Nuevo director del SBAP: "La conservación que no genera empleo, no es sostenible. Y para ello, hay que tener reglas claras"

L legó en abril a las nuevas oficinas del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), en el edificio Ariztía en calle Nueva York, a liderar el histórico traspaso de los parques nacionales y reservas desde Conaf a Medio Ambiente, y con un objetivo en mente: "Este Servicio tiene una enorme responsabilidad sobre la generación de empleo y la reactivación económica", comenta el director nacional, Tomás Saratscheff (35 años).
Es el enfoque que busca dar a la entidad el biólogo e ingeniero agrónomo de la UC, que antes pasó por instituciones como Conaf en 2016 (Bachelet II) y en el Ministerio del Medio Ambiente, en Piñera II, donde estuvo vinculado a la confección del nuevo marco institucional ambiental.
Fue, además, uno de los fundadores de Fundación Legado, organización "dedicada a la conservación y restauración de humedales urbanos".
En su primera entrevista presencial desde que asumió como director se muestra entusiasmado, pues tiene una trayectoria que lo preparó para este cargo, asegura. Y adelanta que su sello será fortalecer la colaboración público-privada.
La Ley 21.600 que creó el SBAP, generó un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ahora integrará todos los parques que estaban dispersos en seis instituciones.
Además, unifica el sistema de entrega de concesiones turísticas, que ahora recae en el organismo, permitiendo entregar permisos simples a operadores turísticos. "También puede generar convenios para la participación en la gestión de las áreas protegidas con actores como filántropos, organizaciones sociales, incluso empresas, universidades o comunidades", agrega Saratscheff.
"Estos instrumentos generan un marco novedoso y moderno para poder potenciar y fortalecer la gestión. Ningún estado ha sido exitoso en ello cuando no se integra a la sociedad, con colaboración público-privada", sostiene.
Si bien el Servicio comenzó su instalación el 2024, sus operaciones partieron en febrero de este año y terminará de armarse con el traspaso de parques y personal desde Conaf en marzo de 2027.
-Del cronograma original, ¿se cumplirán los plazos esperados?
"Como en todas las instalaciones de un nuevo servicio, una cosa es la expectativa y otra es la realidad, y este servicio no ha sido la excepción. Se han dado pasos importantes pero han existido ciertas brechas y detalles que se han ido corrigiendo. La entrada en régimen del servicio con todo su personal e instrumentos, es para 2029".
-Luego de su llegada removió a 4 directores regionales, ¿su diagnóstico era negativo?
"En este servicio rige el sistema de Alta Dirección Pública para cargos como el director nacional o directores regionales y son cargos de exclusiva confianza. El jefe de servicio tiene la potestad de determinar si estas personas pueden continuar.
A mi llegada, me di un período para entender el estado del arte del Servicio, y pude reconocer a algunos directivos que, por motivos de confianza, no estaban contribuyendo a nuestra estrategia y por eso les pedí la renuncia".
-¿Habrá nuevos cambios al interior?
"El Servicio está en período de implementación. Claramente va a crecer y se van a ir integrando nuevos equipos y personas, particularmente por la integración de Conaf.
Estaba previsto para el 1 de agosto, la integración de las áreas silvestres protegidas y del personal de Conaf, pero tomamos la decisión de que, para asegurar la calidad, fuera para el tercer año desde la entrada en funcionamiento, que es marzo de 2027".
-Conaf es una corporación de derecho privado, ¿ha implicado alguna dificultad administrativa extra?
"Es una entidad de derecho privado, pero con dependencia pública. Su régimen laboral es el Código del Trabajo, pero tiene muchas cláusulas determinadas también por el Estatuto Administrativo, que aplica a los funcionarios públicos.
Hemos trabajado con el Sindicato Nacional de Guardaparques, que por ser este un servicio público, no puede haber sindicatos, pero sí asociaciones de funcionarios. Hemos prestado el apoyo para que puedan ir avanzando en cómo transformarse".
-¿Cuánto personal se traspasa?
"Son alrededor de 1.000 personas, entre jornales permanentes (500) y transitorios, que se suman como apoyo en verano. Cuando eso ocurra vamos a triplicar o cuadruplicar el personal, porque hoy día somos alrededor de 220 personas".
