Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción: "Pareciera que buscamos ampliar la impunidad"

Con el lema "las instituciones importan", la organización Poder Ciudadano alertó esta noche sobre la falta de políticas anticorrupción y advirtió que en la Argentina "pareciera que buscamos ampliar la impunidad", con iniciativas gubernamentales como la "inocencia fiscal" o el cambio en la ley de financiamiento de los partidos políticos.

"En nuestro país la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. En las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía", aseguró en su discurso en la cena anual de Poder Ciudadano, que se realizó ante más de 800 personas en el Hotel Sheraton, el presidente Martín D’Alessandro.

Cuestionó además el gasto de inteligencia sin control, el proyecto de ley por la soberanía de Malvinas, que esconde recortes de la libertad de expresión y de los derechos civiles, y los decretos que limitan el acceso a la información y la participación ciudadana en la designación de jueces.

Según pudo constatar LA NACION, del evento participaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Daniel Rafecas y Sebastián Casanello; y los magistrados de Casación Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, junto con Guillermo Yacobucci.

En la cena también estuvieron los fiscales Eduardo Taiano, Mario Villar y Claudio Navas Rial. Además, fueron de la partida los dirigentes políticos Laura Alonso, exintegrante de Poder Ciudadano; Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Alfonso Prat Gay, Sebastián Pareja, Sebastián Galmarini y Margarita Stolbizer. También se los vio juntos al diputado Luis Petri con su pareja, la periodista Cristina Pérez.

También los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

En los corrillos políticos mas cercanos a Pro se hablaba de la degradación del Congreso y del Poder Judicial, en los peronistas se conversaba sobre la fortuna que tiene el PJ de que a Javier Milei no le importa la política y menos la bonaerense; y en los cenáculos libertarios hacían cuentas.

Los consultores de opinión iluminaban a los comensales, con cifras que arrojaban un triunfo imposible en primera vuelta para el Gobierno y un ballotage cabeza a cabeza entre Milei y Axel Kicillof. También descartaban la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata en 2027.

Poder Ciudadano decidió además reconocer como un "aliado en la lucha contra la corrupción" al procurador general Eduardo Casal. Fue Hugo Wortman Jofré quien recordó que Casal fue un "socio estratégico" en la lucha contra la corrupción. Casal estaba en Perú, no pudo asistir, pero dejó un agradecimiento en un video.

Casal es procurador interino y está al frente del organismo desde hace diez años, cuando sucedió a Alejandra Gils Carbó, que renunció en 2017 y está próxima a enfrentar un juicio oral. La conversación llegó a su climax cuando el discurso de D’Alessandro la centró en la calidad institucional y la corrupción.

"Alguna inquietud"

"Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud y alguna respuesta", aseguró D’Alessandro.

Pero remarcó, señalando al Gobierno, que "la Argentina parece ir en la dirección contraria. En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad".

D’Alessandro dijo que en los últimos años no hubo avances en ninguna medida destinada a aumentar la transparencia. Al contrario, mencionó los proyectos para reducir la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py 2002, que son los que investigan a los funcionarios, y denunció que el proyecto de "inocencia fiscal", aprobado este año por el Congreso, habilitaba en su versión original que los funcionarios blanquearan dinero no declarado sin dar explicaciones.

Asimismo, señaló que la ley de reforma política libera los topes a las donaciones de campaña y permite campañas paralelas sin controles, algo que D’Alessandro consideró contrario a las buenas prácticas internacionales. A esa lista sumó "el aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas" y el aval oficial a "mentiras y dilaciones" para ocultar enriquecimientos "a todas luces sospechosos" de funcionarios.

El presidente de Poder Ciudadano describió el escenario como un espectáculo inédito "por su combinación de arrogancia y tosudez, de tragedia y de comedia". D’Alessandro no dio nombres, pero no hizo falta mencionar las investigaciones en marcha contra el exjefe de gabinete Manuel Adorni, sospechado por sus bienes, y las compras con sobreprecios de medicamentos y prótesis en la Agencia Nacional de Discapacidad, que mantienen procesado a su extitular Diego Spagnuolo.

