Cobertura del PAE sube, con menos estudiantes

El cruce con la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) del Dane agrega presión. Chocó, con la cobertura más alta del PAE en el país, 99,2%, vio cómo su inseguridad alimentaria grave pasó de 6,4% a 17,9% entre el 2024 y el 2025. En esos mismos meses, el servicio se suspendió en 22 de los 30 municipios del departamento. Allí, 55.151 estudiantes estuvieron sin complemento durante periodos de entre 5 y 41 días, según el municipio. La meta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, de subir la cobertura 5 pb al año hasta la universali- dad no se cumplió.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) cerró el 2025 con una cobertura de 81,8%, pero con 239.674 beneficiarios menos que en el 2024. Así lo advierte el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El documento, revisa los reportes de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA) y el boletín de inseguridad alimentaria del Dane. Su advertencia central es que "un indicador de cobertura que mejora mientras el número absoluto de niños atendidos disminuye puede ofrecer una señal engañosa sobre el desempeño real del programa". Lo anterior, teniendo en cuenta que el PAE entrega un complemento alimentario a estudiantes de colegios oficiales para que lleguen al aula, permanezcan en ella y falten menos a clase, en un país donde, según el Dane, 12.078.000 personas vivieron con inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2025. Las cifras del Informe de Gestión de la UApA muestran que entre el 2022 y el 2025, la matrícula oficial que la entidad usa para calcular la cobertura cayó de 7.661.173 a 6.841.699 estudiantes, una reducción de 819.474 alumnos, equivalente al 10,7%. En el mismo periodo, los beneficiarios pasaron de 5.851.769 a 5.598.409, es decir, 253.360 menos. Como la cobertura resulta de dividir los beneficiarios entre la matrícula, el indicador subió de 76% a 81,8% aunque el programa atendiera a menos estudiantes. Para el LEE, lo que muestran los datos "no es un programa que atiende cada vez a más estudiantes, sino un programa que pierde beneficiarios a un ritmo más lento que el ritmo al que cae la matrícula". Pero la mayor variación se registró en los últimos dos años. En el 2024, por primera vez en la serie, los beneficiarios cayeron en términos absolutos, 1,1%, y en el 2025 la reducción llegó a 4,1%. Mientras tanto, la matrícula perdió 431.684 estudiantes solo entre esos dos años, lo que permitió que la cobertura siguiera al alza. A eso se suma que la UApA calcula el indicador con una matrícula ‘saneada’, depurada de estudiantes en estado ‘retirado’ y de grados normalistas que el programa no atiende. El LEE usa, en cambio, la matrícula total del sector oficial que publica el Ministerio de Educación en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). La brecha entre ambos registros osciló entre 141.000 y 294.000 estudiantes del 2019 al 2024, pero en el 2025 saltó a 396.420. Con la matrícula del Simat, de 7.238.119 estudiantes, la cobertura del 2025 sería de 77% y no de 81,8%. El informe señala que la UApA no documenta por qué la depuración de ese año fue más del doble que la de años anteriores. El laboratorio es cuidadoso en ese punto: "Nada de lo anterior implica que alguna de las dos fuentes sea incorrecta o que haya una intención de distorsión". Sin embargo, sostiene que la matrícula de referencia define si el programa avanza con lentitud hacia la universalidad o si su progreso descansa, en parte, en la reducción del universo que se usa para medirlo. fallas en el servicio La cobertura agregada tampoco revela si la comida llega todos los días. Desde el Decreto 1852 del 2015, el programa lo ejecutan 97 entidades territoriales certificadas en educación (ETC), entre departamentos, distritos y municipios, que contratan a los operadores y gestionan los recursos. La UApA asigna y cofinancia el dinero, fija lineamientos técnicos y hace seguimiento. Según el conteo del LEE, las ETC con alguna alerta de suspensión, riesgo de suspensión o atención parcial pasaron de 17 en el 2022 a 25 en el 2025. El informe reconoce que parte del aumento puede reflejar un mejor monitoreo de la UApA, pero subraya que la intermitencia en la prestación del servicio "no es un fenómeno coyuntural que se corrige con el tiempo". El cumplimiento de metas tampoco sale bien librado. A mayo del 2025, 60 de las 97 ETC, casi dos de cada tres, no habían logrado evidenciar que cumplían la meta de cobertura fijada para el 2024. De ellas, 18 registraban coberturas inferiores al 50%, entre ellas Magdalena y Cauca, que a 30 de abril tenían menos del 1%. Las fallas, además, se concentran. Córdoba, Cesar, Magdalena, Cauca, Antioquia y Buenaventura aparecen con alertas en al menos tres de las cuatro vigencias analizadas. En el 2025, Magdalena pasó de abril a octubre sin contrato de operación, con 133.000 niños y niñas sin atención, pese a tener aprobado un proyecto de regalías. En Cesar, las suspensiones pusieron en riesgo a 120.646 estudiantes. Cauca suspendió el servicio en agosto en 29 municipios no certificados, con 97.658 estudiantes afectados. En Sincelejo, 43.369 alumnos quedaron sin complemento desde el 28 de octubre porque la entidad no tenía recursos para los últimos 19 días del calendario. Para el LEE, el patrón responde a "un problema de capacidad de gestión contractual territorial" y no a una falla del diseño central. El informe compara el esquema colombiano con el brasileño y concluye que la descentralización solo funciona cuando la entidad tiene capacidad para sostenerla. Cuando no, "cada ETC es un punto potencial de quiebre". El costo va más allá de los días sin servicio, pues "cada episodio de suspensión erosiona la confianza de las familias en el programa".