Tras firmarse el convenio, quedó sin efecto la resolución del Ejecutivo para garantizar servicios mínimos, un compromiso que el gobierno había asumido con el sindicato en el marco de la negociación.
Después de cuatro meses de tensión, paros sorpresivos y una creciente presión de las principales
navieras y
cámaras empresariales por el impacto que estaba teniendo el conflicto, el sindicato de
Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la
empresa finalmente llegaron a un acuerdo.
Sobre las 16 horas de este miércoles, las partes firmaron el
convenio colectivo que incluye
cláusula de pazque regirá durante los próximos cinco
años y pone fin a una pulseada que había distorsionado severamente el funcionamiento de la única
terminal especializada en contenedores del país.
El
conflicto, dada su prolongada duración y la importancia estratégica del puerto de
Montevideo, tuvo repercusiones políticas a nivel
parlamentario y también de
Presidencia, desde donde se medió de forma directa con autoridades de
Katoen Natie en Bélgica. La empresa es accionista mayoritaria de TCP, con el 80% del
capital, mientras que el
Estado uruguayo posee el 20% restante.
Las gestiones que finalmente destrabaron la situación estuvieron a cargo directamente del
secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien en su momento también había manejado la posibilidad de decretar la
esencialidad de los servicios en caso de que no se llegara a un acuerdo.
El ministro de Trabajo,
Juan Castillo, reconoció que la negociación "se alargó bastante más de lo que partes hubiesen preferido" y de lo que el
gobierno había estimado.
"En el mundo del
trabajo, y específicamente en las relaciones laborales, la paz es algo que se construye todos los
días. Está todo bien hasta que aparece un detonante que genera una situación (
conflictiva). Lo que está previsto en el acuerdo es que, ante algún imprevisto, se respeten los plazos para anunciarlo y volver a concurrir a la
Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra)", valoró el jerarca una vez firmado el acuerdo.
Con la firma del convenio, por tanto, quedó sin efecto la resolución adoptada por el
Poder Ejecutivo para garantizar los
servicios mínimos, un compromiso que el gobierno había asumido con el sindicato en el marco de las
negociaciones que se desarrollaron durante los últimos días.
Álvaro Reinaldo, que lidera el gremio de trabajadores de TCP y además es el
secretario general del
Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), dijo que el haber daba nuevamente
tranquilidad.
"Nadie es ajeno a todo lo que estaba generando esta
conflictividad. No debería haber sido de esta magnitud, pero fue lo que nos tocó. Se logró un mejoramiento en los
jornales asegurados y
beneficios económicos para los
trabajadores", destacó el dirigente, que participó directamente en las negociaciones, pero finalmente no fue uno de los representantes de los
trabajadores que firmaron el convenio se retiró antes de que se suscribiera formalmente el
acuerdo, sino que lo hicieron los tres delegados del sindicato de base presentes.
Los detalles del convenio
Aunque durante las más de tres horas que duró la negociación no faltaron discrepancias entre los abogados de las partes, hubo finalmente acuerdo. El convenio establece un sistema de trabajo para los
operadores de grúas e incorpora, a su vez, aumentos
salariales para distintas categorías de trabajadores.
En el segundo punto, se acordó una
bonificación mensual para los conductores de
vehículos de carga "por cada contenedor lleno que sea recibido y entregado en la
playa de contenedores", así como por las operaciones realizadas en los muelles.
Por su parte, el sindicato se comprometió a
garantizar los domingos y los feriados del 18 de julio y 25 de agosto el "
personal suficiente" para completar las "
manos mínimas" (serán tres al momento y pasarán a ser cinco una vez que se inaugure el primer tramo del segundo muelle) en la terminal portuaria. La cantidad de trabajadores dependerá de la convocatoria que realice la empresa, con el objetivo de evitar que la operativa se detenga.
Con respecto al sistema de
jornales, uno de los puntos más difíciles de la negociación, se acordó que, a partir de 2027, los trabajadores que al 1° de octubre tengan 20 jornales equivalente a lo generado por ocho horas simples de labor asegurados pasarán a tener 21. Para quienes perciben menos, el acuerdo establece que los que actualmente tienen entre 13 y 15 pasarán a contar con 17 asegurados, mientras que quienes tienen 18 llegarán a 19.
"Estos empleados serán evaluados nuevamente en
octubre de 2027 y siguientes años de convenio en cada mes de octubre", agrega el documento.
Este punto concreto del acuerdo se ató a que el colectivo de trabajadores cumpla con la cláusula de
paz establecida: los empleados asumen la obligación de garantizar una dotación suficiente como para que todos los días domingos se opere con la cantidad mínima de mano de obra requerida.
En ese capítulo, se estableció que las partes se obligan a prescindir de
medidas gremiales colectivas (huelgas, paros, lockout) que "puedan afectar la regularidad del trabajo o el normal desenvolvimiento de las actividades". Se exceptúan las medidas de paralización de carácter general convocadas por el
Pit-Cnt o Supra. También se arregló que haya guardia operativa durante la realización de
asambleas sindicales.
"El incumplimiento de la cláusula de paz determinará la extinción total y definitiva del sistema de jornales pactado y de los que se hayan otorgado una vez implementado el convenio", condiciona el acuerdo.
Lo convenido también contempla el pago de una
partida extraordinaria de $ 38.750 líquidos para los
trabajadores, que será considerada "una
gratificación extraordinaria, por única vez" y se abonará dentro de los primeros 15 días de octubre. Además, se acordó el pago de un complemento de $ 20.000 al salario vacacional hasta 2031.
Como contrapartida a otros
beneficios, el sindicato asumió el compromiso de garantizar el
suministro de agua a buques y barcazas, retirar pinos trancados en los
contenedores, realizar tareas de limpieza y reparación de contenedores cuando sea necesario, así como la asistencia a otras empresas tercerizadas en caso de que la gerencia lo entienda pertinente.
Para la
prevención de conflictos, se estableció un procedimiento que detalla, por etapas y con plazos definidos, el accionar que deberá seguir cada una de las partes. En primer lugar, se abrirá un ámbito de negociación
bipartita durante cinco
días hábiles. Si el diferendo no se resuelve en esa instancia, deberá notificarse a la Dinatra.
En caso de incumplimiento de las
obligaciones previstas a lo largo de las 14 páginas del convenio, se establece como consecuencia "la extinción total y definitiva de todas las obligaciones,
beneficios, sistema de jornales incluidos los asegurados y
derechos acordados".
Interpelación a Castillo
Horas antes de que se conociera acuerdo alcanzado, desde
Vamos Uruguay, el diputado Adrián Juri reafrimó su voluntad de interpelar a
Castillo.
El legislador señaló a El País que el planteo de la interpelación a Castillo sigue en pie, porque mantienen las críticas a la
gestión del conflicto y su duración, además de otros temas referentes a la
conflictividad laboral en todo el país a nivel general, como el caso de los frigoríficos.
En el
Partido Nacional se entendía que el ministro debía primero cumplir con la cita previa que tenía pendiente, en alusión la comparecencia ante la comisión de Transporte y Obras Públicas del
Senado, que finalmente fue aplazada. Los blancos querían transitar esa instancia para luego definir su eventual apoyo a la interpelación.
Sin embargo, fuentes
parlamentarias indicaron que los dirigentes nacionalistas recientemente dieron su visto bueno a la comparecencia en
Diputados, en el entendido de que los plazos podían extenderse demasiado. El martes próximo se presentará la
moción formalmente para interpelar a Castillo y contará con los votos de todos los
partidos de oposición.
El País, Uruguay
8 de octubre de 2026
