La Nación, Costa Rica
7 de octubre de 2026
El OIJ detuvo a los productores Don Stockwell y Hugo Barboza en el Caso Éxodo por presunta legitimación de $850.000 del narcotráfico en conciertos.
Dos empresarios vinculados a la producción de conciertos en Costa Rica fueron detenidos este miércoles como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales, en la que las autoridades indagan si recursos provenientes del narcotráfico habrían sido invertidos en espectáculos masivos.
Los detenidos son Don Stockwell, productor de eventos y conciertos internacionales, y Hugo Barboza Benavides, empresario asociado a la producción de espectáculos. Ambos figuran entre las 18 personas capturadas durante una serie de allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Según informaron las autoridades, la pesquisa, denominada Caso Éxodo, se concentra en una presunta organización criminal atribuida a Edwin Vargas García, conocido como Sobrino. Según la línea investigativa divulgada por las autoridades, la estructura habría generado recursos mediante narcotráfico y luego intentado incorporarlos a actividades formales, entre ellas la organización de conciertos.
Más de $850.000 bajo revisión
La investigación incluye una presunta inversión de más de $850.000 en conciertos y otros eventos. El objetivo de las diligencias es determinar la procedencia de esos recursos, su eventual tránsito por empresas dedicadas al entretenimiento y el grado de conocimiento o participación de las personas involucradas.
Las autoridades realizaron al menos 22 allanamientos en distintos puntos del país, incluidos sectores de Santa Ana, Escazú, Tibás, Curridabat, Cartago y San José. Una de las diligencias tuvo lugar en la vivienda de Stockwell, ubicada en un condominio en Pozos de Santa Ana.
Stockwell ha sido una figura conocida en la producción local de conciertos internacionales y eventos de gran formato. Barboza Benavides también ha estado vinculado a la realización de espectáculos masivos.
La Fiscalía y el OIJ deberán establecer si las inversiones investigadas efectivamente provinieron de actividades ilícitas, cómo se habrían canalizado y si los empresarios detenidos conocían o participaron en una eventual operación de legitimación de capitales.