Conservación privada: "Es algo que buscamos incentivar"
-¿Tendrá también potestad sobre los parques y reservas de privados?
"La ley crea un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Sinap, que está integrado tanto por áreas públicas y privadas. Si se crea un área protegida de propiedad privada, esta también pasa a formar parte del Sinap, pero su administración recae en los propietarios. El SBAP puede ofrecer algunos beneficios o apoyos a estos propietarios que buscan hacer conservación, por ejemplo, exención del impuesto territorial".
-¿Entonces habrá beneficios tributarios para quienes tengan estos terrenos?
"Es un beneficio tributario respecto del impuesto territorial, ese es el impuesto específico que se exime en esta ley. Se valora profundamente que personas naturales quieran hacer conservación, la ley lo reconoce y por eso entrega estos beneficios. Es algo que se busca incentivar.
Nuestro mantra es que, como Servicio, tenemos que hacerles las cosas más fáciles y prestar apoyo a todos los actores para hacer conservación".
-¿El Estado contempla comprar terrenos para aumentar áreas protegidas?
"Chile se ha comprometido a lograr un 30% de la cobertura nacional terrestre bajo áreas protegidas. Hoy día tenemos algo más del 20% y el compromiso es avanzar, si bien, por ahora, no está prevista para este año ninguna adquisición de tierras.
Pero existen algunos paños fiscales que tienen atributos de biodiversidad relevante. En todos los gobiernos se han creado áreas protegidas principalmente en esos terrenos".
-En marzo se detuvo la definición de los "sitios prioritarios", ¿en qué etapa está ese proceso?
"El asunto de los sitios prioritarios generó revuelo y venía dado por la incertidumbre que generaba la figura en ausencia de un reglamento más específico. La ley indica que se crea el instrumento, pero su reglamento continúa en proceso de generación en el Ministerio del Medio Ambiente.
Ese reglamento fue uno de los tres que se vieron afectados por la pérdida de las actas de la consulta indígena el año pasado, entonces hoy el MMA se encuentra revisando los antecedentes para emitir un pronunciamiento".
-¿Una normativa muy restrictiva podría afectar proyectos de inversión?
"Para el establecimiento de sitios prioritarios existe un procedimiento, y son decisiones de política pública. La decisión que se ha tomado en Chile es que se emita un reglamento para dar certeza jurídica, y luego sobre esa base determinar qué territorios se van a proteger.
El sitio prioritario es una figura menos restrictiva que un área protegida, y es una materia distinta de la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión".
-¿Qué es el Fondo Nacional de la Biodiversidad que deben administrar?
"Es otro instrumento de conservación, concursable, que va a permitir apoyar a terceros que quieran hacer conservación. Es clave en esta agenda porque distintos actores de la sociedad van a poder postular y generar proyectos de conservación".
-¿A cuánto equivale ese fondo?
"Para 2027 no está planificado que comience con recursos del fisco, pero sí hemos avanzado con un trabajo en una región gracias a recursos que provienen del Consejo de Defensa del Estado, con motivo de algunas sanciones ambientales".
-Y a nivel de visión del Gobierno, ¿se destinarán más recursos a la conservación y a las áreas protegidas?
"En 2027 va a haber un aumento de recursos".
-Pero también pueden generar ingresos propios.
"Sí, la ley lo establece a través de tarifas de entrada, tarifas concesionales, recursos por entrega de permisos, ecoturismo, venta de productos y otros. Algo que nos interesa particularmente es el tema del turismo. Nuestro sello será potenciar la gestión de las áreas protegidas, y fomentar las oportunidades de empleo que esto genere. La conservación que no genera empleo no es sostenible. Y para ello, primero hay que tener reglas claras en los reglamentos y en los procedimientos internos; tener las condiciones mínimas de infraestructura y personal para así entregar una base para desarrollar y fortalecer la gestión del área protegida, y la colaboración público privada".
Valoramos que personas naturales quieran hacer conservación. La ley lo reconoce y por eso entrega beneficios. Es algo que se busca incentivar".