En un pronunciamiento reciente, la Inddhh concluyó que la cartera "vulnera derechos al trabajo" por los reiterados atrasos en los pagos a las organizaciones de la sociedad civil.
Tras un conflicto que se arrastraba desde hacía varias semanas, la propuesta presentada por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue bien recibida por el
Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (
Sutiga). Las partes alcanzaron un preacuerdo, que será analizado por el
colectivo de trabajadores el próximo sábado en asamblea.
Marcelo Bentos, integrante de la dirección nacional de Sutiga y participante de la negociación, dijo en diálogo con El País que "fue la primera vez que el gobierno presentó una solución concreta". Según explicó, se planteó un nuevo
mecanismo de subrogación, con el compromiso de que antes del 30 de setiembre el Estado pague todos los
salarios adeudados a unos 1.500 trabajadores dependientes de organizaciones civiles contratadas por el
Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En algunos casos, los
salarios adeudados corresponden a hasta tres
meses.
Antes de este acuerdo, Sutiga que nuclea a unos 1.000 trabajadores de organizaciones de la sociedad civil que se desempeñan en
refugios nocturnos, centros de 24 horas, servicios de atención a
personas en situación de calle, a mujeres
víctimas de trata y otros programas sociales había advertido que, de no encontrarse una solución, podría llevar adelante una
huelga "general e indefinida". La medida habría afectado sensiblemente los servicios que presta el Mides a la
población más
vulnerable.
"El mecanismo lo vamos a evaluar y posiblemente sea positiva nuestra
respuesta, por lo que se levantaría la
carpa pedido del
gobierno como contrapartida. Es una buena señal en principio y creo que para el colectivo también, pero deberá ser ratificado en la asamblea", añadió Bentos. El colectivo de trabajadores mantiene desde hace
39 días una carpa instalada frente a
Torre Ejecutiva, en reclamo por los
atrasos salariales y otras c
ondiciones laborales.
En la propuesta del MEF, que planteó esa solución y cuya implementación dependerá del Mides, también se aseguró que el mismo mecanismo sería utilizado de cara al futuro para evitar eventuales nuevos
incumplimientos en el pago de la
remuneración de los trabajadores.
En el acuerdo alcanzado en la
Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) que fue celebrado en redes sociales por el presidente del
Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se establecieron mecanismos de pago "directo a través de cada organización a sus
trabajadores, préstamos de
microfinanzas y la subrogación sin resolución de contratos, además del acompañamiento en la
gestión de las organizaciones".
"En este momento en representación de los trabajadores tercerizados (Sutiga, Fuecys, Pit-Cnt) del Mides se está firmando un acta de preacuerdo a
referéndum de la asamblea de los trabajadores. Su cumplimiento implica que se pagarán los
adeudos salariales que se mantienen. Los mecanismo establecidos también servirán para evitar nuevos atrasos", escribió el presidente de la
central sindical.
En el acta también se acordó prorrogar por 30 días el
grupo de trabajo constituido el 1° de setiembre que conforman el Mides, el MEF, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Sutiga.
La situación de incertidumbre y
conflictividad que atraviesan los trabajadores tercerizados no es nueva, sino que se arrastra desde hace varios
años y responde a una
problemática estructural vinculada a la modalidad de
contratación del Mides. Esto ocurre más allá de la asignación
presupuestal que, si bien es insuficiente, el ministro
Gonzalo Civila ha destacado que fue mejorada en el último
Presupuesto Quinquenal, ya que el ministerio recibe en cada período refuerzos de
crédito por parte del MEF.
Inddhh dice que Mides vulnera derechos
En una resolución dirigida al ministro
Gonzalo Civila, la Institución
Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), presidida actualmente por
Juan Miguel Petit, consideró que "existen elementos suficientes para determinar
vulneración de derechos por parte del Ministerio de Desarrollo Social".
El pronunciamiento, que fue firmado por los cinco
directores del organismo, partió de una denuncia presentada por una
trabajadora que tiene un contrato de
tercerización con una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que forma parte del sistema de respuesta a mujeres
víctimas de trata de personas con fines de
explotación sexual y laboral que funciona bajo la órbita de
Inmujeres.En el texto al que accedió El País se denuncian "reiterados retrasos significativos al momento de desembolsar el
dinero" a la organización por parte del Mides, así como contratos "precarios para las
funcionarias de Inmujeres". La situación, señala la denuncia, es "tan complicada" que "repercute en todo el sistema de respuestas de
violencia de género".
Tras los oficios realizados, la Inddhh señala que el Mides reconoció "las dificultades respecto al pago de algunas partidas", que atribuyó a la "acumulación de
procedimientos administrativos asociados al cierre del
ejercicio anterior, la tramitación de
convenios, así como a los controles
administrativos y financieros preceptivos para la habilitación de los
pagos".
No obstante, el organismo recomienda a la cartera "garantizar el
pago de salarios vinculados a las OSC en tiempo y forma, sin dilaciones, en cumplimiento de las
normas internacionales y nacionales sobre el
derecho al trabajo".
El País, Uruguay
25 de septiembre de 2026