El presidente de Poder Ciudadano recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional coloca a la Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100, el peor resultado de los últimos diez años y la confirmación de una caída que ya lleva seis años.

D’Alessandro llevó el problema al terreno económico. Recordó que ese índice es el más consultado por los inversores globales y que, según el último informe de la OCDE, la Argentina cayó al último lugar de la región en recepción de inversión extranjera. "No parece casual", dijo y recordó que la corrupción provoca una pérdida de entre el 8 y el 10% del PBI por año, por lo que combatirla podría resultar muy rentable.

También discutió la idea de que la corrupción desaparecerá con el achicamiento del Estado. Admitió que el exceso de regulaciones puede alimentarla, pero sostuvo que la desregulación sin criterio abre otras oportunidades. Recordó que al amparo de una desregulación para la importación de autos de lujo de alta gama, Poder Ciudadano denunció y se descubrió una maniobra de contrabando.

D’Alessandro consideró un avance del Gobierno sobre la participación ciudadana que va en contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a los dos decretos del presidente Javier Milei que limitan la información pública.

En particular el decreto 780/2024, firmado el 30 de agosto de 2024, modificó la ley de acceso a la información pública para excluir del concepto de información pública los datos de "naturaleza privada" de los funcionarios y pasó a exigir que el solicitante demuestre un interés público comprometido, cuando la ley presume pública toda la información en poder del Estado y no obliga a acreditar interés alguno.

El segundo decreto cuestionado por D’Alessandro es el 467/2026, que Milei firmó junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y entró en vigencia el 16 de junio. Limita la participación de la ciudadanía en la designación de jueces de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, del procurador y el defensor general, fiscales y defensores.

Antes había un plazo de 15 días hábiles para que la sociedad presentara impugnaciones o apoyos; ahora basta con que el Poder Ejecutivo publique los nombres y que en todo caso esas objeciones se hagan ante el Senado. También se derogó el artículo que permitía al Ministerio de Justicia pedir la opinión de entidades profesionales, académicas y sociales, y se eliminaron los criterios de género, especialidad y procedencia regional que el Presidente debía considerar para elegir a un candidato a la Corte.

El Gobierno argumentó que esas instancias se superponían con la publicidad, participación y audiencias públicas que ya prevé el reglamento del Senado. D’Alessandro marcó su preocupación por los proyectos que regulan el lobby, que someten a las ONG del país a "un régimen de vigilancia" que las obliga a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos.

El proyecto por Malvinas

El proyecto de ley relacionado con la sanción a las empresas petroleras extranjeras que operan sin licencia argentina en el área de las Islas Malvinas busca limitar la libertad de opinión y prevé penas de prisión por delitos definidos de manera ambigua, como las "campañas de desinformación masiva", lo que dijo "nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa".

Tras afirmar que la participación ciudadana debe verse como un aporte y no estorbo, dijo: "Se pretende instalar lo contrario: una intolerancia que no para de crecer, y la reducción de las instancias de participación de la sociedad civil".

"La transparencia y la democracia no son elementos meramente decorativos en el crecimiento económico de los países", aseguró y dijo que ambos están relacionados. Así, "las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica y mejoran las condiciones para atraer inversiones y acceder al crédito".

"En resumen, los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos", concluyó y planteó una pregunta dirigida al poder: cómo se recuperará la confianza en las instituciones "si vemos que es el mismo Estado el que desconfía de su propia ciudadanía".

D’Alessandro aclaró que Poder Ciudadano tiene esta mirada "gobierne quien gobierne" y sostuvo que ningún resultado, política pública, ideología ni lealtad partidaria justifica correr los límites de la democracia o tolerar la corrupción, y que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la estabilidad democrática.