Primeras polémicas presupuestarias

Sabida es la compleja situación fiscal del país. Ello requería una expansión cautelosa del Presupuesto 2027 y es lo que ha ocurrido. Claro que, en circunstancias como estas, para hacer espacio a las demandas ciudadanas -concentradas en seguridad, empleo y salud-, se requiere reasignar recursos al interior de los ministerios y entre reparticiones. En la primera dimensión, esas reasignaciones también reflejan redefiniciones de las prioridades sectoriales, habituales al asumir un gobierno. Pero, por supuesto, ello debe ser bien explicado. Todo gasto público tiene defensores. Muchos son bien intencionados, porque ven un valor allí, pero otros actúan motivados por intereses propios, ya sea porque estuvieron conectados con la creación del programa, porque se benefician de su existencia o porque levantar el tema les permite infligir un costo político al gobierno que busque reasignar dicho gasto.
En cualquier circunstancia, los gobiernos deben saber anticipar esos debates y justificar apropiadamente sus decisiones. Parte de ello pasa por informar a sus propios partidarios de los cambios que puedan ser más sensibles, entregando las razones que los avalan. De lo contrario, se parte en mal pie una discusión que es fundamental para el posicionamiento de una administración y la articulación de su agenda. Por eso sorprende la débil presentación inicial del Presupuesto 2027 que ha hecho el Ejecutivo. Es su primer erario y ha sufrido duras críticas que no han podido ser respondidas asertivamente, sugiriendo una preparación política insuficiente para un hito tan relevante.
Un símbolo ha sido el término del Programa de Becas de Acceso TICs, administrado por Junaeb, a través del cual se canalizaba la entrega de computadores a alumnos de séptimo básico de la educación pública y vulnerables del subsistema particular subvencionado ("yo elijo mi PC"). Este programa fue concebido para contribuir al logro de objetivos de aprendizaje desde séptimo básico a segundo medio, de modo que niños y jóvenes desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes propias de esta etapa escolar. El programa debe ser analizado desde ese objetivo. Y al respecto los resultados no han sido auspiciosos. Una evaluación programática de 2018 lo calificó con un desempeño bajo, y una evaluación de impacto de 2022, de la Dirección de Presupuestos, concluyó que no lograba aquellos objetivos. Si un programa no cumple sus fines, es razonable discontinuarlo. De hecho, en la discusión presupuestaria anterior también se buscó avanzar en esta dirección, pero de una manera discriminatoria, lo que frustró el intento.
Algunas voces han sugerido que el programa podría tener otros logros, pero primero corresponde analizar si ellos deben ser abordados por la política pública y luego verificar si la entrega de un PC es la acción más apropiada. Mientras eso no ocurra, parece razonable redestinar estos recursos. En el erario 2027, el presupuesto de Educación crece levemente y, por tanto, no hay, en promedio, un recorte, sino más bien reasignaciones. El principal receptor de ellas es la primera infancia; en particular, un aumento de los aportes a los jardines que se financian vía transferencia de fondos y que son discriminados en esta dimensión. Invertir ahí tiene un alto retorno social. Sería deseable que ello fuese parte de una estrategia más comprensiva, pero es innegable que nivelaciones básicas, como esta, son fundamentales.
Chile debe hacer un esfuerzo enorme para que sus políticas educativas estén orientadas al logro de aprendizajes y al desarrollo de habilidades fundamentales, y que ello ocurra con equidad. Hay múltiples programas que no satisfacen estos propósitos y parece razonable ir acotándolos para usar los recursos en donde sí puedan satisfacerse. Sin embargo, al Gobierno le ha faltado capacidad para explicar estas realidades y ha perdido la oportunidad, en este, su primer presupuesto, de realizar la pedagogía necesaria para justificar sus decisiones.