Para Abdala, el gobierno actuó con "alevosía" y ejerció "abuso de poder" en proceso de rescisión con Cardama

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, que integró la comisión especial que investigó el proceso de compra de las patrulleras oceánicas y la posterior rescisión del contrato con Cardama, dijo en entrevista con El País que el gobierno actuó "con alevosía, irresponsabilidad" y que ejerció "abuso de poder". Con respecto a la decisión de la anterior administración, argumentó que se trató del "camino posible y correcto" de acuerdo con las posibilidades existentes.

¿Qué reflexiones le surgieron a partir de que se conoció la demanda que presentó Cardama contra EuroCommerce y otras intermediarias para la gestión de la garantía de fiel cumplimiento?
Es la confirmación de lo que sostenemos desde el comienzo. El gobierno actuó con gran alevosía e irresponsabilidad. Hubo una notoria imprudencia que gobernó toda su actuación durante el proceso. La denuncia (según informó Búsqueda este martes, el Tribunal de Vigo "decretó el sobreseimiento provisional y la causa fue archivada" en mayo porque ya había una investigación en curso en Uruguay. Para Abdala, ese hecho no cambia la materialidad de los hechos, ya que se trata de "razones procesales") que ahora se conoce fue anexada en abril a la demanda que presentó Cardama frente a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional parece consistente y en algún sentido le da hasta presunción a su favor. En el escrito el astillero denuncia a personas jurídicas y físicas concretas, con nombre y apellido. Agrega comprobantes de pago, transferencias bancarias. Esa sola circunstancia, más allá de cualquier otra consideración, confirma que el gobierno debió hacer lo que no hizo: ante la constatación de que la garantía de fiel cumplimiento presentaba dificultades, debió intimar a su contraparte a solucionar el problema. El gobierno lo obvió olímpicamente, actuó con total ferocidad persiguiendo un objetivo político. Desde el comienzo se viene construyendo un caso, un relato por razones políticas. Ese fue el motivo que lo impulsó a tomar la decisión desacertada que tomó el 22 de octubre de 2025.

¿Ustedes presumen y así lo reflejan en la denuncia penal presentada en Uruguay que hubo una intención deliberada de hacer caer el contrato?
No tengo la menor duda. Hasta la referencia de tiempo confirma lo que estamos diciendo. Si nos situamos en octubre del año pasado estábamos en pleno tratamiento de la ley de Presupuesto. Fue una etapa muy compleja esa para el gobierno, de frustración creciente que después se tradujo en la caída de la aprobación popular que se ha ido registrando. El gobierno actuó movido por la impotencia, por la incapacidad de poder cumplir con sus promesas y de conducir los destinos del país de manera apropiada. No encontró mejor recurso que mirar para atrás y construir el relato de la herencia maldita.

Logró marcar agenda con ese tema.
Es verdad, pero no hay almuerzo gratis. El gobierno persiguió un efecto político y no midió los costos que esto tiene para el país. Los resultados que surgen de la comisión especial confirman que el Ejecutivo quedó atrapado, arrinconado e ingresó en un corral de ramas que compromete la posición del país, no del gobierno. No es alentador el panorama que se enfrenta.
La demanda que presenta Cardama en Vigo es de parte, por lo que tampoco termina de quedar claro si el astillero fue estafado o formó parte de la estafa, más allá de lo que aduce en el escrito. No lo excusa 100% porque es su versión de los hechos. Podría ser, por ejemplo, una demanda para cubrirse.
La forma precisa en que ocurrieron los hechos por supuesto que se dirimirá donde corresponde que es en el ámbito de la Justicia. Igualmente, creo que se constata que estamos frente a algo más que un relato o recurso utilizado por Cardama. En el momento inicial se decía que había presentado una denuncia. Ahora se corrobora que la denuncia existe.

Podría haber pagado ese dinero por una falsificación.
Está bien, pero los datos son los que tenemos. Nadie en su sano juicio comparece ante la Justicia de su país y a un arbitraje internacional señalando personas, empresas, agregando documentación, si no tiene una versión verosímil. La presunción, en principio, actúa a favor de la parte, en este caso de Cardama. Refuerza la interpretación de que el gobierno debió hacer lo que no hizo: notificar e intimar a la empresa.

Pero más allá de esa interpretación, la garantía era falsa, aunque pasaron 11 meses para poder constituirla. ¿Con el diario del lunes, fue la opción adecuada Cardama?
No lo pondría en esos términos. Era la oferta y opción con la que en aquel momento se contó. Se recorrió el camino posible y correcto. No es cuestión de mejor o peor, en todo caso Cardama fue la empresa que resultó de un proceso transparente y reunía las condiciones técnicas. En función de las posibilidades del país de inversión y presupuestal, era la que permitía concretar la incorporación de las patrulleras. Para responder a esa pregunta, caemos en la confusión entre lo principal y lo accesorio. Y lo central es que la contratación de Cardama tuvo, a nuestro juicio, un proceso irreprochable. Lo que aconteció con la garantía de fiel cumplimiento es accesorio a lo principal. Ocurrió con Cardama, pero puede haber ocurrido con otro proveedor. No está demostrado que haya causalidad entre el contrato principal y el proveedor que se eligió y el desenlace que tuvimos en relación a la garantía.

¿Para usted Cardama es una empresa seria? ¿Podría haber construido los barcos? Se han denunciado irregularidades y desprolijidades.
En la construcción de las patrulleras no ha quedado acreditada desprolijidad alguna. Es una empresa de larga tradición, de reconocido prestigio en España y en el ámbito de las construcciones navales. El contrato se estaba ejecutando con normalidad en ese sentido. A partir de octubre, se define un nuevo escenario y el gobierno actuó con tal alevosía que asume un temperamento de abuso de poder. La rescisión que se formaliza en febrero era prácticamente inevitable.