Derechos sobre recursos naturales: un laberinto que Chile debe ordenar

La regulación chilena ha consolidado un complejo sistema de derechos, concesiones y licencias para administrar sus recursos naturales. Al comparar acuicultura, minería, agua y pesca, se observa tanto la falta de principios comunes respecto de tributación, incentivos, duración y caducidad, como también de reglas estables. Esta asimetría afecta los incentivos para invertir, producir o mantener un derecho.
Impuestos, patentes, duración y causales de caducidad o extinción han sido reacciones frente a problemas puntuales -especulación, impactos ambientales o escasez- más que a una lógica común. Se han ido agregando capas de regulación.
En minería, históricamente se paga una patente minera por la tenencia de la concesión; desde 2022, y con el objeto de dinamizar la actividad, se introdujo una patente progresiva en el caso de concesiones inactivas. Hoy, se está tramitando un proyecto de ley que busca eliminar dicha patente progresiva, porque estaría incentivando la concentración de la propiedad y el reducido de las superficies concesionadas. En los derechos de agua, en cambio, no se paga por la tenencia de los derechos, pero sí se paga por el no uso del agua desde el año 2005. En efecto, se introdujo una patente al no uso con el objeto de desincentivar la especulación. El problema surge cuando un instrumento diseñado para corregir una conducta puntual de algunos actores -especulación- termina modificando los incentivos de la actividad económica completa.
Similar es la situación con los plazos. Hasta el año 2010, las concesiones de acuicultura eran de duración indefinida. A partir de esa fecha se redujo el plazo a 25 años renovables como reacción a la crisis sanitaria y ambiental. En la reforma del Código de Aguas de 2022, se reemplazaron los derechos perpetuos por derechos de 30 años renovables. En ambos casos, conviven derechos "antiguos" indefinidos con nuevos regímenes temporales.
En la concesión de espacios costeros marinos este desencuentro es aún más evidente. Los espacios costeros marinos para pueblos originarios (ECMPO) no tributan, son de duración indefinida y priman por sobre cualquier otro tipo de solicitud de concesión en trámite (tales como acuicultura y manejo de recursos bentónicos). Dos derechos vinculados al mismo espacio marino quedan sometidos a obligaciones, plazos e incentivos muy diferentes.
Chile necesita una política regulatoria que reconozca las particularidades de cada actividad, pero que adhiera a ciertos principios básicos: uso efectivo, sustentabilidad ambiental, respeto a las comunidades y certeza en la duración.
El desafío es compatibilizar estos objetivos. La especulación no se combate necesariamente con patentes cada vez más altas, ni los problemas ambientales con derechos de menor duración, ni la protección de las comunidades con procedimientos que pueden paralizar otras actividades.
El problema surge cuando se agregan normas para resolver situaciones particulares, sin una mirada de conjunto. Más que seguir agregando reglas, Chile necesita ordenar el laberinto: reglas coherentes y estables que den certeza, incentiven la inversión y promuevan el desarrollo.