Antes de rechazar las RUF, diputados PC ingresaron reforma para obligar a las FF.AA. a recibir clases de DD.HH.

El miércoles 7 se aprobaron para ser ley las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las labores de resguardo del orden público por parte de las FF.AA.
En esa oportunidad, la bancada de diputados comunistas votó en bloque en contra de las RUF, pese al amplio respaldo que recibió la iniciativa presentada en 2024 por el expresidente Gabriel Boric, de cuyo gobierno los comunistas fueron parte.
No solo fueron los diputados PC. En el Senado, dos de los tres representantes de la colectividad de izquierda también rechazaron las RUF: Daniel Núñez y Claudia Pascual.
Además de rechazar la propuesta de las RUF, los diputados PC ingresaron un día antes una reforma para instalar en la Constitución la obligación de tomar clases sobre DD.HH., por parte de las Fuerzas Armadas.
La presentación de la iniciativa fue ampliamente comentada en la Cámara Baja, puesto que no solo se daba en el contexto de la aprobación de las RUF, sino que además buscaba incorporar en la Carta Magna un deber de formación para las Fuerzas Armadas.
En la Constitución, ese imperativo se traduciría en la aplicación del "respeto irrestricto de los derechos humanos por las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad pública, establece la obligación de una formación fundada en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad".
Necesitaría de un supraquorum para ser aprobada
Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa de los comunistas requeriría recabar un alto quorum para poder ser aprobada, el de 4/7, que significa tener 89 respaldos por lo menos en la sala de la Cámara Baja para poder ser visada y despachada al Senado. Otro aspecto que le jugaría en contra es la nula posibilidad de ser apurada mediante una urgencia legislativa del actual Gobierno.
De ser así, al no tener el patrocinio de La Moneda, la alternativa que les queda a los diputados PC es intentar que su reforma pueda avanzar en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, a la que fue remitida propiciando, tal vez, un acuerdo de sus integrantes que permita poner en tabla la propuesta, pero eso se ve difícil, aunque hay quienes ven una opción de persuadir al presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS), para iniciar la discusión de la reforma. No obstante, por su eventual paso a la testera de la corporación en 2027, hay otro grupo de diputados que ve poco probable que acceda a la petición del PC.
Otro elemento que se considera que obstaculizaría el visado de la reforma del PC es lo que se critica como su "constante" oposición a proyectos relacionados con seguridad pública preferentemente cuando se trata de Carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas, además de temas de regulación migratoria, tal como sucedió con la reforma afín rechazada el 22 de septiembre.
Por ejemplo, los comunistas presentaron una propuesta de norma para derogar parte de la Ley Nain-Retamal, que otorga garantías procesales a las policías en el desempeño de sus funciones.
Las razones del PC
La reforma constitucional sobre DD.HH. en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad lleva la firma de los diputados de la bancada comunista Luis Cuello, Marcos Barraza, Gustavo Gatica, Lorena Pizarro, Nathalie Castillo, Ana María Gazmuri y Boris Barrera. A ellos se sumaron dos socialistas, Juan Santana y Emilia Nuyado.
Al ser consultadas como autoras de la iniciativa, Castillo respondió a "El Mercurio" que entre los motivos para patrocinar el texto está el que "siempre es necesario fortalecer el respeto y la protección de los derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas, independientemente del gobierno de turno o de la discusión legislativa sobre las Reglas de Uso de la Fuerza. Se trata de una obligación permanente del Estado de Chile frente a los compromisos internacionales que ha suscrito".
Sobre las Reglas del Uso de la Fuerza, la diputada por La Serena planteó que "la aprobación de las RUF hace aún más relevante nuestro proyecto de reforma constitucional, porque no podemos ampliar las facultades para el uso de la fuerza sin garantizar que su ejercicio esté sometido a límites claros, controles efectivos y al respeto irrestricto de la vida y la integridad de las personas".
Así, Castillo ratifica la conexión entre la presentación de la reforma constitucional y la posterior aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza, al entregar las RUF un marco legal para las actuaciones de los uniformados en labores de control y resguardo del orden público, lo que es resistido por parte de los legisladores comunistas.
Al igual que Castillo, la diputada Pizarro también es firmante de la reforma constitucional. Sobre su motivación, la representante de San Ramón contó que "el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, está incumpliendo normas internacionales referidas a las Reglas del Uso de la Fuerza. El derecho internacional es claro al respecto; esto no se trata de que las Fuerzas Armadas o las policías tienen todo a su favor para cometer hechos que finalmente se transformen en agresiones a la población civil".
Sobre una segunda razón -continúa Pizarro-, "efectivamente cuando nosotros ingresamos la reforma constitucional en relación con una completa reforma que establece la preeminencia de los DD.HH. de la población por sobre cualquier otra norma. Eso es parte de la conducta civilizatoria que han ido asumiendo los Estados en función del respeto a normas internacionales en la materia. Chile está al debe".
Que aprendan historia
La idea matriz de la reforma constitucional del PC se puede dividir en cuatro ejes. El primero apunta a incorporar al texto de la Carta Magna "el deber del Estado de prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, junto con el carácter imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad".
En segundo lugar, propone la "sujeción expresa e irrestricta de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el ejercicio de sus funciones". También propicia "la obligación de que la formación, el perfeccionamiento y la capacitación de su personal comprendan de manera obligatoria, transversal y evaluable la enseñanza de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la historia de las violaciones cometidas en Chile durante la dictadura".
Finalmente, la reforma intenta fijar "la inhabilidad para integrar los altos mandos de quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad".
Nain-Retamal
El PC también busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal, sobre garantías a las policías.
"La obligación de que la formación, el perfeccionamiento y la capacitación de su personal comprendan de manera obligatoria, transversal y evaluable la enseñanza de los derechos humanos".
PÁRRAFO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PC