La soledad de la JEP

Néstor Humberto Martínez Neira
En medio de

la controversia

presupuestal de

esta semana se

perdieron sus tradicionales defensores. Ni siquiera concurrió su presidente.
Estas semanas han puesto en el ojo del huracán a la JEP. Lo que parecía un simple ajuste presupuestal se ha convertido en un tsunami contra ella, por efecto de lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Ha terminado cuestionada por el Gobierno, la academia, los opinadores y hasta por su padre putativo, Yesid Reyes, quien en una reciente entrevista dejó conocer su desilusión por no haber dado los resultados esperados durante sus primeros años. El debate ha dejado ver crudamente su disfuncionalidad. Independientemente de sus cuestionables pronunciamientos, en ocho años el tribunal para la paz solamente ha emitido dos sentencias, la de los secuestros de las Farc y los ‘falsos positivos’ del Batallón La Popa, aunque sus voceros manifiestan que avanzan en cuatro más, lo que, de ser cierto, luce igualmente muy pobre. También preocupa que, después de ocho años de actividad, solo ha producido cinco providencias de conclusiones en tres macrocasos, lo que augura que difícilmente podrá proferir las restantes antes de marzo del 2028, plazo máximo que le otorgó la ley. Y, para colmo, no se conoce resultado alguno de investigaciones fiscales y disciplinarias en contra de los comparecientes, como se lo confió la Constitución. Tiene razón el presidente De La Espriella en demandarle austeridad y eficiencia a la JEP. Entre los años 2018 y 2026 su presupuesto de funcionamiento pasó de $ 110.000 millones a $ 590.000 millones, es decir, cerca de siete veces la inflación compuesta del período. Y sus gastos de personal, desde su fundación hasta la fecha, se cuadruplicaron. El número de contratistas que tiene (1.218) es casi igual al de sus funcionarios, y el derroche de dinero le ha permitido hasta para financiar obras de teatro y contratos multimillonarios para mejorar su imagen con RTVC. En medio de toda la controversia presupuestal de esta semana se perdieron sus tradicionales defensores. Al debate parlamentario ni siquiera concurrió su presidente, y la defensa ad hoc corrió por cuenta del magistrado Raúl Sánchez, quien hizo una declaración apocalíptica sobre las consecuencias del tijeretazo presupuestal. Inclusive, llegó a manifestar que con el recorte de los $ 170.000 millones las víctimas del conflicto armado dejarán de recibir la atención que se les ha venido otorgando. Es francamente impúdico mencionarlas en defensa de la JEP. Las víctimas terminaron siendo un comodín para legitimar la justicia transicional, la que se olvidó de ellas al tiempo de exigirles a los desmovilizados cumplir con la entrega de su patrimonio ilícito, con fines de reparación, como condición para mantener sus beneficios. Inicialmente le presentaron al Gobierno un inventario ficticio de activos, estimado en un billón de pesos, del que solamente se recaudó menos del 5 %. Y la JEP lo aceptó con el argumento de que existía un "vacío legal y reglamentario" sobre la metodología para la elaboración del inventario. Y para colmo, les pasó que solo entregaran el 16 % de los inmuebles declarados, el 10 % de los vehículos relacionados y el 0,1 % del ganado de su propiedad. Los avivatos, los disidentes y hasta lo "espeso de la vegetación" terminaron de responsables. A los reinsertados les perdonaron tamaño incumplimiento, de espaldas a las víctimas: "Aun cuando se concluye que los integrantes del antiguo secretariado de las Farc-Ep han cumplido parcialmente a la fecha con la obligación examinada, el hecho de que resten activos por entregar, por lo expuesto, no se ha originado en una conducta o una omisión que pueda serles atribuida a título de incumplimiento de lo pactado". Taponazo. Y la ONU ahí… en medio de las guerras y la inflación global.
POBRES RESULTADOS