¿Extorsiones previas?

Gustavo Andrés Piedrahita
Imagínese que usted compra un predio. Hace los estudios de suelos, topográficos, geotécnicos, hidráulicos y de impacto. Obtiene las licencias correspondientes y, cuando va a empezar a construir, alguien aparece y le dice que, para levantar la obra que ya analizó por completo, primero tiene que sentarse a negociar y pagarle. Pues bien, eso es lo que está pasando en Colombia con las llamadas consultas previas, una institución constitucional que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y que se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT. Pero ojo: el debate no se centra en la pertinencia de la consulta previa. Es claro —y así debe respetarse— que se trata de un derecho reiteradamente protegido por la Corte Constitucional, sustentado en la obligación de que los miembros de la comunidad participen en las decisiones que puedan afectar sus vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupan, y que inciden en su desarrollo económico, social y cultural. El problema, entonces, no está en que una comunidad exija ser escuchada. Aparece cuando la consulta deja de ser un espacio de diálogo sobre las afectaciones reales de un proyecto y se transforma en una negociación cuyo propósito termina siendo cuánto hay que pagar para que la iniciativa avance. Porque la consulta previa es un derecho fundamental, no un derecho de veto. Y mucho menos una licencia para el abuso que se viene presentando, que retrasa la entrada en operación de iniciativas estratégicas. El editorial de EL TIEMPO del pasado 13 de septiembre puso de presente la prueba fehaciente de lo que está ocurriendo: Sirius, el descubrimiento de gas natural costa afuera más grande del país —desarrollado en aguas profundas del mar Caribe y llamado a garantizar nuestra autosuficiencia en este combustible—, ha tenido que superar exigencias económicas tan altas que han sido calificadas como ‘extorsión’. Hablamos de uno de los proyectos estratégicos más importantes para la nación en este momento. Un dato lo confirma: en los últimos cuatro años, solo el 16% de los procesos de consulta previa alcanzó la fase de protocolización de acuerdos. Una cosa es tener derecho a ser escuchado y otra muy distinta es convertir ese derecho en una toma de rehenes. Si cada proyecto que puede afectar directa o indirectamente a una comunidad termina sometido a una negociación económica, la consulta previa deja de ser un instrumento de protección y empieza a parecerse peligrosamente a un mecanismo de extorsión. En definitiva, el derecho a ser consultado no puede convertirse en el derecho a cobrar por dejar avanzar.
Director Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara

de Comercio de Bogotá.