, y como una de las principales razones que llevaron al
Poder Ejecutivo a rescindir el
contrato con el astillero español en febrero de este año, luego de la conferencia de prensa realizada en
octubre de 2025, estuvo la
garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, que se corroboró era falsa y había sido emitida por una firma de papel:
Eurocommerce.
A partir de esta constatación, mientras el gobierno en particular, el
prosecretario de Presidencia,
Jorge Díaz ha apuntado contra
Mario Cardama, propietario del astillero, el empresario que desde hace meses optó por no realizar más
declaraciones públicas ha defendido su inocencia y sostenido que él también fue
estafado. Díaz, en tanto, afirmó que "el
Estado uruguayo fue engañado y el astillero participó del engaño,
voluntaria o involuntariamente".
La denuncia a Eurocommerce
Aunque Cardama había asegurado que tras lo ocurrido la empresa había decidido presentar una
denuncia penal contra
Eurocommerce, hasta el momento el contenido de dicha
demanda no se había dado a conocer.
Sin embargo, El País accedió a los detalles del escrito presentado por el astillero español ante los tribunales de
Vigo, que incluye, entre otros elementos, lo que el empresario español asegura haber pagado para constituir la
garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce por 4.113.500
euros. En total, surge del escrito, se pagaron 200.000 euros, si se incluye la
renovación del aval (ver recuadro).
En la denuncia por "estafa", los
representantes legales de Cardama consignan que, con el objetivo de realizar las gestiones "pertinentes para la búsqueda de una entidad financiera que prestase la garantía al
Ministerio de Defensa (MDN) y que negociase las condiciones exigidas", el astillero contrató a
Forum Europe S.L., "experta en intermediación financiera" aunque la firma está registrada en
España para la comercialización de frutas y hortalizas, además de vender pallets y derivados de madera
.Sobre este punto, se aclara que Forum subcontrató diversas gestiones con
Star Allianz Consulting (unipersonal creada en 2024, según dio cuenta Búsqueda que adelantó parte del contenido de la
demanda), aunque el interlocutor de Cardama se asegura en la denuncia en el proceso de contratación fue en todo momento la primera
empresa.
"Después de realizar distintas gestiones Forum presentó a
Eurocommerce como firma con
entidad crediticia idónea para cumplir (con) las exigencias de
afianzamiento que imponía el contrato con el MDN. Tras esto, el 15 de octubre de 2024 se formalizó un contrato entre Cardama y Forum, concretando las
condiciones económicas del acuerdo", añade el documento presentado en tribunales de Vigo en diciembre de 2025.
Según surge del relato, Cardama abonó a
Eurocommerce 123.405 euros (el equivalente al 3% del valor del
instrumento financiero), además de otros gastos no detallados. "Dicho importe cubre el costo definitivo por un año con posibilidad a ir renovando año a año hasta el 30 de marzo de 2028, con un costo por cada
renovación anual de 34.965 euros", sostiene la denuncia del astillero, que presentó documentación de
transferencias bancarias realizadas a la empresa fantasma. En el caso de Forum, el pago por su servicio de
intermediaria fue por 30.000 euros, dice el escrito.
Sin respuesta
Según Cardama, una vez constatada la ilegalidad del
aval financiero y la imposibilidad de cobrarlo así como la falta de actividad de
Eurocommerce, el gobierno "se puso en octubre en contacto para comunicarle que habían realizado gestiones para
ejecutar la garantía, pero la presunta
entidad financiera no tenía ningún representante ni domicilio" en
Reino Unido. En la dirección que figuraba en la documentación funcionaba una
inmobiliaria.
En reacción, Cardama remitió un correo electrónico el 25 de octubre de 2025 a Eurocommerce transmitiendo esta información y que la divulgación de estas noticias estaba causando grave
perjuicio a la empresa, "dañando su imagen y generando desconfianza entre sus
proveedores, lo que comprometía gravemente la
construcción de los buques y hacía imposible ahora que fueran entregados en el
plazo estipulado".
Según el español, que solicitó a Eurocommerce que acredite su solvencia y que no se encontraba en fase de liquidación, obtuvo respuesta de la empresa "de papel" ese mismo día, pero sin la firma de ninguna persona física. En dicha contestación se agrega, se negó la insolvencia de la entidad, "aunque sin acreditar la vigencia de su inscripción en el registro correspondiente para continuar operando".
El 7 de noviembre, Cardama volvió a comunicar vía mail a Eurocommerce la postura del
gobierno uruguayo, instando a la empresa cuestionada a que aclarara la situación directamente con el beneficiario de la garantía: el MDN. Sin embargo, continúa el escrito, no hubo más respuesta por parte de Eurocommerce, que además nunca se comunicó con el
gobierno uruguayo.
Es por estas razones que, en su denuncia y frente a las acusaciones que ha recibido, el dueño del astillero atribuye a los hechos denunciados los delitos de "
estafa", previsto en el artículo 248 y siguientes del
Código Penal español, y de "falsedad documental".
Las personas a investigar que sugiere son:
Juan Carrasco Martínez (por Forum Europe),
Alex Walsh (por Eurocommerce) y
Nicolás Salmón (por Star Alliance Consulting). Se solicita que se investigue la vinculación y "el origen de las relaciones comerciales" entre las empresas mencionadas.
El precio de la renovación
En línea con lo declarado por Mario Cardama a El País en entrevista brindada en octubre de 2025, la demanda afirma que el empresario gestionó en setiembre de ese año la extensión o
prórroga de la garantía y que en ese caso lo hizo directamente con Star Alliance Consulting, en lugar de con Forum.
Pagó 43.460 euros por la renovación, según consta en la denuncia presentada que adjunta
correos electrónicos, pero, como el propio empresario dijo a este medio, no recordó enviarlo: "Renové el aval, lo recibí, pero por razones que no vienen al caso me olvidé de enviarlo en ese momento. Lo envié más tarde".
El gobierno, en tanto, informó que la renovación de la garantía, enviada una hora antes de la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025 también resultó ser
falsa. Además de la acción judicial presentada por el
Poder Ejecutivo, que investiga
Fiscalía, la oposición también presentó hace una semana una
denuncia penal contra la ministra de Defensa,
Sandra Lazo, y dos de sus asesores por varios
delitos (usurpación, abuso de funciones y revelación de secretos). El astillero, por su parte, se presentó ante el ante la
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El País, Uruguay
15 de septiembre de 2026
