Minería, presión por bloqueos y deterioro de seguridad en las regiones

La seguridad se convirtió en uno de los principales puntos de presión para la minería en Colombia. En cuatro años, el deterioro territorial se ha traducido en extracción ilícita, presencia de grupos armados, bloqueos, amenazas y ataques contra operaciones e infraestructura. Así lo señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Las cifras presentadas por el gremio muestran el cambio. El área afectada por la extracción ilícita pasó de 218.638 hectáreas en 2022 a 252.254 hectáreas en 2026, un aumento de 15%. El área degradada pasó de 7.976 a 11.563 hectáreas, con un incremento de 45%. Los indicadores de grupos armados también aumentaron. Sus integrantes pasaron de 15.120 a 28.802; los focos de disputa, de siete a 14; los ataques contra infraestructura y bienes civiles, de 70 a 173; y las acciones contra la Fuerza Pública, de 138 a 300. "El deterioro de la seguridad en el territorio ha sido realmente dramático y drástico en los últimos cuatro años. ¿Eso en qué se ha reflejado? En mayor inseguridad, donde hoy la extracción ilícita de minerales genera unos entornos y unas condiciones muy difíciles para que las compañías privadas operen", afirmó Nariño. Para el oro, el presidente de la ACM mencionó a Buriticá, Segovia y el sur de Bolívar como territorios donde la ilegalidad afecta las operaciones formales y la seguridad de los trabajadores. "Buriticá, Segovia, el sur de Bolívar, esos entornos de ilegalidad y de extracción ilícita generan unas enormes dificultades para que las operaciones mineras legales operen en los territorios de manera segura, con asesinatos de trabajadores incluso en estos cuatro años anteriores", afirmó. Entre los ejemplos empresariales citó a Zijin-Continental Gold, en Buriticá, y Aris Mining, en Segovia. Según explicó, no necesariamente se trata de una paralización total, sino de afectaciones directas a la operación y a los trabajadores. El registro del sector contabiliza 850 bloqueos, 3.600 incursiones no autorizadas y 1.200 amenazas. Nariño puso como ejemplo adicional el río Nechí. Según relató, hace cuatro años había 17 dragas ilegales en ese territorio. Ahora son más de 180. "Hoy hay más de 180 dragas en ese mismo territorio, generando un desastre ambiental de unas magnitudes que no han tenido precedentes allá en la historia reciente", dijo. Vías férreas también están en conflicto En el carbón, la afectación descrita por la ACM se concentra en buena parte en las rutas de transporte. Nariño aseguró que durante los últimos cuatro años hubo un aumento de los bloqueos y de los atentados contra las líneas férreas que conectan las operaciones con los puertos de exportación. "En carbón, como nunca antes en la historia, en estos cuatro años hubo más bloqueos y más atentados terroristas a la línea férrea", afirmó. La referencia incluye las líneas hacia los puertos de La Guajira y Santa Marta, por donde sale parte del carbón colombiano. El registro presentado por el sector contabiliza 330 días sin transporte de carbón en Cerrejón. Nariño señaló además que las operaciones carboníferas de La Guajira tuvieron que paralizarse durante más de 100 días en el año por amenazas terroristas y bloqueos de la línea férrea. Según explicó, esas protestas respondían a demandas de las comunidades al Gobierno nacional, no contra las compañías. Los episodios se acumularon en distintos momentos. En 2023, el paro del Bajo Cauca duró más de tres semanas y afectó seis operaciones tituladas. En Cerro Matoso, un evento de fuerza mayor llevó a la suspensión de más de 20 contratos, mientras que en Buriticá hubo tres atentados, con dos personas fallecidas y 14 heridas. En 2024, el paro nacional minero, entre el 21 y el 25 de octubre, reunió a más de 30.000 participantes. También se registró el paro de Marmato, que afectó la vía Manizales-Medellín, y en Buriticá se contabilizaron cerca de diez ataques, además de una demanda ante el CIADI. Para 2025, el registro señala el paro de Boyacá y Cundinamarca, de cerca de una semana; nuevos hechos en Cerro Matoso, en Querasas y Porvenir; una emergencia en Buriticá que dejó fuera de servicio la ventilación y el bombeo, con evacuación total; y nueve atentados contra la vía férrea de Cerrejón. La situación también alcanzó la producción de esmeraldas. Nariño puso como ejemplo una mina que, según explicó, generaba regalías y empleos formales y que terminó ocupada por actividades ilegales.