‘Fracking’: el desafío de convertir una decisión nacional en desarrollo regional del país

Juanita De la Hoz
Colombia enfrenta una paradoja. Mientras crecen las preocupaciones sobre suficiencia energética, disminuyen las reservas de gas natural y se anticipan los efectos de un fenómeno del niño extraordinario, una de las principales fuentes de recursos energéticos sigue sin aprovecharse. Con la llegada del nuevo Gobierno y los anuncios sobre la necesidad de avanzar en la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, y la disposición de las empresas para agilizar planes detenidos, Colombia parece entrar en una nueva etapa de la discusión. Desde 2013, con el Decreto 3004 y la Resolución 90341 de 2014, el país construyó una regulación específica para la exploración y explotación de los YNC. Posteriormente, los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) recomendados por la Comisión de Expertos, incorporaron una arquitectura orientada a producir conocimiento y evaluar condiciones para una fase de investigación, incorporando elementos ambientales, sociales e institucionales que respondían a preocupaciones e incertidumbres del debate público. La decisión de avanzar debería considerar la necesidad de una depuración normativa inteligente que recoja las lecciones aprendidas y elementos pertinentes de la regulación existente. Esto implica identificar qué disposiciones perdieron eficacia por responder exclusivamente al carácter experimental de los pilotos, pero también qué herramientas abordaban asuntos estructurales. Esta revisión debe reconocer, de una parte, que la tecnología cambió. No podemos evaluar los YNC de hoy con la fotografía tecnológica de hace veinte años. Han evolucionado los diseños de pozos, técnicas de perforación y estimulación, sistemas de monitoreo y control y prácticas para reducir emisiones. Esto no significa asumir que los riesgos desaparecieron, sino que la regulación debe actualizarse a partir de la tecnología y el conocimiento disponible actualmente, exigiendo el mejor desempeño ambiental y operacional posible. De otra parte, y, quizás, la mayor oportunidad de revisión se presenta en la dimensión social. La experiencia de la Fundación Ideas para la Paz en la aplicación de instrumentos de los PPII, particularmente la línea base social y medición de confianza, dejó aprendizajes que vale la pena recuperar. En 2020, la confianza entre los actores de las zonas de influencia de los pilotos era moderada y desigual, con menor confianza de las comunidades hacia el sector empresarial. Existía la percepción de falta de claridad en los planes del momento y los futuros a partir de los resultados de los pilotos, así como sobre el propósito de los espacios de diálogo, lo que alimentaba la desconfianza y afectaba la legitimidad del proceso, algo que estaba lejos de resolverse con socializaciones, pedagogía o vocería local. La confianza no se construye simplemente explicando mejor una actividad. Las personas podemos recibir información y aun así confirmar convicciones propias si se percibe que las decisiones ya están tomadas, que la participación no tiene capacidad de incidencia o que los beneficios se distribuyen desigualmente. Por eso, si Colombia decide avanzar, la dimensión social debería abordarse con herramientas efectivas y medibles. Consolidar la confianza supone comprender a los actores territoriales, sus relaciones, móviles e incentivos y asegurar su representatividad; desarrollar espacios de diálogo para construir acuerdos concretos, cooperar y actuar conjuntamente; cumplir compromisos y establecer corresponsabilidad. Esto podría traducirse en un diálogo social orientado a agilizar la ejecución de iniciativas regionales ya mapeadas por actores locales y regionales, que beneficien el desarrollo territorial. A ello debe sumarse la participación en los beneficios de la actividad. Una actividad de interés nacional que contribuye a la seguridad energética del país no puede presentar sus beneficios a la región sobre la base de empleos temporales, compras locales o inversiones sociales voluntarias. La depuración normativa debería volver sobre las reflexiones de la Comisión de Expertos, que en coloquial colombiano se resumen como el CVY: ¿cómo van ahí las regiones y qué ganan quienes perciben los impactos de esta actividad? Los PPII incluyeron la figura de Participación Económica Comunitaria (PEC) y sería útil gestionar su implementación con herramientas de mercado diferenciadas frente a la inversión social tradicional, contribuyendo a materializar acuerdos en los que, si el proyecto es exitoso, exista una participación significativa para las comunidades locales. Finalmente, están la seguridad y la gestión de riesgos territoriales. Los prospectos de YNC confluyen con economías ilegales, extorsión y debilidad institucional. La gestión del riesgo y la debida diligencia que exigen hoy las normas internacionales de desempeño empresarial deben ser un eje central de actuación preventiva del Estado, las empresas y los actores regionales. Una decisión política de avanzar merece ser reconocida después de tantos años de debate, pero avanzar no significa cerrar las preguntas pendientes. El desafío ahora es convertir esta decisión en una oportunidad real de seguridad energética, gestionando responsablemente los riesgos y poniendo en el centro a las regiones y personas que la harán posible.
Directora de Empresas Fundación Ideas para la Paz.